Publicado el: Sab, Dic 28th, 2013

Procurador está obligado a respetar “Bloque de Constitucionalidad”


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“el ejercicio de la ciudadanía” sólo puede suspenderse “en virtud de decisión judicial  – no administrativa – y en los casos que determine la ley” y cuando el funcionario “haya sido condenado […] por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado. No fue el caso de Petro, pero si la de varios absueltos disciplinariamente por el procurador.

En los tiempos de los vaticinios de fin de año, no quiero dejar partir el 2013 sin referirme nuevamente a la destitución de Petro por parte del Procurador. En artículos anteriores nos ocupamos de sus motivaciones, de los efectos políticos y del subyacente filosófico que inspira las razones del inconformismo y del rechazo general. A estas alturas es indiscutible la afirmación de que al procurador se le fue la mano, también, que tan arbitraria decisión administrativa no tiene vocación de ejecutoriarse. ¿Qué sigue en términos constitucionales?

El apoyo a Petro se justifica y justificó, debido a que tirios y troyanos reconocen que el Procurador le está arrebatando algo que ganó legítimamente, también, en que su actuación frente al cambio de modelo de aseo, además de ser legal, fue constitucional y necesaria. Así mismo, es reconocido que la administración de “la Bogotá Humana”, tiene una apuesta específica de ciudad, lo cual está lejos de ser improvisada e impertinente. ¿Acaso no es también legítimo que Petro pueda ejecutar su plan de gobierno dentro del periodo otorgado por la Constitución?

Estas como las anteriores consideraciones tienen expresión constitucional evidente: el bloque de constitucionalidad, que se entiende como la figura del derecho comparado que conjunta diferentes tipos de normas de diversa jerarquía, como los tratados internacionales y que se usan para enjuiciar la constitucionalidad de una norma – o para el caso, una decisión jurídica. (Art 93 C.N).

Dicha figura reconoce la primacía de los principios y de los derechos fundamentales, los cuales se imponen, por obra del bloque de constitucionalidad, sobre leyes internas que atenten o pongan en riesgo inminente dichos valores. Ejemplo del principio constitucional es la supremacía popular, el voto, en este caso, el voto programático, Art,s 3, 259 C.N, Art 1, Ley 131 de 1994. Como ejemplos de derechos fundamentales tenemos la dignidad humana (que se configura como derecho, principio y valor constitucional, Art 1 C.N), la primacía constitucional Art 4 C.N, el debido proceso Art 29 C.N, y el derecho a elegir y a ser elegido Art 40 C.N.

El Señor Procurador General de la Nación, funcionario administrativo, profirió una decisión- resolución – administrativa a través de la cual destituyó e inhabilitó por 15 años al Alcalde Mayor de Bogotá. Por supuesto que lo hizo en principio, facultado en la misma Constitución y la ley – Art 276, Nral 6 Art 277 y 278 C.N,  Ley 734 de 2002, Código disciplinario Único. No obstante dicha decisión en principio legal y constitucional, pierde legitimidad y eficacia, debido a que su desproporcionalidad contraviene otros principios y normas de carácter legal, constitucional y supranacional, relacionadas con las garantías fundamentales de los seres humanos, situación que está lejos de ser un mero postulado filosófico, para constituirse por obra del bloque de constitucionalidad, en previsiones de obligatorio cumplimiento.

En Colombia con la Constitución de 1991, aún vigente, se estatuyó una organización política que pone en el centro de las consideraciones el ser humano, evidencia de ello son entre otros principios y derechos: el Estado Social de derecho, la dignidad de la persona humana, el catálogo de derechos fundamentales, entre los cuales se destacan para el caso, el debido proceso, el derecho a elegir y a ser elegido, la supremacía de las normas constitucionales, la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, los mecanismos de protección constitucional, entre otros.  Ahora bien, la Constitución actual no es un simple marco dogmático o filosófico sin fuerza material como sucedía con la Constitución de 1886, esta Constitución es norma jurídica, y en materia de derechos humanos de obligatorio cumplimiento, amparada en su supremacía tiene el poder soberano de inaplicar normas, decisiones o leyes que la contradigan,  y para no quedarse corta en la defensa de los derechos humanos se apoya en los principios rectores de los tratados internacionales los cuales se aplican de forma directa e inmediata por virtud del comentado bloque de constitucionalidad

Ahora bien, Colombia como Estado es dignatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por el país en 1973. Según el artículo 23 inciso 2 de dicha Convención, un Estado Parte solamente puede suspender o privar a una persona de sus derechos políticos después de que ésta haya sido sentenciada, como producto de un proceso judicial ajustado a las garantías del debido proceso penal.

La destitución proferida por el Procurador viola además, los artículos 98 y 122 de la Constitución de Colombia, los que a la letra dicen: “el ejercicio de la ciudadanía” sólo puede suspenderse “en virtud de decisión judicial  – no administrativa – y en los casos que determine la ley” y cuando el funcionario “haya sido condenado […] por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado. No fue el caso de Petro, pero si la de varios absueltos disciplinariamente por el procurador.

Como corolario, tenemos el Art 21 del Código Disciplinario Único:

APLICACIÓN DE PRINCIPIOS E INTEGRACIÓN NORMATIVA. En la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en esta ley y en la Constitución Política. En lo no previsto en esta ley se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo dispuesto en los códigos Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil en lo que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario.

Como puede verse el derecho internacional establece que ni Petro, ni otro funcionario electo democráticamente en el continente americano, puede ser destituido o inhabilitado con una mera decisión administrativa sino a través de una condena judicial por delito cometido en el ejercicio de sus funciones. Según las anteriores consideraciones constitucionales Gustavo Petro debe ser restituido en su cargo en los próximos días, después de que quede en firme la resolución del procurador.

Lo contrario será la expresión flagrante que el Estado constitucional y la democracia colombiana, no existen.

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