Publicado el: Mar, Ene 26th, 2016

RÉQUIEM POR LA MAGISTRATURA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

IMG_0004Por Gustavo Robayo Castillo* //

“Con su proceder, el actual Defensor del Pueblo ha desacreditado no solo su propia imagen, sino a la vez, la del ente rector de los derechos humanos”.


Los sucesos acaecidos en la Defensoría del Pueblo por los actos bochornosos protagonizados por el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora Gómez, han puesto en evidencia procedimientos y conductas que lesionan gravemente la misión constitucional y legal de la entidad, las que se resumen no solo en el acoso laboral y sexual, según las denuncias aparecidas en la Revista Semana, sino además, en la cuestionable orientación administrativa y contractual que se lleva a cabo en la institución.

Debe recordarse, que la finalidad del ente Defensorial es la protección de los derechos humanos y de las libertades de todas las personas frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares. Que la Defensoría del Pueblo se instituyó como el organismo tutelar de los derechos y garantías de los habitantes del territorio nacional, así como de los colombianos residentes en el exterior. Principio que es mucho más conminante referido al equipo humano de la entidad garante de los derechos y libertades fundamentales.

Un principio esencial y regla de oro para el ejercicio, defensa, promoción, divulgación y desarrollo de los derechos humanos es la coherencia que debe existir entre la prédica y la práctica. El discurso de los derechos humanos no puede estar divorciado de su realización en la vida cotidiana. Es un contrasentido hablar de derechos humanos y al mismo tiempo vulnerarlos o propiciar su quebrantamiento.

Desgraciadamente este precepto no se cumple cabalmente en la Defensoría del Pueblo. Los hombres y mujeres trabajadores de los derechos humanos, que dedican o han consagrado su vida y esfuerzo para proteger a las personas más desamparadas y débiles, hoy son víctimas del pánico laboral. Sobre ellas se ejerce en la actualidad un régimen de miedo, amenaza y vulneración de sus derechos fundamentales. La coacción, el maltrato, la orden imperativa es el estilo que se ha impuesto en la que se considera la “casa de los derechos humanos”.

Con su proceder, el actual Defensor del Pueblo ha desacreditado no solo su propia imagen, sino a la vez, la del ente rector de los derechos humanos. El principal patrimonio, capacidad y autoridad de la entidad para desarrollar su gestión, está dado por la fuerza ética de sus actuaciones como alta magistratura de opinión, que se constituye en el principio esencial de su legitimidad.

Como alto magistrado, el Defensor del Pueblo ostenta la categoría personal de la “auctoritas” como una condición especialísima para aplicar su mandato. Es lo que los constitucionalistas denominan como las condiciones particulares de “jurisconsulto de probada ciencia y de especial integridad”, aspecto que convoca a acoger sus decisiones en forma efectiva. Esta característica se halla íntimamente vinculada a los principios de autonomía, independencia, transparencia y probidad, constitutivos de la credibilidad y confianza que se debe cultivar como fuerza persuasiva y de altas condiciones morales y éticas del ombudsman.[1]

No obstante, el afán protagónico, la lujuria de la imagen y el culto a la personalidad han desnaturalizado la misión constitucional de la Defensoría. El desconocimiento de los fundamentos sustanciales de los derechos humanos, tanto conceptuales como prácticos, estan socavando “la alta magistratura moral y de opinión” que es el soporte y el poder de la Defensoría del Pueblo. El estilo banal y mediático ha ocupado el centro de las acciones, mientras que problemas estructurales de violaciones graves y masivas a los derechos humanos de la población se agudizan ante la mirada impasible de quienes están obligados a protegerlos.

Un país que se apresta a salir de un estado permanente de violaciones y que anhela construir una cultura de respeto, vivencia y realización de los derechos y libertades fundamentales con justicia social, requiere de una Defensoría ética, transparente y decididamente dedicada a esa labor. Quienes hoy la dirigen, carecen de esa vocación, porque su soberbia obedece a otros intereses menos altruistas. Lo que se vive al interior es el imperio de la arbitrariedad, de la politización y el abuso hacia quienes expresan criterio propio, analizan y proponen alternativas que no encajan en los designios de los altos ejecutivos.

