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Publicado el: Lun, Oct 22nd, 2012

Politólogos con tarjeta

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Por Guillermo Segovia Mora

El pasado agosto, el representante a la cámara José Gonzalo Gutiérrez, en una iniciativa  oportunista, mediocre y peligrosa, acorde con el afán de algunos miembros del Congreso por figurar y justificarse, ante la pésima  imagen del legislativo, presentó el proyecto de ley 073 de 2012 “por medio de la cual se crea la Tarjeta Profesional del Politólogo y se dictan otras disposiciones”. Una propuesta innecesaria, incoherente, risible y mal escrita en el articulado y la cantinflesca exposición de motivos.

De aprobarse, se crea la Tarjeta Profesional del Politólogo que acredita a los egresados del  pregrado en Ciencias Políticas y excluye, en forma expresa, a quienes hayan obtenido “especialización o maestría en algún área relacionada con la ciencia política”, so pretexto de limitar con claridad el perfil profesional del politólogo. De plano quedarían excluidos la gran mayoría de docentes de ciencia política, analistas y asesores posgraduados  en la materia, o que incluso no lo poseen, pero cuya idoneidad en su campo es incuestionable, provenientes de profesiones liberales.

La incongruencia es tal que ordena a las entidades públicas y privadas exigir la tarjeta de politólogo para ejercer un sinnúmero de actividades y funciones propias de profesiones como derecho, economía, publicidad, sicología, comunicación, periodismo, administración pública, pedagogía, sociología… a las que agrega “apoyo legislativo y gestiones de cabildeo”, todas las cuales supedita a la coordinación o tutela de aquél. Si hoy es imprescindible la interdisciplinariedad en las ciencias sociales, cada cual abarca campos específicos de investigación, análisis  y acción,  por lo que  las preponderancias son un exabrupto y más aún establecerles cortapisas.

La de Ripley va por cuenta de las causales de pérdida de la acreditación profesional, puesto que al parecer, inspirado en el entorno político -bien dice Manuel Castell que el político conlleva corrupción en razón de su supervivencia-, determina como tales: sentencia condenatoria en firme, haber sido condenado por delitos sexuales y delitos contra la familia, participación probada en grupos al margen de la ley, como asesor, militante, financiador y promotor; incapacidad física o mental y tener más de tres suspensiones de la tarjeta profesional. El carnet se suspenderá  por un año en los casos de: interdicción judicial transitoria, embriaguez habitual, incapacidad física o mental o plagio.

Por si fuera poco, somete a una profesión liberal, deliberante, de cátedra libre, pluralista, a un tribunal que, por el tufo politiquero y retrógrado de la propuesta, constituiría  un mecanismo de control y censura. Los ratones mandando en el laboratorio. Crea el Consejo Nacional de Politólogos, donde tendrán asiento el Ministro de Educación, el Ministro del Interior o sus delegados y representantes de los decanos y de egresados de las facultades de Ciencias Políticas privadas y públicas, como  organismo encargado, entre otras funciones, de expedir  la tarjeta profesional, llevar el  registro único nacional, elaborar el  Código de Ética, determinar  el proceso sancionatorio y actuar como un Tribunal de Ética.

La infaltable intención burocrática y clientelista que orla este tipo de proyectos de ley, superfluos y estorbosos,  queda plasmada con la creación del organismo, que se financiará con la expedición de las tarjetas, cuyo costo no superará el medio salario mínimo (unos 280 mil pesos), de las multas, que equivaldrán máximo el medio salario legal vigente, el cobro de la expedición de certificados de antecedentes disciplinarios y los ingresos por investigaciones, convenios y donaciones, entre otros.

La mejor forma como podemos  garantizar acceso laboral los politólogos es con la calidad de nuestro desempeño, -o con una buena recomendación-, como en todas las profesiones. Si en los manuales de funciones aún no aparece la ciencia política hay que incluirla y  si el objeto a contratar es específico de ese campo profesional así se debe establecer. De otro lado, el artículo 26 de la Constitución Nacional prevé la formación de colegios profesionales en aras de optimizar  y potenciar socialmente el desempeño y  la integración de los profesionales afines. De manera que el proyecto de ley es absolutamente inocuo.

Por el contrario, el país, desuribizado a regañadientes, con un proceso de paz en ciernes, partidos desdibujados y clientelizados, poderes públicos y organismos de control revueltos en compensaciones,  corrupción como mecanismo de asignación de la contratación pública, cada vez mas desnacionalizado, demanda luces y señales de analistas, estudiosos y cientistas políticos. Para esto no se necesita tarjeta.

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