SENTENCIAS JUDICIALES Y PAPEL HIGIÉNICO


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Carlos-SlimPor: Mario Serrato

En 1998, hace casi 20 años,  la Empresa de Teléfonos de Bogotá compraba a COMCEL el minuto a 65 pesos, pero COMCEL, hoy llamada CLARO, y el avispao de Carlos Slim, decidieron liquidar ese mismo minuto a 248 pesos. Uno de esos tribunales de arbitramento creados para dirimir las diferencias entre empresarios, decidió darle la razón a Slim y el Distrito se vio obligado a pagarle una millonada al hombre más rico del mundo, al precio que quiso, a la tarifa que quiso, y en los términos que su regalada gana impuso al patrimonio de los bogotanos. 

Algo así como 134 mil millones de los recursos del distrito fueron a parar a los bolsillos del magnate de las comunicaciones más mañoso del mundo.

Por supuesto la administración de la ciudad apeló la decisión de los árbitros, conocidos por su inclinación a favorecer los  intereses de la empresa privada en detrimento del sector público,  apelaciones en las que tribunales más sabios y con mayor autoridad jurídica, revocaron las decisiones de los interesados y maleables árbitros privados.

Los abogados de Slim recurrieron a cuanta maniobra jurídica existiera para evitar la devolución del dinero obtenido irregularmente. Sin embargo todos sus argumentos fracasaron con el fallo del Tribunal de Justicia Andina de agosto de 2011, dos sentencias del Consejo de Estado proferidas en agosto de 2012 y octubre de 2013 y una tutela que la Corte Constitucional no acogió por no considerar válidos los argumentos de los abogados de Slim en los que pedían el retorno al tribunal de arbitramento cuyas decisiones habían sido revocadas.

Aunque Slim ha sido derrotado de manera contundente en fallos que gozan de total firmeza, el condenado y multado por competencia desleal, abuso de la posición dominante y practica restrictiva de la libre competencia económica, se niega a pagar lo que tomó de forma irregular. Para Slim y sus abogados las sentencias de los tribunales colombianos y del área andina parecen escritas en papel higiénico.

El 20 de diciembre de 1996 salió a la venta un paquete de acciones de una empresa filial de Ecopetrol, conocida con el nombre de Invercolsa.

Las acciones, por su bajo precio, estaban destinadas a trabajadores y extrabajadores de la petrolera. Ante la oportunidad, el audaz y poco escrupuloso Fernando Londoño Hoyos se disfrazó de lo que más detesta en la tierra: de obrero.  Y gracias al disfraz, se alzó con 145 millones de las acciones destinadas a los trabajadores con plata que le prestó un banco panameño, en el que era presidente de la junta directiva, y además, la venta de un par de caballos y otros bienes de su propiedad.

La maniobra fue conocida por Ecopetrol en un martillo de la Bolsa de Bogotá en 1997. Por supuesto la petrolera le exigió la devolución de las acciones, exigencia que eludió con subterfugios de toda  naturaleza durante más de una década, hasta que un fallo del 8 de marzo de 2008, proferido por la Corte Suprema de Justicia, determinó que Londoño Hoyos había incurrido en actos irregulares y ordenó la devolución  de las acciones.  Una acción popular posterior apuntó en el mismo sentido pero esta vez fijó fecha de devolución. El condenado disciplinariamente por favorecer los intereses del consorcio Recchi, en contra del patrimonio de la Nación en actos que desplegó mientras era ministro de Justicia, se rehúsa a devolver las acciones que tomó disfrazado de obrero y los multimillonarios rendimientos que han reportado. Dos sentencias más, dos decisiones judiciales emanadas de las altas jerarquías judiciales de Suramérica y Colombia, parecen escritas en papel higiénico.

Hernán Martínez fue durante una década el presidente de INTERCOR–CARBOCOL, la compañía que extrae a cielo abierto todo el carbón de La Guajira. Le llamaban excelso ingeniero y algunos lo consideraban una eminencia de la minería. Por supuesto fue ministro de Minas y presidente de cuanta junta directiva existiera en el país y parte del continente americano, en actividades de extracción de recursos minero energéticos, en especial los de carbón.

En 1989, en un acto oscuro y canalla con el patrimonio público, concertado con el director de Ingeominas, otro ingeniero de nombre Mario Ballesteros, introdujo un otrosí al contrato No. 044 de 1989 suscrito entre Ingeominas y Prodeco, con lo que consiguieron reducir en más de 50 mil millones de pesos la cifra que por concepto de regalías pagaría la compañía minera a la Nación para destinarlos a la educación y a la nutrición de niños colombianos. Por estos hechos, un valiente funcionario de la Contraloría acaba de multarlos con 60 mil millones de pesos.

Hernán Martínez y sus concertados deberán pagarle al fisco aquella cifra descomunal. Sin embargo las posibilidades que tiene el país de recuperar aquellos dineros desaparecidos en una maniobra de tahúres inescrupulosos en algún club social de Barranquilla, es mínima, prácticamente inexistente.

El eminente ingeniero que aseguró la continuidad de la desnutrición de los niños de la Costa y el analfabetismo en muchas regiones del país  para complacer los intereses de Prodeco, revisa con sus abogados la decisión.

La multa contenida en la sentencia, en sí misma no le importa: le preocupa que el papel en que fue escrita no le vaya a ocasionar alguna irritación en la parte de su anatomía con que piensa darle utilidad práctica.

¿Será esta la impunidad de la que tanto habla el innombrable expresidente senador?

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