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Publicado el: Lun, Nov 9th, 2015

Palacio de Justicia: 28 horas bajo el terror, 30 años contra el silencio


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PALACIO3Por Guillermo Segovia Mora//

Que en el Palacio de Justicia hubo una masacre, no hay duda.  En qué momento idiotizaron a un país para que por 30 años se devane los sesos tratando de entender lo que discurre de forma clara, grotesca y miserable ante sus asombrados ojos en los videos que testimonian la barbarie cometida el 6 y 7 de noviembre de 1985. Una carnicería inconcebible en el gobierno que se había estrenado blandiendo la bandera de la paz y había prometido que no se volvería a derramar “ni una gota más de sangre colombiana”.

Qué imagen puede ser más bestial  que una decena de urutús irrumpiendo a cañonazos, tras parada marcial en plena Plaza de Bolívar,  en un recinto en el que 35 guerrilleros se potenciaban para controlar más de 300 rehenes y repeler el ataque de la fuerza pública que llegó a concentrar mil efectivos en la retoma, descargando rockets, fusiles, pistolas, metrallas, bombas, granadas y lanzallamas. Total desdén por la vida y el Derecho Internacional Humanitario. Pírrica forma de “mostrarle al mundo cómo se combate al terrorismo”, al decir del comandante del ejército, Rafael Samudio, y macabra manera de “mantener la democracia, maestro”.

Como resultado del  demencial tiroteo y el pavoroso  incendio provocado de la sede judicial: cien muertos, muchos de ellos incinerados, incluidos 33 miembros del comando guerrillero, varios con cargos de dirección en la organización, algunos capturados y eliminados, once miembros de la Fuerza Pública y organismos de seguridad y parte de la cúpula de las altas cortes, en particular de la Corte Suprema de Justicia. Once desaparecidos y una guerrillera, Irma Franco, trasladada a instalaciones militares, torturada y asesinada.

El eminente criminólogo Alfonso Reyes Echandía, Presidente de la Corte,  murió de un balazo que no provenía de armas de la guerrilla, según testimonio de su hijo, el actual Ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, al igual que Manuel Gaona. El magistrado auxiliar, Carlos Urán, fue sacado vivo, eliminado y regresado al lugar. Su familia lo identificó en el anfiteatro con signos de tortura y un tiro de gracia. La manipulación de la escena del crimen y de los cuerpos, lavados y amontonados y luego inhumados indistintamente, impidió determinar la causa de muchas muertes, pero en algunas en las que fue posible, el patrón fue similar. Los once magistrados, sus auxiliares y colaboradores muertos constituían la que se ha considerado una de las más insignes cortes de la historia judicial del país. “-Que después les hagan monumento”, se escucha en una comunicación militar.

Una Corte civilista aniquilada

Alfonso Reyes E., y magistrados como Manuel Gaona, Carlos Medellín, Ricardo Medina y Carlos Urán eran juristas de orientación liberal, activistas en foros de Derechos Humanos, críticos de la democracia restringida de cogobierno con las Fuerzas Amadas y de justicia castrense aplicada a los civiles, que en aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional imperaba en América Latina a instancia de Estados Unidos, en desarrollo de la “Guerra fría”  de confrontación con el comunismo. En el gobierno precedente de Turbay había tomado patente de corso con el llamado Estatuto de Seguridad en el escenario geopolítico imperial de lo que comenzaba a conocerse como “guerras de baja intensidad”.

Cerca de  millar y medio de procesos por violaciones a los Derechos Humanos por militares cursaban en la Corte, que ya había producido la primera condena que involucraba al Ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, suegro del Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, Director de la Escuela de Caballería, al mando in situ de los operativos del Palacio. Vega comandaba el Cantón Norte, la víspera de año nuevo de 1980, cuando el M19 sustrajo por un subterráneo 5 mil armas y activó la cacería contrainsurgente del ejército, más abusiva y cruel  de la que se tenga noticia en el país.

