Publicado el: Jue, Sep 13th, 2012

Proceso de paz: una esperanza para los ciudadanos


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Foto Alcaldía de Bogotá

Informe Especial preparado por Jaime Alberto Barrientos

Analistas consideran que las ciudades serían las grandes ganadoras de llegarse a firmar un acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc.

Por estos días muchas personas andan optimistas por el inicio de un diálogo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc pues ello podría significar el final de un conflicto armado de más de medio siglo. Y si el diálogo que está próximo a iniciarse en Oslo, Noruega, fructifica, las más beneficiadas serían las grandes ciudades.

De darse un acuerdo de paz centros urbanos como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta o Santa Marta, grandes receptores del desplazamiento forzado, podrían mejorar en aspectos como planeación, infraestructura, atención a población vulnerable y, claro, índices de violencia. Actualidad Urbana consultó con congresistas, sociólogos urbanos, miembros de la administración y gente del común y encontró un optimismo generalizado. Unos y otros apoyaron el acercamiento entre el gobierno nacional y la guerrilla más antigua de América Latina, unos y otros dieron su punto de vista y se encontraron en puntos comunes y otros no tan comunes.

El punto que más rápido salta a la vista es el del desplazamiento. Todos coinciden en que con el inicio de un acuerdo de paz y un cese de hostilidades, el éxodo campesino a la ciudad disminuiría definitivamente. Según recuerda Pedro Santana, quien por muchos años se ha dedicado a estudiar los fenómenos sociales en las ciudades, antes del Bogotazo, la capital colombiana no pasaba de tener más de 450 mil habitantes. Era, como recuerda el periodista Carlos Villar Borda, una apacible ciudad en donde la gente salía a caminar por la Séptima en un recorrido que entre la Plaza de Bolívar y el Museo Nacional podría durar dos horas porque todo el mundo paraba a saludar a todo el mundo y se reunían a conversar de los temas de la política en los cafés de las esquinas. Sin embargo, con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán y el inicio de la violencia partidista, que duró cerca de dos décadas y dejó más de 200 mil muertos, según algunos cálculos, Bogotá pasó a tener en el año 73 cerca de tres millones de habitantes, mientras que Medellín pasó de tener 270 mil habitantes a tener más de un millón 200 mil. Lo mismo podríamos decir de Cali o de Barranquilla. Este proceso de explosión demográfica se detuvo entre finales de los años 70 y hasta los años 80. Parecía incluso que el crecimiento de las ciudades se hubiera estabilizado.

Sin embargo, dice Santana, “esto fue espejismo” porque con la confrontación armada que se recrudeció en los años 90, “las cifras oficiales nos hablaron de tres millones 700 mil desplazados, aunque otras cifras (Codhes y la iglesia católica) nos hablan de cinco millones 200 mil desplazados”. Inicialmente, los desplazados se iban a las cabeceras municipales, luego a las ciudades capitales y, finalmente, a Bogotá, “eso volvió a disparar las tasas de poblamiento en las grandes ciudades”, concluye el presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía.

Por ello, terminar con el conflicto armado podría ser el inicio de fin de este éxodo campesino e, incluso, el inicio del retorno de las poblaciones a sus lugares de origen. Para el representante a la Cámara Iván Cepeda, sin lugar a dudas, el país va a ganar y sus ciudades, más aún. Según Ana Teresa Bernal, Alta Consejera para los Derechos de las Víctimas en el Gobierno Distrital, Bogotá y Medellín pagan de una manera bastante fuerte las consecuencias del conflicto armado pues son las principales receptoras del desplazamiento. Según fuentes oficiales, la capital de la República alberga hoy a más de 100 mil familias desplazadas, lo que podría llegar a sumar medio millón de habitantes si tenemos en cuenta que un núcleo familiar campesino puede estar constituido por entre cuatro y seis miembros aproximadamente.

Esto ha llevado a que la ciudad haya tenido que implementar una fuerte estrategia de atención a víctimas en la que están involucrados diferentes estamentos gubernamentales con la participación, incluso, de organismos no estatales. Según cifras oficiales, entre septiembre de 2010 y agosto de 2012, en Bogotá se ha atendido a cerca de 63 mil personas víctimas del desplazamiento forzado. Es por ello que, por ejemplo, se han creado centros de albergue y ayuda a desplazados empezando por puntos atención en el mismo terminal de transportes terrestres de la ciudad. Ello obliga a la administración distrital a destinar una gran cantidad de recursos para su atención. Según Bernal, entre septiembre de 2011 y enero de 2012 se invirtieron 4.500 millones de pesos en atención para 978 indígenas embera que han llegado a Bogotá fruto del desplazamiento forzado. “Ese dinero pudimos haberlo invertido en sus sitios de origen para construirles vivienda, sitios de trabajo, salud y educación. (…) Es que en una localidad como Ciudad Bolívar atendemos en promedio 250 personas y en el terminal diariamente se están presentando familias desplazadas de diferentes partes del país”.

