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Publicado el: Lun, Sep 10th, 2012

Planeación y desarrollo en Medellín. Atribuciones de seguridad local: Segunda parte


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Por: Andrés Preciado

En una entrega pasada en este mismo espacio http://www.actualidadetnica.com/wordpress/planeacion-y-desarrollo-en-medellin-primera-parte/ se comenzó el análisis de la primera línea estratégica del plan de desarrollo de Medellín en el primero de sus componentes, el de seguridad.

El análisis que allí se hizo de las metas, programas y proyectos del plan en materia de seguridad lleva a la necesidad de establecer con claridad las atribuciones, competencias y funciones que al Alcalde, como máxima autoridad municipal, le competen en materia de seguridad y orden público.

El artículo 315 de la Constitución Política de Colombia consagra que el Alcalde es la primera autoridad de policía del municipio y que la policía nacional deberá cumplir con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta por conducto del respectivo comandante. En teoría, el Alcalde como primera autoridad de policía debe ser quien determine la política de seguridad municipal, en este sentido el comandante de policía debe cumplir con lo que en materia determine la administración municipal. Surge entonces un primer interrogante de aplicación, válido en Medellín y en todos los municipios del país ¿Es realmente el Alcalde quien determina la política municipal de seguridad? ¿Cumplen los comandantes de policía las determinaciones del Alcalde “con prontitud y diligencia” como lo ordena la ley?

Dar una respuesta implicaría reconocer que la jerarquía policial y el funcionamiento de su estructura a nivel nacional lleva a cada comando municipal y a los comandos departamentales a cumplir, en mayor medida, las órdenes que en materia de seguridad y orden público emanan desde Bogotá de la dirección general. Es decir, la relación entre administración municipal y comandancia de policía en el nivel territorial está supeditada al entendimiento y coordinación lograda entre Alcalde y comandante y no a la supuesta subordinación consagrada en la constitución; cada vez es más notorio que dicha coordinación y trabajo conjunto dependen del apoyo financiero que desde el ente territorial se destinan a la institución policial del municipio, con un alto componente de empatía personal entre líderes.

Aunque pudiera parecer mínima la diferencia entre lo reglado y lo aplicado, la distancia es considerables si se ponen en discusión las afectaciones que se hacen a la seguridad ciudadana, por ejemplo un asunto tan trascendental como el de las cifras municipales de homicidio ¿Es el Alcalde el responsable de la disminución anual de la tasa de homicidios? ¿El apoyo financiero que desde la alcaldía municipal se brinda a la institución policial es suficiente para consignar en el plan de desarrollo la disminución del homicidio como meta de política pública? ¿Depende del Alcalde tal disminución?

Tales interrogantes proponen visiones divergentes, por un lado la consideración de la alcaldía como la responsable de reducir la tasa de homicidios, y por otro una visión más integral en donde el Alcalde tiene cierto nivel de corresponsabilidad. Particularmente considero que el papel que en un asunto nodal como la violencia homicida tienen el Alcalde municipal está reducido al apoyo logístico (dotación y mantenimiento de parque automotor y de sedes) y financiero, esto quiere decir que el deseado logro de la reducción de homicidios no depende de manera principal de la administración local, por el contrario, hace parte del resorte y la tarea diaria de la policía nacional y su respectivo comandante en la jurisdicción municipal.

Se incurre en error al responsabilizar al mandatario local de un alza en los homicidios, así como también se falla cuando se endosa como logro para el mismo mandatario una reducción. No puede ser el Alcalde quien responda, al menos no en primer término, por una situación difícil de seguridad, así como tampoco puede ser quien capitalice el logro de unas circunstancias alentadoras en cuanto a seguridad se refiere.

Para dejar claro el punto, al Alcalde le corresponde el apoyo logístico y financiero a la policía, además de brindar las condiciones necesarias para coordinar y poner en marcha políticas de seguridad concertadas entre los organismos de seguridad y justicia, además de liderar el Fondo municipal de seguridad y convivencia ciudadana, FONSECON por su perspectiva nacional. Le corresponde por tanto, ser corresponsable en materia de seguridad y orden público, aunando esfuerzos al que hacer de la policía nacional y la rama judicial, pero el funcionamiento actual de instituciones del orden nacional le impiden tomar protagonismo en el direccionamiento y puesta en marcha de las políticas de seguridad necesarias para la municipalidad, donde está supeditado a los dictaminado por el gobierno nacional.

Lo anterior pone en evidencia la distancia que en materia de seguridad y orden público se da en los entes territoriales entre lo dispuesto en la legislación y lo efectivamente aplicado, la cual es muy notoria en materia de homicidios y válida en las demás afectaciones a la seguridad y el orden público.

 

 

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