Publicado el: Mie, Nov 21st, 2012

Santos durmió en San Andrés.

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Fotos: Marina Bernal y Deidamia García.

“Nunca se reconoció como históricamente importante, el territorio étnico raizal, total es difícil defender algo que no se ama, no se comprende  y se respeta, una noción de diversidad étnica y de biodiversidad a la que se hace alusión en eventos y convenciones internacionales pero que no se materializa en derechos, protección e inversión“.

Así como el Presidente Santos durmió este lunes en San Andrés, otras lo hicimos en Providencia durante el fin de semana inmediatamente anterior, como por alineación de los astros, se agradece tener la oportunidad de estar en un lugar maravilloso, al tiempo en el que se tejen tantas decisiones individuales y colectivas relacionadas con el presente y el futuro. No era la primera vez que visitaba Providencia, pero sí la primera que veía un movimiento  importante de ejercito y policía de llegada al  Embrujo, nombre del aeropuerto de la Isla. El taxista, un capitán de barco con más de veinticinco años de experiencia en el mar, nos conducía por vía terrestre al lugar del hospedaje y mientras tanto, indicaba claramente que esa presencia de ejercito y los controles, obedecían al problema que se tenia con Nicaragua  y sobre el que se estaba a  24 horas de conocer una decisión, de otra forma, no solo porque Providencia y Santa Catalina son lugares tranquilos, sino porque el Gobierno  tiene esta zona del país en el olvido, nadie se acordaría de ir hasta allí en plan de gestión, cuidado y protección.

Desde octubre del año 2005, cuando el huracán Beta ocasionó enormes daños en el ecosistema marino que bordea las islas, en la infraestructura de Providencia, destruyo el puente que comunica con Santa Catalina y que se conoce como puente de los enamorados, las redes eléctricas, el  90 % de las viviendas que debieron ser reconstruidas casi en su totalidad, la presencia tanto de militares como de funcionarios del gobierno no era tan nutrida.  La realidad de pobreza y exclusión de la isla, así como sus  determinantes socioeconómicos y ambientales no se han modificado en términos favorables  para la población, las promesas de cambio, mayor  presencia estatal realizadas por el entonces ministro de Protección Social, Diego Palacio y otros funcionarios, responsables del manejo de la emergencia, no se han cumplido, temas que parecen tampoco hacer parte de los debates por la soberanía en este momento.

En el orden social, Providencia enfrenta hoy dificultades en la atención integral de niños y niñas en primera infancia, quienes representan un 10 % de la población total de la isla, de allí que buena parte de los esfuerzos de la administración municipal  y del  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de la estrategia de Cero a Siempre, se han concentrado en ampliar cobertura y restablecer la prestación de servicios suspendidos desde el año 2010.  En lo que respecta a la educación de niños, niñas y jóvenes,  la orientación tiene que ver con mejorar la calidad  y esto pasa por invertir en la formación del cuerpo docente  y en infraestructura educativa adecuada.  En el sector salud, la responsabilidad esta en ampliar y mantener el número de personas afiliadas al régimen subsidiado, combatir  las enfermedades generadas  por  la deficiencia en la calidad del agua y las condiciones sanitarias y no menos importante, dentro de las necesidades y prioridades se encuentra, la generación de condiciones de aprovechamiento adecuado de los recursos agrarios y pesqueros en busca de la seguridad económica y alimentaria.

Conociendo este panorama, ahora agravado, resultaba inevitable la conversación sobre el litigio fronterizo. Uno que otro turista interrogaba a los pobladores sobre su preferencia entre Nicaragua y Colombia, claramente la respuesta era Nicaragua no!, con relación a  Colombia, el reclamo por el olvido era igualmente contundente, quien  formulaba la pregunta entendía que la voluntad de la gente es ser de allí, del territorio raizal. La población expresa con claridad las razones, que a su juicio, fundamentan el reclamo por parte de Nicaragua, los intereses son de orden económico, la pesca  y  la posibilidad de la explotación petrolera por parte de multinacionales. Para Colombia, la zona en cuestión, produce un 90% del pescado rojo y la langosta, lo que corresponde al sustento de unas 600 familias entre San Andrés, Providencia y las demás islas y el eje de la gastronomía prevista dentro de la primera actividad económica del departamento insular, el turismo, la segunda actividad es la pesca misma.

Fueron 11 años de espera luego de que Nicaragua interpusiera la demanda ante la Corte Internacional de la Haya, de allí que los resultados no solo comprometen la intervención del Gobierno del presidente Santos, también a los gobiernos de los expresidentes Pastrana y Uribe, aunque la decisión sobre el acatamiento o no del fallo casi unánime de la Corte Internacional corresponde a Santos, quien con esta situación, parece desencajado de lo que venía siendo una posición bastante favorable en materia de aceptación por parte de la ciudadanía de las políticas del gobierno y del impulso dado por el proceso  de paz en curso.

