Publicado el: Mie, Jun 10th, 2015

A la paz métale pueblo “Juanpa”


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pazdialogosLos acuerdos con las Farc implican, además de desactivar un factor de inestabilidad,  modernización rural y compromisos sociales con los pobres del campo.

Por: Guillermo Segovia Mora

Contra viento y marea avanzan las negociaciones de paz Gobierno-Farc. La emboscada al ejército en acción de guerra en el Cauca con el consecuente  rompimiento de la tregua unilateral por esa guerrilla y la reiniciación de bombardeos, tras la orden del Presidente Santos de levantar la suspensión que había declarado en reciprocidad, hechos que -sumados a una decena de insurgentes caídos en Chocó- dejaron más de 50 muertes, entre ellos dos de los negociadores rebeldes, pusieron en vilo el proceso.

La simultánea acción conjunta ejército-guerrilla de pilotaje en Antioquia para el programa de desminado, los simbólicas expresiones de las partes –Santos al reclamar no más anonimato para guerrilleros muertos y “Timochenko” al invocar respaldo político al Presidente frente a los enemigos de la paz- y el anuncio del acuerdo para la creación de la Comisión de la Verdad, al finalizar la ronda 37 de negociaciones el 4 de junio, parecen indicar que, a pesar de los traspiés, la negociación ha logrado una dinámica que da espacio al optimismo no obstante los riesgos de conversar, como se acordó, en medio de los tiros, mientras la lógica indica que todo iría mejor con un cese al fuego bilateral. Desde luego ese ambiente no es el que expresan las encuestas, reflejo de los titulares de noticias en la gente.

Con la paz ganamos todos

No le falta razón al connotado periodista y analista inglés Jhon Carlin, quien, en columna publicada en el diario El País de Madrid, llama la atención sobre la incapacidad del Presidente Santos de “vender” los acuerdos de paz a los colombianos, mientras que su ahora opositor Álvaro Uribe ha sido muy hábil en convencer a una parte de la población -contra le evidencia histórica-, que la surgida de estas negociaciones será una claudicación frente a un contradictor moribundo al que no le queda alternativa que la entrega incondicional o el tiro de gracia y un aliciente para la expansión de un pseudo enemigo nebuloso al que denomina “castro-chavismo”, contra el cual se ha coludido con la reacción ultraconservadora latinoamericana y de EE.UU., que busca  retrotraer al continente a las épocas de las democracias de fachada al servicio de las oligarquías, las castas y el imperio.

Ahondando en el asunto, es de advertir que la volátil opinión pública -vasalla del poderoso aparato mediático- se inclina emocionalmente hacia las reacciones que los enfoques y énfasis de los medios imponen, no pocas veces instigados por los opositores acérrimos e incluso desde instancias del propio Estado adversas al proceso. La ideología de la “seguridad democrática” sigue alimentando la narrativa de los medios a pesar de que se llegó a un acuerdo para una negociación, lo que supone concesiones y simetría de las partes en la mesa. Impera  la matriz del enemigo terrorista derrotado –la opción del exterminio para que  la violencia nunca acabe-  y no del insurgente legitimado como contraparte. Se informa con el afán de la rendición, no con la paciencia que implica el desarrollo de la agenda pactada y la divulgación y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.

Al no reconocérseles status a los beligerantes tampoco se les da alcance de compromiso a lo convenido. Entréguense y se acabó es el mensaje entrelíneas de los medios, la derecha y los negociantes de la guerra. Ahí la verdadera razón de su oposición a los acuerdos. No porque haya entrega alguna al comunismo, como malintencionadamente y estrambóticamente publicita, sino porque lo pactado y lo pendiente concretan, al menos en el papel, una básica agenda reformista que constituiría los mínimos para la modernización rural de Colombia; sector  que mediante el atraso, la explotación y marginación de campesinos y colonos, la concentración y engorde de tierras, la informalidad e ilegalidad de títulos y tenencia, la violencia y la represión contra la protesta, controla el rancio latifundismo que se expresa políticamente en la oposición a las negociaciones.

Y el gobierno no ha sido capaz de comunicarlo y denunciarlo. Se ha dejado enredar en los episodios militares del proceso, en los infundios, tergiversaciones y fabulaciones demoniacas del uribismo, en la tribuna internacional, pero no ha tenido la audacia -por temor a sus opositores o por precaución frente al cumplimiento de los compromisos- de contarle al país, a las mayorías que lo eligieron, a  la Colombia rural y pobre, en palabras sencillas y convocantes, en una campaña masiva, sistemática y poderosa, los cambios acordados en la mesa de los que serían beneficiarios, más allá de las Farc.

De algo sirve la sacudida en el acto del Día del Campesino donde Santos no recelo de su convergencia con las Farc frente a la problemática del trabajador rural -lo que señala con inquina la reacción como complicidad-, repudió los ataques al proceso y agresiones a líderes de la restitución de tierras y llamó a la gente a defender los acuerdos. Volvió por la senda de la movilización que iniciara en Valledupar en los albores de la negociación, pero en el gobierno ese es un recurso de emergencia y desesperación, no una estrategia para sacar adelante la reforma integral en el campo. Se advierte el temor de anticipar lo que, si se logran controlar los dispositivos de la muerte al servicio de la geofagia, será la reactivación de un vigoroso movimiento social dispuesto a hacerse sentir por sus reivindicaciones en democracia.