A consideración del máximo tribunal se encontraba  la demanda de constitucionalidad del Tratado de Extradición con EE.UU., del que eran partidaria la mayoría, por lo cual recibían presiones de la  poderosa mafia del narcotráfico en ascenso y conquista de fracciones del poder, con amenazas de muerte que casi siempre se cumplían. Estudiaban también  los expedientes con solicitudes de aplicación de dicho acuerdo, cuya quema esgrimieron el gobierno, los militares y los medios como objetivo de la toma con supuesta financiación de la mafia, aserto que no se ha podido confirmar más allá de versiones interesadas de testigos cercanos a los narcotraficantes y desmentido por el carácter de los documentos, con copias en la cancillería y la embajada americana.

En la Constituyente de 1991, mediante acuerdo, en medio de una criminal arremetida de la mafia, el gobierno Gaviria, la dirigencia política y el desmovilizado M19, prohibieron la extradición.

Los desaparecidos evitaron el olvido

Al saldo trágico se agregan 11 desaparecidos y varias personas  torturadas y vejadas. Las familias de las personas desaparecidas han estado sometidas durante 30 años al más doloroso caso de desidia por parte del Estado colombiano, que salvo actuaciones puntuales de la justicia, se desentendió de la situación de trabajadores y trabajadoras de la cafetería de Palacio y algunos visitantes, sobre quienes recayó la sospecha de los militares de haber guardado armas, pertrechos y comida para el comando guerrillero. Las investigaciones han concluido que los empleados de la cafetería pertenecían a familias humildes, algunos cursaban estudios profesionales y probablemente fueron asesinados luego de padecer torturas.

En diciembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano a responder por tres de esos casos y al gobierno de turno a pedir perdón público. Después de una defensa jurídica innoble y mediocre -iniciada en el Gobierno Uribe-, el gobierno aceptó el fallo y tras dilaciones, en el 30 aniversario, el gobierno de Juan Manuel Santos realizó una formal declaración de responsabilidad ad portas de tener que rendir cuentas a la CIDH sobre el cumplimiento de la sentencia, y se comprometió a contribuir con la búsqueda de la verdad sobre los desaparecidos.

Al acto no asistió la cúpula militar ni el derechista Procurador General, Alejandro Ordoñez, quien ha pedido la absolución de los militares implicados en las desapariciones y que en vista de la identificación de tres de los desaparecidos se difiera el pago de la indemnización ordenada por la CIDH.  Años atrás, ante decisión de un tribunal nacional de vincular a Betancur y la cúpula militar, Santos repudió la medida y pidió perdón a los judicializados. Reacción similar desató un llamado similar de noviembre de 2015.

Una acción alucinada para una reacción apocalíptica

La toma de la sede del poder judicial por el M19 fue un ofuscado y angustiado acto de guerra,  de  una organización insurgente a la que ya no la vinculaban los acuerdos con el gobierno de Belisario Betancur, puesto que había declarado rota  la paz armada negociada y mal avenida, en medio de constantes refriegas provocadas por la ostentación guerrillera y la no disimulada animadversión de las  Fuerzas Armadas -demostrada con hechos- y del grueso del establecimiento.

Fue una acción militar por diversas razones atolondrada, fallida y obstinada. Además de anunciada, advertida y debidamente anticipada por el ejército que la repelió casi de inmediato y con un objetivo definido: “hay que acabar con todo”. Una de las líneas de investigación que adelanta hoy la Fiscalía se orienta a examinar si los guerrilleros  fueron conducidos a la “Cueva del ratón”.

Tal como lo han reconocido miembros sobrevivientes de esa guerrilla, incorporados a la vida civil, tras acuerdos con el gobierno de Virgilio Barco en 1989, la toma del Palacio de Justicia constituyó un error político garrafal derivado de un equívoco análisis de coyuntura, una ligera apreciación de la correlación de fuerzas y una ingenua apreciación de la catadura de su enemigo.

Para entonces, al decir del exministro de gobierno, Jaime Castro, el gobierno había logrado el desprestigio político del M19, éste había recibido bajas de alto valor aunque realizaba operativos de gran impacto (atentados contra el Ministro Castro, el General Samudio y guarniciones militares),  la Corte Suprema tenía enemigos en varios frentes y las Fuerzas Militares y los adversarios de los acuerdos habían copado el escaso margen político con que Betancur inició su política de paz.