Pareciera que en este tema, el exceso de confianza  y cierta ignorancia en derecho y temas internacionales han sido notorios, son más de 50 reuniones de la comisión asesora de relaciones internacionales, muchos años de trabajo, pero en últimas, los resultados indican que  se perdió el total control sobre los instrumentos, la estrategia y la iniciativa  legal para defender el territorio. En el país del Sagrado Corazón de Jesús,  que no se mete en este tipo de litigios, la perdida traduce una realidad que va más allá de la incompetencia que pudiera ser aplicable a los responsables de temas de esta envergadura, nunca se reconoció como históricamente importante, el territorio étnico raizal, total es difícil defender algo que no se ama, no se comprende  y se respeta, una noción de diversidad étnica y de biodiversidad a la que se hace alusión en eventos y convenciones internacionales pero que no se materializa en derechos, protección e inversión.

Tras conocerse el fallo, el Presidente Santos,  realizo  enfáticos pronunciamientos referidos a la  soberanía, olvidando que ese reclamo tiene serias implicaciones no solo externas sino internas. Podemos referir la soberanía sobre nuestro territorio y la población en relación a otro estado, como también debemos referirla respecto de las obligaciones internas con esa misma población y  territorio, por ejemplo, soberanía para contra restar el hambre  y la falta de oportunidades de los pobladores de las islas, soberanía para garantizar calidad de vida y transformar condiciones de extrema pobreza, soberanía para reparar viviendas e infraestructura educativa y recreativa, soberanía para invertir en la única vía de transporte terrestre de Providencia pensando en los pobladores de la Isla, más que en el  beneficio  de quienes poseen  casas  o  lugares de hospedaje y pertenecen a cierta clase privilegiada bogotana,  soberanía para indicarle a los ministros de ciertas áreas, como agricultura  y ambiente, que las políticas de desarrollo de dichos sectores también debían  procurarse antes del pronunciamiento de la Corte.

El país se sometió a unas reglas de juego y debió considerar los riesgos que ello implica, se esta frente a la necesidad de revisar los efectos  de desconocer un fallo  legitimo  y poner en duda  y en entredicho  todo un sistema de seguridad jurídica, cuando justamente el reclamo de soberanía implica también la relación, respecto y compromiso con los pactos internacionales a los que el mismo presidente ha hecho alusión en otros momentos de su período de gobierno. Para muchas personas, sería bueno hacerle caso al expresidente Uribe con relación al no acatamiento del fallo en su totalidad, pero ¿qué tan bueno puede ser ese consejero?, el mismo que  menospreció siempre la carrera y la gestión diplomática y la colocó en un lugar marginal desde donde, extrañamente,  esperaba  obtener  grandes resultados.

Este suceso, lleva a recordar que  Bogotá, cuenta con una  política pública  elaborada  con la participación de la población Raizal del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que vive en la ciudad y que asciende según los datos del Censo de Población de 2005 a 1.335 personas. A partir del proceso de construcción, único en el país,  después de intensos debates, se logró un acuerdo por ordenar el diseño, la planeación  y la ejecución de acciones tendientes a  fomentar y preservar  la cultura raizal, la participación, la condición trilingüe, la  producción cultural  y económica. Es importante que la administración de Bogotá, recuerde la existencia de estos compromisos de política, se permita revisarlos, mejorarlos, pero por sobre todo materializarlos, también aquí se puede perder credibilidad y confianza.

Respecto al Presidente Santos, finalmente, se espera  no se deje orientar por quienes izan banderas desmesuradas de patriotismo y manejan esto con oportunismo, intentando lograr réditos políticos, tampoco él lo podrá manejar de esa manera, quizás obre con tranquilidad aunque pueda perder buena parte de su favorabilidad, arriesgar  resultados en su gestión y paradójicamente, al dormir en San Andrés como mensaje y acto de soberanía consecuente con la nueva situación, responder afirmativamente a la pregunta de un famoso twittero, “@PibeVaIderrama: entonces que, Uno se aloja en San Andrés y se baña en Nicaragua?”.

 

* Licenciada en Psicología y Pedagogía. Especialista en Gerencia Educativa, Especialista en Gobierno y Políticas públicas, Gerencia  y Gobernabilidad Política. Ha ejercido diversos cargos y responsabilidades  públicas relacionadas con la gobernabilidad local, la implementación de políticas  sociales de reconocimiento y redistribución, proyectos y estrategias de participación, movilización social y reconocimiento de la diversidad.   @Deidamiapiensa

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