Publicado el: Mar, Oct 23rd, 2012

Y llegaron las lluvias…

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La ciudad de Bogotá y el país en general fue azotado en los años 2010 y 2011 con un invierno, que según el IDEAM no habían tenido antecedentes en los últimos años. El fenómeno de la niña causó grandes estragos a lo largo y ancho del territorio, obligando al gobierno nacional a la creación del Programa Colombia Humanitaria y del Fondo de Adaptación, con el fin último de mitigar las consecuencias de esa temporada invernal que dejo no sólo víctimas mortales, afectaciones en la infraestructura y en la economía del país, sino que también dejo expuestos a una gran cantidad de compatriotas en condiciones de vulnerabilidad extrema, para enfrentar un nuevo embate de la naturaleza.

¿Qué tan preparada está la capital para enfrentar una nueva ola invernal?  Las lluvias llegaron de nuevo y con ellas los primeros impactos: el puente que conduce al sector del Danubio fue derrumbado por las aguas; en el asentamiento ilegal de Tocaimita hay siete viviendas afectadas; también hay deslizamientos en otros barrios del costado oriental de la ciudad. Recordemos que la actual administración recibió el cargo con miles de damnificados. A eso, sumémosle que buena parte de las entidades públicas del Distrito carecían o habian avanzado muy poco en la estructuracion de los planes institucionales de respuesta a emergencias –PIRE- y que en las administraciones locales es realmente poco o nada lo que se hace en procura de una vivienda segura, digna y HUMANA, para colocarnos a tono con el eslogan de la administración distrital.

Desafortunadamente Colombia es un pais que vive de las coyunturas y el sinónimo de planeación es improvisación. Quienes trabajan en las acciones de “Gestión del Riesgo”, han partido de una premisa probable sobre el fenómeno del Niño, con precipitaciones menores a las del año anterior.  Si bien la apreciación puede ser acertada, con el sólo inicio de las lluvias empezaron a presentarse historias conocidas como los grandes arroyos en Barranquilla, el desbordamiento de cauce de ríos en la costa y de nuevo la afectación en la capital en aquellos barrios que históricamente tienen deslizamientos, inundaciones y flujos de lodos por la “inclemencia del clima”.

Recordemos que Colombia estrenó hace poco una política pública en este tema -la Ley 1523 de 2012-, la cual busca según el legislador, establecer un verdadero proceso sistémico acorde a las necesidades del país y de manera especial aprender de los errores para que estos no se repitan. La pregunta es, ¿Cuántas adminstraciones territoriales han cumplido con lo expuesto en esta ley? Cuántos departamentos y municipios han adelantado acciones reales de prevención y planeación según lo allí estipulado? Las autoridades departamentales, distritales y municipales tenían 90 días después de sancionada la ley para formular y concertar con sus respectivos consejos de gestión del riesgo, un plan de gestión de desastres y una estrategia para la respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción, en armonía con el plan nacional.

A juzgar por los registros de prensa y por los llamados de los organismos de control, es realmente poco lo que se ha realizado. Baste mirar la lentitud de los trabajos de mitigación en zonas críticas como la avenida circunvalar y los primeros resultados de afectación con unos pocos “aguaceros”, para preocuparnos. Lo de USME en Bogotá con represamientos de cauces, deslizamientos y evacuaciones de familias corresponde a una emergencia ya anunciada. La administración del alcalde Petro estaba en conocimiento que la ciudad debía intervenir de manera inmediata y estructural cerca de 400 puntos críticos, que de no hacerlo, traería como consecuencia, mas temprano que tarde la relocalización de sus habitantes. La pregunta es ¿a que lugares? Pues como ya lo advirtió meses atrás el señor Alcalde, en Bogotá son muy pocas las áreas seguras para ello -para la muestra la dificultad para encontrar predios que permitan adelantar el programa de vivienda prioritaria del gobierno nacional en el Distrito-.

El tema no es de poca monta. Si despues de once meses no se han concluido las obras generadas por el invierno anterior, que nos hace pensar que la ciudad tiene la capacidad y los instrumentos para subsanar las falencias derivadas de una politica agresiva de manejo del riesgo? Si bien es de elemental responsabilidad convocar de manera inmediata el Comité de Emergencias, el Distrito no puede continuar improvisando en esta materia. Ya el simulacro de evacuación del pasado miércoles 17 de  Octubre nos deja entrever que la ciudad está improvisando en un campo, donde los errores se pagan con vidas humanas, por desgracia, casi siempre de la población mas vulnerable..

Son muchas las acciones por emprender. Los ciudadanos tenemos una responsabilidad capital en el terreno de la prevención. Pero el país, más que acciones reactivas cimentadas en ideas “innovadoras”, debe generar un estructurado sistema de emergencias, técnico preventivo, de coordinación y de gestión, que sepa administrar los riesgos. Talvez el primer paso sería modificar los mecanismos de contratación estatal ligados a vigencias fiscales, sin tener en cuenta factores de tipo ambiental, que traen como consecuencia que los períodos para la ejecución de obras coinciden en buena parte con los períodos invernales. Esa podría ser una de las razones por las que en este campo resultamos acudiendo a la fórmula de contratación por “urgencia manifiesta”. Los impactos en materia ambiental son impredecibles, las respuestas del estado no. Deben estar encaminadas a reducir a cero las víctimas y el impacto ambiental.

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