Con la “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, según la proclama de “demanda armada”, inspirada en un pronunciamiento del líder liberal y militar Rafael Uribe Uribe durante la Guerra de los Mil Días de comienzo del siglo XX, preparada para hacerse pública una vez copado y controlado el palacio,  el M19 pretendía, a través de un derecho de petición a la Corte Suprema de Justicia,  enjuiciar al gobierno Betancur por los incumplimientos a los acuerdos de paz que en su análisis constituían un documento jurídico-político extra constitucional vinculante para las partes.

Con los magistrados que aceptaran voluntariamente se trasladarían a sus campamentos en el Cauca para, establecidas las responsabilidades, reestablecer un acuerdo de paz legitimado. Una pretensión tan sugestiva como alelada. 

Las injustificables razones de Estado

La errónea creencia de que el gobierno preservaba el mando sobre la Fuerza Pública y que protegería a la rama judicial, y por tanto aceptaría negociar, llevó al M19 a realizar  la toma. La súplica desoída del presidente de la Corte, Alfonso Reyes: “por favor, que cese el fuego”, que aun retumba y duele, patentizó la equivocación. De pronto, no porque el presidente no lo hubiera deseado, sino porque desplazado del mando, no pudo y asistió cobardemente a la masacre para asumir sumiso la responsabilidad política de la acción militar y luego justificarse con la pueril excusa de que el país habría caído en manos del terrorismo.

El Ministro Castro se sostiene en la legitimidad, legalidad y conveniencia del operativo  de retoma y en que el presidente determinó no negociar desde el primer momento, como éste ha guardado silencio, más allá de perdones a conveniencia, no se ha podido determinar la verdad. Castro fungía como  urticante notario del proceso de paz, había sido objetivo de un fallido atentado del M19 y su esposa, junto con el hermano del Presidente, fueron liberados antes de desatarse el nefasto contra ataque al palacio.

La Ministra de Comunicaciones, Nohemí Sanín, quien se hizo sentir censurando a los medios afirma que no tiene que arrepentirse de nada pues contribuyó a evitar mayores desordenes. Evita considerar que la información sin mordaza habría podido generar la presión necesaria por un cese al fuego y diálogo que suplicaban los rehenes y demandaba el comando insurgente, con lo cual probablemente muy distinto habría sido el desenlace. Prefirió ordenar la trasmisión de un partido de fútbol mientras decenas de personas morían abaleadas o calcinadas.

Los directores de los medios pasaron de la aceptación de censura y la defensa cerrada de la determinación institucional a la admisión prudente, décadas después,  de dudas y al cuestionamiento por los excesos cometidos. Mientras sucedieron los hechos y pudieron, varios reporteros sacaron al aire las voces angustiadas  de rehenes y guerrilleros. Los camarógrafos y fotógrafos captaron y publicaron imágenes dantescas. Pero, en general, las cabezas de los medios, cuando había que hablar, cohonestaron o callaron.

Un vergonzoso pacto de silencio

Con escasas y lúcidas excepciones, entre ellas las dubitativas denuncias del Ministro de Justicia Enrique Parejo, la brillante, reveladora y jurídicamente irrebatible intervención del parlamentario Álvaro Uribe Rueda en el debate del Congreso tras los sucesos, la creación de la Fundación Pro Esclarecimiento de los Hechos del Palacio por Juan Manuel López Caballero, la apertura de investigación por el Procurador Jiménez Gómez y la conclusión de la existencia de un “pacto de silencio” para ocultar la verdad denunciada por la Comisión de la Verdad conformada en 2005, que en lo demás cohonestó sin más versiones manipuladas de los hechos.

Salvo los mencionados y algunos otros, las ramas del poder público, incluido un sector cada vez menos decente de las cortes,  la clase política, los medios y el establecimiento cerraron  filas a fe ciega en torno al gobierno y las Fuerzas Armadas y sobre el M19 se descargó toda la responsabilidad del holocausto.  Nilson Pinilla, quien presidido la mencionada comisión, afirmó la existencia de un acuerdo para enmascarar lo que pasó.