De lo que se trata es de promover los atractivos de ganar la paz para la gente de a pie, no tanto los que sugiere Carlin, dirigidos a atraer turismo e inversión extranjera, aunque también porque se superaría un obstáculo para potenciar  estos factores de la economía, o la libre circulación y tranquilidad para los pudiente -a ello tienen derecho- sino los que tienen que ver con la vida diaria de los campesinos y el cambio de las condiciones en que han tenido que nacer, mal vivir y morir muchas generaciones. Si los ricos y sectores de la clase media adoran a Uribe porque les limpió las carreteras para ir a la finca o a la costa saludando con el pulgar levantado a los soldados, sin importar el costo en derechos, cómo sería la movilización de campesinos y desplazados sensibilizados, informados y seguros del compromiso de que se restituirán sus tierras y  habrá una segunda oportunidad en el campo. Pero no se publicita el beneficio directo que emociona (qué gano yo) sino, de manera timorata, las bondades de una paz abstracta y de la idílica convivencia       –también necesarias, claro-, dejándole a la oposición perversa la oportunidad para que envenene esos logros sociales como concesiones a las Farc.

Paz con la guerrilla, justicia con el campo

Cómo podrían estar en contra los colombianos y qué comunismo puede ser la modernización del catastro rural para poner la lupa, mapear y georreferenciar 4 millones de predios, precisar sus límites y dueños -lo que permitiría imponer los impuestos debidos-, constatar y sanear propiedades, restituir títulos a los despojados, verificar la debida explotación, garantizar tierras para el campesinado, inventariar baldíos e identificar tierras susceptibles de constituir un fondo para adjudicaciones a los que carecen de ese medio de producción. Desde luego, esta tarea sería un golpe a los usurpadores y terratenientes beneficiarios de la contrarreforma agraria paramilitar de las últimas décadas, por ende enemiga no disimulada de las conversaciones de La Habana.

Qué otro calificativo distinto a hacer justicia con las gentes del campo puede tener la implementación de los planes acordados respecto de  vías terciarias, distritos de riego, educación rural, salud rural, electrificación, mejoramiento de vivienda, crédito y asistencia técnica, generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria, promoción de la comercialización de la producción campesina, fortalecimiento y legalización de las zonas de reserva campesina, protección social y garantías de derechos de los trabajadores rurales y creación de un sistema especial de soberanía alimentaria y nutricional para la población del campo, y de contera de la ciudad. Todo lo que contribuiría a reducir la dramática desigualdad vigente en el campo colombiano con sus implicaciones urbanas, aunque por otra parte, en el Plan de Desarrollo neoliberal, vía alianzas productivas y subordinación se abren las puertas de la eliminación de facto del campesinado.

Quién puede estar en desacuerdo con una participación real y veeduría de las comunidades en el ciclo de desarrollo de los planes acordados -con excepción de los gamonales que se han beneficiado de la intermediación clientelista- o que a aquellas -incluidas las FARC desmovilizadas- se les faciliten condiciones para la participación electoral y el ejercicio del voto fortaleciendo la democracia, entre otras la trasparencia y asignación en equidad de la pauta publicitaria oficial, acceso a medios institucionales y posesión de medios de comunicación comunitarios y alternativos. Será un exabrupto que se ofrezcan garantías e incentivos para la oposición y el surgimiento legal de fuerzas alternativas o que exista un Circunscripción Especial de Paz en la Cámara de Representantes que permita a líderes de los movimientos sociales  de  las zonas de conflicto llevar la voz y promover soluciones para la población marginada.

No es deber del Estado, pretermitido y violentado hasta ahora, garantizar el derecho a la participación, la protesta, las libertades de pensamiento, opinión y expresión a lo que apunta el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política acordado, que proteja a la oposición del paramilitarismo y la represión propia de la concepción de seguridad nacional y orden público aún imperante en el actuar castrense y la mentalidad de la clase política tradicional y señorial, con  el recuerdo del genocidio de la UP y el liderazgo sindical y popular y los “falsos positivos” aun fresco y en la impunidad.

Carece acaso de realismo y no sería un alivio, un nuevo enfoque de la política antidrogas que entorno al  acuerdo sobre cultivos ilícitos plantea una reforma integral y participativa para las zonas de cultivo de coca, que saque del narcotráfico a las Farc y a los pobres “raspachines”, permita combatir la criminalidad organizada en todos sus frentes, ofrezca alternativas de ingresos a los cultivadores y cosechadores misérrimos y  rescate las zonas afectadas con aspersión de glifosato, cuya suspensión por el gobierno constituye una plausible determinación de salud pública y un guiño al proceso, ante la torva y mentirosa reacción de la derecha.