Para Iván Cepeda, quien también es víctima del conflicto armado, pues su padre fue asesinado por organismos del Estado en connivencia con grupos paramilitares, se podrían concentrar muchísimos recursos que hoy se invierten en la guerra, en el bienestar y el desarrollo de las ciudades y sus habitantes. Él espera que el final del conflicto “signifique que los recursos que se han invertido tradicionalmente en aceitar la máquina militar se inviertan ahora en atender a las víctimas y en ayudar a esos inmensos sectores de miseria de las ciudades a donde llegan”. En Bogotá, 79% de las familias desplazadas están ubicadas en las localidades de Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, Kennedy, Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe.

Y es que al problema del desplazamiento se suma que los albergues y sitios de ubicación de los desplazados se ubican en sitios y localidades con grandes concentraciones poblacionales y rodeados de problemas como inseguridad, violencia, drogadicción y hasta prostitución, como es el caso del barrio Santa Fe. Así lo reconoce la alta consejera para Bogotá, quien agrega que aparte de no estar en su entorno natural, y además del daño que les ha hecho el conflicto, la ciudad también los afecta. “En los alojamientos pueden estar seguros, no tienen ningún problema porque se les está ofreciendo salud, educación, alimentación pero el entorno es totalmente contraproducente para las comunidades porque hay madres, hay niños y hay niñas”, concluye.

A esto se suma lo “atractiva” que se ha vuelto Bogotá para los desplazados pues la ciudad, aparte de la redes de apoyo, les ofrece otras cosas que ellos no tienen en el campo como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, transporte público y una gran red de comunicaciones.

Y a pesar de que en el Distrito se declaran en contra del asistencialismo, la actual legislación los obliga a atender a las víctimas “hasta que la situación de normalidad vuelva” y no sólo eso sino que se deben restituir los derechos que les fueron arrebatados o violados. Como afirma Bernal: “Estamos en contra de quedarnos en el asistencialismo porque las víctimas se acostumbran a la ‘mendicidad del estado’, porque se acostumbraban a la ayuda humanitaria”, y agrega que están trabajando para que ellos pasen a ser ciudadanos porque “el modelo anterior perpetuaba esa condición de víctima y la reducía a la mendicidad. Lo que pretendemos ahora es que la víctima logre la restitución de sus derechos, por eso estamos hablando de asistencia, atención, reparación, dignidad y ciudadanía plena de derechos”.

Esto es lo que ha llevado al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, a convocar un encuentro entre los alcaldes y gobernadores del país para idear una estrategia de trabajo en las diferentes regiones. Como lo expresa su secretario privado, Jorge Rojas, “la paz no es solamente un acuerdo firmado entre las partes contendientes, realizar un acuerdo de paz tiene un territorio y un espacio de gobernabilidad, que son las ciudades y los departamentos”.

Esta convocatoria, que fue hecha por el alcalde un par de días después de que se conociera el inicio del proceso de negociación con las Farc, busca estudiar qué hacer con la población civil mientras se firma la paz, en medio de la guerra. El objetivo es determinar la inversión de recursos para garantizar que los acuerdos de paz se cumplan, se implementen en esos territorios y propiciar la participación de la sociedad civil en el proceso. “No se está pensando en convocar a los alcaldes o gobernadores para ir a Oslo o a La Habana, los estamos convocando para que en los propios territorios, las autoridades y la gente puedan crear su propia agenda, que permita respaldar los acuerdos de paz y garantizar la participación ciudadana”, concluye el secretario.

Según Rojas, Bogotá y Bucaramanga son las ciudades que más han logrado avanzar en la atención de la pobreza extrema. “Creo que todavía nos falta mucho, pero creo que vamos por un buen camino”, dice el funcionario quien durante muchos años ha trabajado de cerca con los desplazados en Colombia, pero advierte que el problema es de tal magnitud que se requiere más dinero para atender a las víctimas y el Distrito no puede con toda la carga. Así, deja vislumbrar lo que podría llegar a ser una nueva decisión del Distrito al respecto: “Alguien tiene que pagar por las víctimas, y ese alguien son los estratos de la sociedad que pueden, así como pagaron un impuesto de guerra, pagar ahora los recursos que se requieren para atender y reparar a las víctimas”.

