Seguridad en Antioquia ¿Otro ciclo violento?


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Por: Andrés Preciado (@andrespreciado3)

La situación de seguridad en Antioquia recuerda épocas aciagas que la actual administración debe contrarrestar con acciones claras y eficaces, más que su presencia, la ciudadanía reclama su acción oportuna.

Hablar de seguridad en Antioquia es hablar justamente de su carencia, es decir, es referirse a la inseguridad y a los hechos que la han desencadenado recientemente en el departamento. Desde hechos recientes como la dolorosa masacre de 10 campesinos en Santa Rosa de Osos, pasando por los sucesos de violencia asociados a la minería aurífera en Remedios y en Segovia, la siempre tensa situación en el Bajo Cauca, continuando con la masacre de 5 personas en San Jerónimo y terminando en la escalada violenta en Medellín en comunas como la 8 y la 13 que ha tocado incluso a grupos de resistencia cultural como cierto sector de raperos en San Javier, la situación de inseguridad departamental no es alentadora.

Todos estos acontecimientos tienen un hilo conductor: El control territorial violento de rentas criminales por parte de grupos delincuenciales. En todos los sitios señalados se da una lógica de apropiación de rentas, sean legales, informales o ilegales desde organizaciones armadas, rentas que van desde la extorsión (Santa Rosa de Osos), el oro (Remedios y Segovia) hasta las rutas y centros de narcotráfico y narcomenudeo (Bajo Cauca, Comuna 13 y comuna 8 en Medellín) que les sirven de sustento y les permiten maniobrar en otras actividades delincuenciales.

Pareciera que asistimos a una película que ya vivimos, mientras el estado es incapaz de responder desde sus organismos de seguridad y justicia con eficiencia, rapidez y celeridad a los retos penales y operativos que plantea la delincuencia organizada, varios sectores productivos y ciudadanos sufren los rigores del control territorial de mafiosos, bandidos y narcotraficantes. Esperamos que el final no sea el de antaño, que esos grupos insatisfechos por la respuesta estatal se apropien de su propia defensa y promuevan y patrocinen grupos de autoprotección violenta de carácter privado que ya sabemos en que terminan.

Las respuestas estatales son mediáticas y contradictorias, van desde las recompensas a los aumentos de pie de fuerza pero no se mencionan nunca planes integrales de acción que mezclen operatividad e inteligencia, las posibilidades de maniobra de las alcaldías locales parecen nulas y las salidas en falso del gobierno departamental se repiten constantemente, no le queda bien al Gobernador y su equipo salir, como en el caso de Santa Rosa, llorando y lamentándose por el infierno que se vive cuando la ciudadanía espera una respuesta contundente y con entereza de sus representantes, más de los que tienen sobre si la responsabilidad de gobierno y gobernanza de la seguridad. Las marchas de rechazo a hechos violentos son útiles como forma conjunta de dolor y garantía de no repetición y olvido, pero nunca se podrán equiparar a acciones de captura y judicialización, válido el rechazo masivo y multitudinario de los delincuentes, pero eso no puede olvidar el norte necesario de su sometimiento a la justicia.

La política pública departamental en materia de seguridad debe virar de la respuesta inmediatista a los fenómenos de coyuntura hacia los planes de acción conjunta integrales y coordinados de todos los organismos de seguridad y justicia con presencia en territorio, más que recordarnos con lágrimas el dolor y el infierno que la inseguridad nos provoca, esperamos de los gobernantes el cumplimiento de su deber constitucional con acciones claras, precisas y contundentes, no sólo simbólicas.

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