Publicado el: Mar, Ago 21st, 2012

Vivienda de Interés Prioritario: Una pelea política


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Informe Especial preparado por Jaime Alberto Barrientos para Actualidad Urbana.

Aunque muchos políticos no lo crean así, el principal sueño para los ciudadanos no es la paz, es tener una vivienda propia. Y es que, con cifras variables, alrededor de la mitad de la población no posee una casa o apartamento de su propiedad; de ellos, entre 30% y 40% vive en arriendo y el resto vive en casa de sus padres o de un familiar.

Lo más duro es que, según afirmó en 2010 la entonces ministra de Vivienda, Beatriz Uribe, sólo 20% de la población en Colombia puede comprar vivienda. Dicha afirmación dejó en claro que ni siquiera con los auxilios entregados por el gobierno es posible para muchos colombianos acceder a la compra de casa propia, el problema entonces radicaba en la obtención de los recursos para cubrir la cuota inicial y la cifra aumenta en la medida en que el sistema financiero los va desechando por no cumplir con los requisitos para acceder a un crédito.

Según datos de la Universidad de Antioquia, en 2002, en Colombia solo 55,7% de la población era propietaria y en 2012 un informe del BID aseguró que 40% de la población en Colombia no puede ni siquiera soñar con tener casa propia. Tener vivienda propia es imposible para 35% de los hogares de Bogotá, 40% de los de Medellín y 44% de los de Cali.

Por eso, para María Eucaris Varela, quien a los 60 años pudo acceder a un pequeño apartamento en un popular barrio de la localidad de Suba, en donde habitan otras 335 familias en iguales condiciones, obtener una vivienda fue todo un triunfo. “Yo siempre luché por tener casa propia, ahora estoy pagando un apartamento a 15 años pero no me importa, porque sé que ya es mío”, dice la señora que tiene una deuda de 44 millones después de pagar una cuota inicial que incluyó el subsidio de Vivienda de Interés Social otorgado por el gobierno.

Esta realidad no es nueva. El exgobernador de Santander y tres veces candidato presidencial, Horacio Serpa Uribe, dice, evocando su infancia, “aún conservo viva en mi memoria la escena en la que el Instituto de Crédito Territorial le entregó a mi familia las llaves de una casa. Era pequeña, estaba en obra negra, pero sería nuestra, y eso era razón suficiente para sentirnos felices”.

Las iniciativas del gobierno por superar esta situación en las ciudades han pasado por muchas etapas: la creación del Instituto de Crédito Territorial (ICT) mediante Decreto Ley 200 de 1939, que dentro de sus funciones tenía la construcción y financiación de programas de vivienda de interés social; la ley 3 de 1991, a través de la cual se transformó el ICT en Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (INURBE), cuya función principal es la adjudicación de subsidios a familias de escasos recursos para mejoramiento, construcción o adquisición de vivienda de interés social, y se creó el ya desaparecido Banco Central Hipotecario, BCH, como parte fundamental del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, que sustentó la Vivienda de Interés Social como una solución a las familias de bajos ingresos, en un esfuerzo que hasta el año pasado venía teniendo ajustes a través de decretos y leyes de carácter nacional. Y, en los últimos meses, el subsidio para acceder a la Vivienda de Interés Prioritario, según el cual se invertirán 4,2 billones de pesos para construir 100 mil soluciones para los más pobres.

De acuerdo con la iniciativa del gobierno de Juan Manuel Santos, que fue aprobada por el Congreso el pasado 20 de junio, se busca beneficiar a los más pobres y con ello se refieren a las familias que ganan menos de 100 mil pesos mensuales, que hayan sido afectadas por desastres naturales o que estén en condición de desplazamiento. Para ello, el gobierno nacional le pidió a los gobernantes departamentales y municipales presentar sus propuestas antes del 30 de julio para poder acceder al programa que construiría viviendas de 45 metros cuadrados por unos 40 millones de pesos (70 salarios mensuales legales vigentes). Dichas viviendas serán patrimonio inembargable de la familia y no podrán ser vendidas durante los primeros 10 años; una vez sean beneficiados con el programa de vivienda serán vinculados a programas de ayuda en nutrición, educación y capacitación.

Durante el último debate de la ley con la cual se fundamentó este programa en la Cámara de Representantes el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, dijo que Bogotá, Medellín y Cali ya tenían listos los terrenos necesarios para esta iniciativa en esas ciudades. Y durante el pasado fin de semana Vargas Lleras estuvo lanzando este programa en Huila, Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío, con lo cual ya son 13 departamentos en los que el programa fue implementado.