Todo se desvanece en la fatuidad de la forma, en tanto que los problemas y denuncias de infracciones y violaciones a los derechos y libertades fundamentales se agudizan y acrecientan. Ese no es el papel que debe desempeñar la institución garante de los derechos humanos, sino aquel que le imprimió la Asamblea Nacional Constituyente, de ser organismo rector, protector, promotor y educador de derechos. Por eso es necesario que todas y todos los servidores de la Defensoría, con la participación ciudadana, las ONG de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil en su conjunto estén vigilantes de las acciones de la Defensoría, hagan las denuncias respectivas por su inoperancia y reclamen una gestión eficaz en la defensa, protección, promoción, divulgación y proyección para la edificación de una verdadera cultura de derechos humanos.

Diferentes sectores sociales, políticos y de ONG promotoras de los derechos humanos coinciden en advertir acerca de la necesidad de que la Defensoría del Pueblo cumpla intachablemente el papel que le asignó la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en el marco del Estado Social de Derecho. Este sentir es compartido por todas y todos los servidores de la entidad que laboran diariamente en forma denodada, valerosa y decidida por la defensa, promoción, protección y garantía de los derechos humanos.

Es preciso, por tanto, estar resueltos a no dejar que estos preceptos se diluyan y se pierdan por las prácticas censurables de quienes están erosionando las bases éticas de la entidad rectora de los derechos humanos, por cuanto se trata de un legado que pertenece a la sociedad toda, sin distingos de ninguna índole. En consecuencia, corresponde demandar del señor Jorge Armando Otálora Gómez su dimisión al cargo de Defensor del Pueblo, como un acto de decencia que demuestre respeto ante la comunidad nacional e internacional y para salvaguardar a la Defensoría del Pueblo en su ordenamiento y legitimidad constitucional.

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* Abogado y docente especialista en derechos humanos, derecho internacional humanitario y desarrollo humano, secretario de educación de la Unión de Trabajadores del Estado ÚNETE.

[1] Córdoba Triviño, Jaime. El Defensor del Pueblo. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez C., Ltda. Bogotá, Colombia, 1992.

Displaying 3 Comments
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  1. […] RÉQUIEM POR LA MAGISTRATURA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO […]

  2. Esta entidad es gomorra y sodoma con todo esta telenovela de mala muerte el estado no toma ninguna medida .

  3. beatriz dice:

    Gustavo ya sabias del proceder laboral y administrativo del defensor. Todo lo que ahora y con el tiempo se vaya descubriendo sera prueba de lo que voces como la tuya no son escuchadas hasta que no se presenta un escandalo como el que ahora afronta la Defensoria del Pueblo. Lo siento mucho por tod@s l@s funcionarios que con Etica y profesionalismo cumplen con su labor en la defensa de los derechos fundamentales de l@s colombianske@s. Cabe ahora preguntarse si esos actos impropios: eran o no conocidos por una organizacion como la Asociacion sindical? Es imposible que NO hubieran sabido sobre el trato que recibian l@s emplead@s de la Defensoria. Es cuestionable el silencio que se hace presente siempre en estas instituciones y que por un indebido “acto de Amor”, se descubra ahora lo que muchos deben conocer de primera mano.

    Habra quienes defiendan el trabajo que Jorge Armando Otalora ha hecho en las regiones, como la que escuche en Caracol radio en donde una señora en forma vehemente hablaba en contra de la asistente personal con palabras impropias. Es seguro que el ex-defensor tendra defensores asi como detractores. Lo cierto es que esta en palestra publica y tendran que juzgarlo por lo que habra hecho.

    Todo eso es el resultado del protagonismo y el culto que se le hace a las personas que ocupan cargos tan importantes como el del Defensor del Pueblo y a la falta de etica y moral de quienes tienen la responsabilidad de nombrarlos.

    El precepto de la institucion debera seguir siendo el que le fue encomendado y el estado tiene ahora en sus decisiones el deber moral de nombrar a alguien que fortalezca y salvaguarde los principios de defensa, proteccion y proyeccion de los Derechos Humanos.

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