PAZ, TERRITORIO Y CAMBIO CLIMÁTICO

PRefugiado-climáticoor: Héctor Pineda S.

Llegamos, el 4 de julio del año que entra, al medio siglo de vigencia de la Constitución de 1991. El Pacto de Paz, si no hay sobresaltos en el itinerario conversado en La Habana, coincidirá con el final de la guerra con la guerrilla de las FARC. Se anuncia, pues, el final de un conflicto armado que, entre otras,  abre renovadas posibilidades para superar males aplazados, sobre todo en los extenso territorios agrarios y áreas de especial protección ambiental de Colombia, en momentos en que el Estado colombiano, también, suscribe y comparte las acciones y medidas que disminuyan los estragos del cambio climático.

Así pues, con el pacto del final de la guerra y el Pacto de Paris que renueva el compromiso con la naturaleza en la salvación del planeta, en el 2016, inauguramos una nueva era en la vida del Estado social de derecho, que de acuerdo con la Carta, tiene forma de “República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales”, orden estatal y ordenamiento territorial  pensado en tender la mano a los más pobres entre los pobres, en cerrar brechas y disminuir desequilibrios. “La Constitución de 1991 y sus talante de derechos y de democracia participativa contribuye a la superación de la pobreza y las desigualdades interregionales”, han sostenido numeroso estudios de expertos.

Sin embargo, para la carta vigente, no todo ha sido un camino sembrado de rosas. La larga transición que se ha experimentando, incluida múltiples reformas que echan atrás el sentido y alcance de lo aprobado en el 91,  ha llenado de dificultades el cumplimiento de los llamados “fines del Estado”. La contradicción y tensiones entre modelo de desarrollo sostenible y las dinámicas del libre mercado, expresado en un orden legislativo, a veces, contrario al orden constitucional, han dificultado la tarea de alcanzar las metas de superación de pobreza, disminución de las desigualdades y acceso al disfrute de los derechos, para no hablar de los efectos perversos sobre el ambiente y la naturaleza de procesos de generación de riqueza con dinámicas mineras extractivas y altamente contrarias  a los compromisos para disminuir los estragos del cambio climático.

Pero así, en una especie de tire y afloje permanente, de cambios en los escenarios de toma de decisiones que deben salvaguardar el orden constitucional,  en los escenarios de las controversias administrativas, propios de los cambios y percepciones por los que opta la sociedad, esencialmente en el terreno de la política, se han desarrollado procesos, entre los cuales se debe resaltar el uso a fondo de los ciudadanos de la Tutela para hacer vales los derechos esenciales. Las acciones populares, de igual manera, han permitido defender importantes derechos colectivos, esencialmente los ambientales, en un sociedad altamente enajenada de  la importancia que tienes los bienes ambientales para la vida y la sostenibilidad del territorio.

Medio siglo intentando aplicar un enfoque de paz alineado con la justicia social y, últimamente, armonizado con la urgente justicia ambiental, de expresión en el territorio, lugar donde adquiere dimensión real los propósitos del Estado, el asunto tiene dificultades. Un Ordenamiento Territorial incompleto, contradictorio y aplazado en asuntos esenciales como la organización de nuevas Entidades Territoriales, sobre todo a las nuevas Regiones Autónomas, para no hablar de las Provincias, orden necesario para aplicar con eficiencia los compromisos con la salvación planetaria, con la lucha contra los estragos del calentamiento global, en defensa y cuidado de los recursos naturales, en especial de los recursos hídricos, del agua.

Entonces, llega el final de la guerra con las oportunidades para desarrollar la revolución territorial de la Carta de 1991 y la adopción de medidas tendientes a detener los estragos del calentamiento planetario. La decisión la tiene la ciudadanía. 

tikopineda@gmail.com

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