En Bogotá, el día de la sanción presidencial, a la cual asistieron el presidente Santos, el ministro Vargas Lleras, y el entonces alcalde encargado de Bogotá, Guillermo Raúl Asprilla, quien dijo: “La sanción de la ley en este lote, en el cual se van a construir 600 viviendas de interés prioritario (VIP) es altamente simbólica porque este es un lote de propiedad del Distrito, ubicado en pleno centro de la ciudad, en una zona altamente privilegiada, en la intersección de dos rutas de Transmilenio, adyacente a lo que será el futuro metro ligero, y es la muestra de lo que el Gobierno Nacional, y la Alcaldía de Bogotá, pueden hacer en beneficio de los mas pobres”, indicó el mandatario, describiendo las características de la actual Plaza de la Hoja, donde se esperaba que en un año se realizara la entrega de las primeras viviendas ubicadas sobre la Carrera 30 entre calles 19 y 22.

Por su parte, el ministro de Vivienda aseguró: “Con esta firma hacemos historia en la vida de miles de colombianos para quienes tener vivienda propia era un sueño inalcanzable, por su condición de extrema pobreza”.

De acuerdo con la Secretaria de Planeación de los 2.185.000 hogares que hay en Bogotá, 1.310.792 viven en arriendo. 142.000 familias viven en hacinamiento en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Antonio Nariño y Santa Fe. Y 116 mil hogares habitan en viviendas con problemas estructurales. Las localidades con el mayor número de personas sin vivienda propia son La Candelaria, Tunjuelito y Antonio Nariño y en el estrato dos es donde hay menos propietarios.

Sin embargo, hoy, dos meses después de haber sido sancionada la ley, el futuro no es tan claro para los bogotanos que todavía esperan ver en qué termina el enfrentamiento en que se han visto enfrascados los representantes del gobierno nacional, del gobierno distrital y los propios constructores.

Todo empezó cuando, desde la Alcaldía Mayor se anunció que no se vendería agua en bloque para las nuevas construcciones en los municipios de la sabana (con lo cual dichos proyectos no serían viables), bajo el argumento que se debía garantizar el agua para los bogotanos además de cuidar las fuentes y los sistemas de almacenaje y transporte de agua. Desde distintos municipios, alcaldes, concejales y constructores aseguraron que con esta decisión se frenaba el desarrollo urbanístico de la ciudad -región.

Luego, el Distrito le recordó a los constructores algo que estaba consignado en el Plan de Gobierno Bogotá Humana y que fue aprobado en el Plan de Desarrollo por el Concejo capitalino: que para la aprobación de nuevos proyectos urbanísticos se debía destinar el 20% del terreno para vivienda de interés social. Este anuncio cayó como un baldado de agua fría entre los empresarios de la construcción que iniciaron una ofensiva en la cual la punta de lanza era el argumento de que con esta decisión se encarecería la vivienda en Bogotá y que estos costos los terminaría pagando el comprador final. A lo cual le sumaron las cifras del DANE que dicen que a mayo de este año ha habido un decrecimiento de 47% en los licenciamientos.

Este problema había tenido un antecedente bastante curioso. El mismo día de la sanción presidencial el vicepresidente de Fedesarrollo, Juan Mauricio Ramírez, le dijo a El Universal, de Cartagena, que se debería pagar un monto por las 100 mil viviendas que se piensan construir, ya que eso crearía un filtro para los hogares que en realidad están dispuestos a beneficiarse con el programa. Se mostró preocupado por una posible desaceleración en el campo de la construcción y argumentó que el promedio de construcción de viviendas por mes era de 20 mil, lo que se necesita para poder llegar a la meta del PND de un millón, luego cayó a 19 mil y en promedio, en 2012, se están construyendo 17 mil.

La pelea ya estaba casada y el gobierno nacional ripostó solicitando al Distrito la claridad sobre la utilización del predio conocido como Campo Verde, ubicado en la localidad de Bosa, con el cual se cumpliría con la meta de más de ocho mil viviendas de interés prioritario. Según el ministro Vargas Lleras, “no puede ser que en todo el país los alcaldes hayan promovido 950 proyectos y la administración de Bogotá todavía no sepa qué va a hacer”. Ante ello, el alcalde Gustavo Petro respondió que no iba a mandar a vivir a los bogotanos a una zona en riesgo de inundación.

A partir de allí han sido muchas las voces que se han escuchado diciendo que no son terrenos inundables, otros dicen que sí son terrenos con posibilidad de inundación pero argumentan que el riesgo es mitigable y otros dicen que es impensable mandar para allá a personas que se vieron afectadas por las recientes olas invernales que en todo el país llegaron a ser tres millones.

