Publicado el: Mie, Oct 17th, 2012

Rentas criminales en Medellín.

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Por: Andrés Preciado

Desde la época aciaga del narcotráfico la preocupación por la seguridad en Medellín ha estado ligada de manera inseparable a los interrogantes por las formas de financiación que tienen los grupos delincuencias para sostener su actuar ilegal. La época del cartel de Medellín y la guerra contra el narcotráfico deja una lección fuerte a los bandidos en tanto entienden que si bien el narcotráfico es una fuente de financiación muy rentable, el riesgo en cuanto a lo punitivo y policial que conlleva la hacen visible y perseguida desde la estatalidad.

Esto genera una mutación en la organizaciones criminales de la ciudad que lleva a que se piensen diferentes formas de financiación que complementen la proveniente del narcotráfico, así surge la relevancia del narcomenudeo, la extorsión y el secuestro como formas de rentas criminales, más recientemente la incursión en escenarios de informalidad como el sistema de microcréditos comúnmente llamados “gota a gota” o “paga diario”.

De fondo el interés de los grupos delincuenciales, conocedores de las herramientas de actuación estatal, es diversificar sus fuentes de ingreso y así evitar el cierre de su flujo de caja. Adicionalmente han entendido, desde su racionalidad económica delincuencial, que deben ubicar sus negocios y recursos en sombras de penumbra jurídica que les permita aprovecharse de la debilidad institucional para usufructuar rentas.

Lo anterior explica la estructura de escenarios de economías criminales como aquellos en donde las mafias organizadas se internan, vía protección violenta, en esferas económicas de informalidad y legalidad, que blindan sus negocios y presupuestos de la persecución legítima del Estado. Así, monopolizando bajo amenaza o uso de violencia negocios informales como los que ocupan el espacio público o negocios perfectamente legales como locales comerciales logran mantener fuentes de rentas ilegales permanentes que sostienen sus actividades delincuenciales y su personal operativo armado.

La relevancia de este tipo de acciones radica en su dificultad de persecución y en el desconocimiento mismo por parte de las autoridades, poco se sabe, más allá de la intuición obvia, de la real injerencia ilegal en negocios como los de minuteros, paga diarios, ventas ambulantes, zonas de estacionamiento en espacio público, prostitución, entre otros.

Si bien la trayectoria histórica en Medellín es clara desde la época de Escobar, este no es un fenómeno ajeno al resto del país. El llamado a las instituciones tiene que darse en torno a los focos de preocupación, más allá de continuar con la lucha por desmantelar la organización armada de las bandas y aminorar el control territorial que puedan tener, el Estado debe ser consciente que los delincuentes, lejos de querer llamarse los dueños de un barrio o cuadra buscan ser los dueños de las transacciones económicas que allí se desarrollan, no quieren el espacio, buscan hacerse con parte de las rentas, amenazando con usar o usando fuerza ilegítima.

Acabar con los cabecillas es necesario, pero no ataca el problema de raíz, el fondo perseguible son las rentas criminales y su estructura de financiación, como diría Bill Clinton: “It’s the economy, stupid”

 

 

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