Serán cómplices de alguna conspiración internacional los más 7 millones de víctimas inscritas en los registros oficiales por haber sufrido alguna afectación del conflicto arbitrariamente limitado en su inicio al año 1985, entre ellos 4 millones de desplazados, miles de dolientes de asesinados en operativos sicariales y espantosas masacres, más de 30 mil desparecidos, en una de las más bestiales estrategia contrainsurgente de que tenga noticia la humanidad. Es justicia negarles la reparación del Estado con argumentos fiscales, como lo hizo la Administración Uribe, mientras se malgasta la tercera parte del presupuesto nacional en la meta de aplastar a la insurgencia sin tocar las raíces sociales históricas y vigentes de su nacimiento.

Aunque a decir verdad, 80 mil hectáreas restituidas a 15 mil campesinos de 4 millones usurpadas 500 mil ciudadanos reparados en cuatro años, véanse desde la crítica de las organizaciones sociales y la izquierda o desde la justificación académica, son una muestra muy precaria de la voluntad de reparación, más aún cuando el proceso no ha estado exento de víctimas y los enemigos acechan ante la debilidad del Estado para garantizar la vida de los líderes y sus comunidades.

El que la debe la teme

Ante la  tragedia histórica vivida, documentada en decenas de investigaciones y denuncias de organizaciones nacional e internacionales e incluso instancias creadas por el  propio gobierno como el hoy Centro de Memoria Histórica, con antecedente en Ley de Justicia y Paz del primer mandato  Uribe, que ha divulgado más de 20 estudios sobre masacres y el informe ¡Basta ya! que contextualiza y evidencia 30 años de barbarie, o el argumento mayoritario de la Comisión Histórica del Conflicto y su Víctimas, acordada e al mesa de La Habana, acerca del carácter social de las causas de la guerra y la ineludible responsabilidad institucional y de importantes sectores del país, es evidente que cuestionar el proceso porque supuestamente conduce a la impunidad de la guerrilla, señalada como único responsable, es mezquino y oportunista.

Por eso la fórmula de la Comisión de la Verdad parece apropiada al determinar que no tendrá competencias judiciales pero establecer un  “sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición”, para el que las partes acordaran alcances, mecanismos y sanciones, con lo que se asegure conocer qué pasó, sus responsables, el reconocimiento y reparación de las víctimas  y la garantía de que no se volverá a incurrir en las conductas que ocasionaron este holocausto.

Así dejaremos de engañarnos sobre un pasado fabricado de coartadas a favor de los determinadores de la violencia para construir una memoria con el relato libre de condicionamiento de víctimas y victimarios, que permita enfrentar el futuro sabiendo de dónde venimos y para dónde vamos. Con este acuerdo se da un gran paso en el avance de la agenda, a pesar de quienes persisten en atacar estas tratativas por el temor de saberse responsables, aunque intuyen que su táctica les ofrecerá de rebote la impunidad que reniegan para otros.

Serán algo menos que cinismo y ardid defensivo las voces que cuestionan la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad que desnude, y que en gran medida ratificará, la responsabilidad del Estado y prominentes y  emergentes sectores de la sociedad en una estrategia de contención social que tuvo en la guerrilla y sus errores y desmanes la excusa perfecta para diezmar el liderato y la organización popular a lo largo y ancho del país y para impedir una democracia real, abierta e incluyente.

El uribismo confía en que su capacidad de incidencia pública le garantiza el peso suficiente para imponer condiciones favorables a su séquito encartado en investigaciones criminales, que le permitan un acuerdo que cobije a todos los actores de la violencia, aunque los califica de concesiones para la impunidad mientras no favorezcan a  su entorno e, incluso, al mismo senador Uribe, que entonces se avendrá a los acuerdos. Y con todo, eso también es necesario para llevar al país a desactivar el conflicto social armado para confrontar manifestaciones de criminalidad contemporáneas que azotan al mundo.

Cómo no va a ser inteligente y sensato poner fin a un conflicto que según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  impidió que la economía creciera  8,7 por ciento cada año desde el 2001, en lugar del 4,3 por ciento registrado, y que el ingreso por habitante fuera  de 16.700 dólares en el 2013, 5.500 dólares más que el obtenido. Sin conflicto armado, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) sería casi el doble en los últimos 12 años, y el ingreso promedio de cada colombiano habría aumentado en cerca del 50 por ciento en el mismo periodo.

Si los gobiernos, éste y el de Uribe, no obstante la relatividad de las cifras por distintas razones, muestran como uno de sus logros la reducción de la pobreza fruto del crecimiento y las políticas sociales paliativas, cuál no habría sido el resultado sin guerra y si la misma lógica de erradicar la pobreza hubiera imperado en la dirigencia. No hay duda, por donde se le mire, la paz es un proceso gana-gana. Algo pasa para que gran parte del país no lo sienta así. Y el gobierno Santos está en la obligación de lograr revertir esa situación en aras de rodear de legitimidad el Acuerdo para poner fin al conflicto y para una paz estable y duradera.

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