El problema se encona si tenemos en cuenta que Bogotá recibe la mayor cantidad de desplazados del país, que la mayor parte de la tierra urbanizable está en manos de particulares, que las fronteras habitables se están acabando y que el gobierno distrital anunció su intención de no mandar a los pobres a vivir a la periferia en donde se encarece su costo vida por razones de movilidad y saneamiento básico, y, por el contrario, ubicarlos en lo que ellos llaman el centro ampliado.

La discusión se trasladó de las cuentas de twitter de Vargas Lleras y Petro al recinto del Concejo, en donde el ministro logró posicionar un titular de prensa que decía: Bogotá no está colaborando para construir viviendas para los pobres. El jefe de la cartera de Vivienda indicó que la administración distrital no ha cumplido con los tratos pactados con el gobierno nacional y agregó: “En Campo Verde, el Acueducto no ha avanzado. En San Victorino, estamos a la espera de la claridad de las especificaciones normativas. Hoy el uso de ese terreno es comercial, pero ahí podríamos construir 223 soluciones. En la Plaza de la Hoja construiríamos 345 viviendas pero faltan los documentos topográficos. En la ciudadela El Porvenir, donde se podrían construir 1.745 viviendas, tampoco avanza”.

El ministro dijo ante los cabildantes que si la construcción disminuía, estarían en riesgo 244 mil empleos directos. “Eso teniendo en cuenta que la actividad edificadora representa 6,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de la ciudad”. Según cifras del centro de estudios Coordenada Urbana nuevos proyectos retrocedieron 24% en el último año. Las ventas se redujeron 13% al año y las iniciaciones de vivienda, 10%.

El ministro agregó que “Bogotá y la sabana representan 60% de la actividad constructora del país; y, sin embargo, mientras en el resto del país la construcción está aumentando, en Bogotá se está reduciendo. Esa caída tan dramática está arrastrando los indicadores del sector en el resto de la ciudad” y agregó que en el primer semestre de este año sólo se ofrecieron 227 Viviendas de Interés Prioritario y 2.659 unidades de Viviendas de Interés Social.

El tema de la vivienda se convirtió en un punto de honor. Recordemos que Santos decidió remover a su ministra de Vivienda y poner allí a Germán Vargas Lleras. Su ministro estrella logró que el Congreso aprobara en tiempo récord la ley que sacaba adelante la iniciativa de la vivienda de interés social. En esa ocasión muchos dijeron que fue una jugada política porque Vargas Llera, que es un experto en el manejo del Congreso, no tenía mucha aceptación ni reconocimiento entre la población y que el manejo de iniciativas de este tipo le permitirían visibilidad ante la gente de a pie.

Cuando Petro insistió en que no iba a “llevar a la gente pobre a vivir en áreas inundables”, Vargas Lleras dijo: “Le recuerdo al alcalde de Bogotá que el famoso lote de Campo Verde lo sugirió él, no nosotros” y agregó: “Si ahora quieren cambiar de terreno, no tenemos ningún problema”.

El último capítulo se dio el pasado 16 de agosto, a propósito de que Planeación Distrital dijo que antes de seis meses no podía tener suelos disponibles para la vivienda VIP gratis. Ese día, el Ministerio de Vivienda le dio tres meses a la administración distrital para hallar lotes apropiados para la construcción de este tipo de vivienda. El viceministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, le respondió así a la secretaria de Hábitat, María Mercedes Maldonado, quien le pidió tiempo al gobierno nacional para encontrar los terrenos aptos para la construcción.

Maldonado aseguró que “no es cierto que no le estemos colaborando al Gobierno Nacional. Somos los primeros interesados en que se hagan las 8.110 viviendas. Buscamos los lotes públicos como lo pidieron. Incluso, Bogotá había ofrecido 10.700. Ahora, estamos poniéndole al Ministerio los lotes mejor situados en el país, pero el ministro debe saber también que la vivienda no se hace de la noche a la mañana”, ante lo cual Henao dijo que “si esos tres meses son reales y Bogotá para entonces cumple con todos los requisitos y los lotes permiten la iniciación de la construcción de la vivienda sin problemas, se puede estudiar esa posibilidad”.

Por ahora lo cierto es que en Colombia hay un millón 200 mil personas que viven en la pobreza extrema, que no tienen vivienda y que esperan por una solución que deje de lado los enfrentamientos políticos que han llevado a que muchos de ellos vivan una realidad que a los políticos realmente poco les importa.

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