El hoy secretario privado de Bogotá y uno de los hombres de confianza de Petro reconoce que el desplazamiento es un problema de la ciudad, “pero también es un problema nacional y así como nosotros los atendemos acá, se debe procurar el retorno, en ese esfuerzo estamos trabajando, tanto con las entidades regionales como con el gobierno nacional. Si las personas quieren retornar, el Estado debe garantizar su retorno”. Por ello afirma que si la guerra continúa la gente no querrá volver al campo, “pero si hay un acuerdo de paz, será mayor el porcentaje de los que quieren regresar, pero el Estado tiene que crear las condiciones para ello”.

En ese aspecto, el Estado ha avanzado y ya se cuenta con una ley para la atención de las víctimas. Su gestor e impulsor, el senador Juan Fernando Cristo, considera que para las víctimas un proceso de paz es fundamental porque va a permitir una implementación mucho más rápida y exitosa de la ley. “Desde que aprobamos la ley (de víctimas) teníamos claro que reparar a las víctimas en medio del conflicto tenía dificultades y lo estamos viendo ahora. En la medida en que avancemos hacia una reconciliación y terminación del conflicto obviamente podremos acelerar el proceso de restitución de las tierras”, dijo Cristo quien le explicó a Actualidad Urbana que “si somos exitosos en ese proceso deben disminuirse los niveles de violencia y de insatisfacción ciudadana, se mejorará la productividad económica y, asimismo, debe aumentar la inclusión social”.

Pero para ello, también se deben desarrollar estrategias de recuperación del campo y algunos hablan, desde ya, de una reforma agraria.

El representante Iván Cepeda asegura que “no hay que olvidar que el conflicto armado tienen sus escenarios fundamentalmente en el mundo rural y uno de los puntos que se debe tocar es el del desarrollo rural”. Para él, “si se logran avances sustanciales para resolver la pobreza en el campo, si hay una reforma que pueda superar los nodos esenciales de esas circunstancias, yo creo que el país puede avanzar”.

En la misma dirección opina Ana Teresa Bernal quien agrega que incluso el Distrito estaría en la capacidad de comprar la producción agrícola de dichos campesinos. “Si el gobierno le ofrece un retorno con garantías, que le permita producir en el campo y garantizarle que esa producción se la vamos a comprar, seguramente el campesino querrá retornar, vivir donde nació, ver a su gente. Bogotá es una ciudad que puede ser compradora de productos agrícolas de una manera importante”. Por ello recuerda que un componente principal debe ser la restitución de tierras, pero admite que hasta el momento esto ha sido muy difícil. “Los resultados han sido muy pocos, la restitución de los derechos es complicada porque el país está en guerra, pero una vez haya un acuerdo de paz y si todos los actores tienen una verdadera vocación de paz, la restitución de tierras será mucho más fácil”, explica la funcionaria quien agregó que ésta debe ir ligada al desarrollo rural. En este punto se encuentran con Pedro Santana quien asegura que “si a eso se le suma un proceso de reforma agraria, pues se podría detener la ola migratoria y habría una gran oleada de retorno”.

La economía podría ser una de las grandes beneficiadas en este proceso de negociación, no solo para las ciudades, sino para todo el país. “Creo que se van a generar nuevas posibilidades de empleo inusitadas”, dice Iván Cepeda, mientras que Jorge Rojas aseguró que “la paz es rentable económicamente en la medida en que puede hacer crecer la economía nacional”, para luego agregar que “el problema estará después en cómo se redistribuye en la riqueza” y reconoce que con el fin del conflicto armado “se debería reactivar la economía en el campo y en las ciudades”.

Al respecto, Pedro Santana recuerda que en los ocho años del gobierno del presidente Uribe, se invirtieron 87 mil millones de dólares en la guerra. “Esos son recursos que se le sacan a la educación, a la salud, a la atención de la población menos favorecida y si se llega a un acuerdo de paz, esos dineros se podrían invertir en la población y las grandes beneficiadas serían, obviamente, las ciudades porque 70% de la población vive en los centros urbanos”.

De acuerdo con Santana, esto mejoraría enormemente la inversión social en las ciudades porque “Colombia no necesita 460 mil hombres armados, es una fuerza que casi iguala en número a Brasil que tiene más de 200 millones de habitantes en un territorio que es siete u ocho veces más grande que el colombiano”. Esta afirmación nos lleva directamente al tema de la seguridad ciudadana.

El director de la Corporación Viva la Ciudadanía, recuerda que “la violencia nuestra está en todo el territorio, no sólo en las ciudades” y aunque Ana Teresa Bernal expresa mucho temor por el postconflicto, Iván Cepeda asegura que el final de la guerra “implica la disminución de la violencia, no el aumento”.

