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Publicado el: Mar, Ago 21st, 2012

Política Metropolitana de Seguridad y Convivencia


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Por Andrés Preciado

La reciente captura de alias “Sebastián” jefe de la mal llamada Oficina de Envigado – digo mal llamada porque no puede usarse el nombre de un pueblo antioqueño de manera tan inapropiada para denotar una estructura criminal, así como tampoco es preciso utilizar el de “urabeños” porque enloda una importante zona del país – deja claro que los problemas de seguridad y delincuencia organizada que padece Medellín son un asunto de interés regional.

Con esto quiero decir que no puede obviarse que la dinámica delictiva que tiene a Medellín como su centro no se restringe a su jurisdicción, por el contrario es un asunto del resorte de todos los municipios cercanos a la capital antioqueña y en tal sentido requiere de la corresponsabilidad y participación activa de sus gobiernos en la formulación de las políticas públicas tendientes a contrarrestar los retos de orden público.

Uno de los temas fundamentales de cara al cuatrienio 2012 – 2015 que tiene la Alianza Medellín Antioquia – AMA – liderada por el Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo y el Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, que pretende generar sinergias gubernamentales en torno a políticas públicas entre las administraciones del departamento y el municipio, es la construcción e implementación de una política pública de seguridad ciudadana y convivencia metropolitana que entienda los problemas de delincuencia organizada, microtráfico, lavado de activos, rentas ilegales y convivencia como fenómenos de conurbación metropolitano y así logre unir a los distintos municipios en estrategias coordinadas, integrales y conjuntas de atención.

La Secretaría de Gobierno del Departamento de Antioquia parece entender esta realidad y en tal sentido se encuentra construyendo la política metropolitana de seguridad, un hecho que favorece dicha construcción es la jurisdicción metropolitana de la policía en el Valle de Aburrá, no obstante la presencia y participación de la policía debe ser complementada con el compromiso y vinculación de todos los organismos de seguridad y justicia del estado, especialmente de la Fiscalía, además de todos los gobiernos locales en sus distintas dependencias de seguridad y convivencia.

La gestión de seguridad del gobierno departamental y de todos los gobiernos municipales al finalizar sus periodos en 2015 será evaluada en gran medida por sus avances en coordinación y articulación interinstitucional, presupuesto de toda política integral de orden público, lograr puntos de entendimiento y actuación constituye no solo un reto, sino una obligación para todos los gobernantes.

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