Durante tres décadas el país ha sido testigo de una coarta institucional para la  impunidad en favor de los miembros de la fuerza pública que actuaron en los hechos. De cuando en cuando  interrumpido por nuevas investigaciones obligadas por la presión internacional, de los familiares de los desaparecidos y de los abogados solidarios con ellos, uno de los cuales, Eduardo Umaña Mendoza, en retaliación por los avances en sus pesquisas, fue asesinado. Los procuradores Carlos Jiménez y Alfonso Gómez, pagaron con exilio, calumnia y extrañamiento su posición de investigar y sancionar a los militares responsables de violación de los derechos humanos.

La Fiscalía, con intermitencia, trató de develar misterios en los periodos  de Gómez Méndez y Mario Iguarán. En este último,  la fiscal Ángela Buitrago realizó una investigación a fondo y sustentó la acusación que llevó a la sentencia por la juez penal María Estela Jara del Coronel Plazas Vega y el General Arias Cabrales por desapariciones, en un accidentado proceso, plagado de presiones y amenazas a las operadoras judiciales. Buitrago fue relevada intempestivamente por el Vicefiscal Mendoza Diago y Jara pagó con sicosis de terror su atrevimiento.

El actual Fiscal, Eduardo Montealegre, ha empeñado su misión en determinar la suerte de los desaparecidos y las responsabilidades en los operativos militares, logrando esclarecer algunos casos que a la vez generan nuevas sombras. La Fiscalía trabaja en varias líneas de investigación que contribuyan a aclarar los hechos.

“Solo la verdad os hará libres”

Las pesquisas judiciales han coincidido con las divulgaciones o los hallazgos de notorias investigaciones periodísticas adelantadas tras los hechos, como las de Ramón Jimeno, Olga Behar, Germán Hernández y Jorge Rojas-Germán Salgado; sobre el decurso judicial, Echeverry-Hanssen, o con la profundidad, acervo y distancia de los años, caso de Prohibido Olvidar ensayo crítico de Gustavo Petro y Maureén Maya, El Palacio sin máscara, documentado y estremecedor reportaje de Germán Castro Caycedo y el excepcional Palacio de Justicia Una tragedia colombiana de Ana Carrigan.

También son reveladores los documentales 28 horas bajo fuego, producido por Adriana Villamarín y Juan Antonio Venegas para Señal Colombia, y La Toma de Angus Gibson y Miguel Salazar, financiado pero nunca exhibido  por RCN Cine. Las facilidades recientes para hacer cine han permitido la realización de una discreta Antes del fuego y el homenaje a los desaparecidos plasmado en la historia de la Siempreviva, versión de la obra teatral homónima de Miguel Torres puesta en escena hace 20 años, basada en la historia de la desaparecida empleada de la cafetería del Palacio de Justicia, Isabel Cristina Guarín, cuyos restos fueron identificados en octubre de 2015 por el Instituto de Medicina Legal a instancias de la Fiscalía.

Contra el deseo de algunos aún no se ha cerrado el nefasto episodio del Palacio de Justicia. Sin la verdad sobre ese hecho  vergonzoso por parte de todos los implicados, el pasado reciente de Colombia estará siempre en cuestión. Las actuales negociaciones con la insurgencia podrían cerrar el capítulo correspondiente al conflicto armado interno de carácter sociopolítico que desangró al país durante medio siglo y obligan a una revisión descontaminada de ese período aciago.

En ese propósito es fundamental que los involucrados en las decisiones políticas y militares  en la masacre del palacio rompan su silencio. Más que  ofrecer  perdones entre dientes se requieren revelaciones y en lugar de justificaciones amañadas, responsables, aunque no haya castigo. Solo así podremos ver hacia atrás para repudiar y no repetir las salvajadas cometidas y construir un país donde la dignidad, la justicia y los derechos imperen para todos. Donde nuestra memoria no desaparezca en la hoguera de las vanidades.

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