En este punto, Bernal recuerda que “los procesos de El Salvador y Guatemala nos han demostrado que puede haber un desbordamiento de violencia en las ciudades. Si la gente no encuentra caminos de recuperación de la vida civil, sigue haciendo lo que sabe hacer, que es delinquir”. Para la alta consejera, eso es un riesgo que hay que preverlo y pensarlo desde ya “y tener los canales para que la gente pueda transitar a tener una vida normal, porque la guerra es una forma de vida”.

Si bien la capital ha estado al margen de forma directa del conflicto armado, algunas analistas aseguran que las ciudades se han convertido en un centro importante de encuentro de distintas redes delincuenciales asociadas con grupos armados ilegales, y que penetran la ciudad a través de distintos frentes.

El caso más reciente de desmovilización de una organización armada se presentó en 2005 con la negociación del gobierno de Uribe con los paramilitares; luego de esto, la capital sufrió efectos colaterales. Según un informe de la Corporación Nuevo Arco Iris, el número de homicidios en la localidad de Bosa aumentó de 58 en 2006 (un año después de la desmovilización), a 139 en 2010; mientras que en Ciudad Bolívar pasó 151 a 300; y en Kennedy de 150 a 245.

Esto se debe, según indicó Rudolf Hommes en una columna publicada el 23 de junio de 2011 en el periódico El Tiempo, a que como la fuerza pública no ocupó el espacio que dejaron los paramilitares, se fortalecieron las bandas criminales y ahora dominan varias regiones y ciudades prominentes.

De acuerdo con el mismo informe, en los últimos años aumentó el número de panfletos amenazantes de bandas criminales en las mismas localidades (Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy). Aunque nadie puede asegurar que pase lo mismo con el caso de las Farc, las cifras sí constituyen una alerta temprana, no sólo para Bogotá, sino para las demás ciudades, de cara a un eventual proceso de paz.

La capital no puede repetir los errores del pasado, aseguró Martín Rangel, líder de la Asociación Nacional de Desmovilizados (ANDES) respecto a un eventual proceso de paz. Las actuales políticas gubernamentales permitieron que “la guerra entre izquierda y derecha pasara a ser entre víctimas y victimarios”.

Así mismo, ANDES ha denunciado diferencias con los puntos que hacen alusión a los desmovilizados en el Plan de Desarrollo de la ciudad. El análisis hecho por la organización concluye que la propuesta inmersa en el inciso 1º del artículo 39, sobre “territorios protectores de vida” es articular a la población excombatiente con el “plan cuadrante”, como estrategia de seguridad de la ciudad. Ante esto, Rangel plantea que hay una contradicción inmersa en la propuesta, ya que implicaría que los desmovilizados desempeñaran tareas propias de la fuerza pública, manteniéndolos en la lógica del conflicto. “La política de seguridad urbana debe basarse en cero tolerancia con el crimen y el desorden. Esto requiere adicionalmente la provisión de soluciones efectivas y humanitarias para los vendedores que operan en el espacio público y para auxiliar a los mendigos y a los adictos callejeros”, concluyó Hommes en dicho artículo.

Santana piensa además, en el proceso de “militarización” que ha tenido la policía. “Un proceso de negociación va a traer la posibilidad de que la fuerza pública se pueda concentrar en las políticas de seguridad ciudadana, pues aunque la guerrilla se ha tenido que replegar de las ciudades, si hay paz, hay una disminución de la violencia urbana”, dice el analista, quien agrega que “por causa del conflicto la policía pasó de ser una institución hecha para cuidar a la gente en el barrio, en la esquina, a ser una policía ofensiva, con armas de largo alcance, con chalecos antibalas. Pasó de ser un cuerpo de servicio ciudadano a ser un cuerpo de ataque”. Y recuerda además que “aquí hubo factores que llevaron a que el policía del parque desapareciera porque empezaron a matarlos por cantidades para quitarles las armas y crear caos. La policía debe ser un cuerpo de naturaleza civil cuya función principal es la protección de los derechos humanos”.

Asimismo, como consecuencia del final del conflicto armado, Santana asegura que también se puede evitar la militarización y la infiltración de la protesta ciudadana, por actores armados o por actores interesados en torpedear la protesta y, en última instancia, también se desmilitarizaría la política. “Habría una gran civilidad en la política si logramos que las armas solo sirvan para proteger los derechos humanos”, concluye.

Así pues, de llegarse a presentar un acuerdo de paz, los beneficios para la ciudad serían enormes y los grandes ganadores serían, claro, los ciudadanos. Solo queda esperar lo que pueda pasar en Oslo a partir del próximo 5 de octubre.

 

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