Publicado el: Jue, Sep 13th, 2012

Negociar para acabar la guerra y construir entre todos una paz duradera con justicia social

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Daniel Medina Gonzalez*

Con la esperanza de que esta vez si se llegue a un feliz término, los colombianos debemos apoyar con moderado optimismo pero con absoluta determinación, la decisión del Gobierno Nacional y las FARC –EP de transitar la vía del dialogo y la negociación política para ponerle fin a la confrontación armada y concertar la  desmovilización de los combatientes y su reintegración a la vida civil. Este paso, es absolutamente necesario para construir la paz que toda la sociedad reclama.

Mas de cincuenta años de lucha contrainsurgente, de ”seguridad nacional” y  “seguridad democrática” sin alcanzar una victoria militar definitiva sobre la insurgencia,  debe servir como referente de análisis, para que quienes le han propuesto al país como estrategia y propósito superior del Estado la derrota militar de  las guerrillas, y particularmente los defensores del modelo de “seguridad democrática”, hagan hoy, un balance objetivo de los resultados alcanzados en dicho empeño, de los efectos y de la persistencia de las causas sociales motivadoras o alimentadoras de la violencia,  y de los  elevados e injustificables costos en materia de violaciones a los derechos humanos y de victimización de la población civil  como consecuencia directa o indirecta de las estrategias y acciones desarrolladas por el Estado y los diferentes actores armados en el contexto de la confrontación armada interna.

Las guerrillas, cada vez mas alejadas de los ideales altruistas que les dieron origen e  inmersas en estas ultimas décadas en una absurda e irracional  violencia contra la población civil, también debieran darse la oportunidad para repensar y retomar su ideario altruista  de transformación y cambio social, reconocer la caducidad histórica de la violencia como medio o método para alcanzar las transformaciones sociales, y para comprender que la dialéctica de la transformación revolucionaria transita hoy por las vías pacificas y democráticas para superar las realidades de inequidad, desigualdad e injusticia social que golpea día a día a vastos sectores de la población colombiana.

Sin desconocer que a fuerza de releer la historia reciente, adelantar las conversaciones en medio de las hostilidades, emerge en principio como una decisión inevitable y realista, en absoluto debe entenderse como algo insuperable, pues siempre, lo deseable será que se silencien las armas y se decrete un cese de hostilidades mientras se negocia. Por ello, bien  vale la pena plantearse para la ocasión,  la necesidad de precisar en que contexto de guerra es que las partes se sientan a hablar y negociar, sin que ello implique condicionar las conversaciones a  negociar un cese al fuego ni nada parecido. Lo que se propone es que las partes unilateralmente y como ratificación expresa de la irrevocable voluntad de negociar hasta concretar un acuerdo,  se comprometan ante la comunidad internacional y la sociedad colombiana, a conducir las hostilidades en estricto acatamiento de la normatividad internacional humanitaria a la que siempre han estado obligados. La oficina de Derechos humanos en Colombia de las Naciones Unidas, El CICR y otros organismos internacionales,  contribuiría eficazmente mediante una gestión confidencial y llamados en la orbita de sus mandatos según sea el caso, para que las partes respeten la normatividad humanitaria internacional tanto en la conducción de sus hostilidades como en el respeto y protección de la población civil durante todo el proceso, con ello se estaría contribuyendo a evitar males mayores y sufrimientos innecesarios, dando elementos de sostenibilidad y credibilidad al proceso.

También sería deseable que de igual manera, las partes redefinieran en su actuar  la territorialidad del conflicto tomando como referente que  el escenario histórico y estratégico del conflicto armado interno ha sido el campo colombiano y que cuando el conflicto ha sido llevado a las ciudades, se ha profundizado su degradación mediante acciones de terror individual, prácticas terroristas indiscriminadas y en general por el uso de medios y métodos prohibidos por el DIH. Resulta conveniente entonces, que durante las negociaciones se excluyan los cascos urbanos de pueblos y ciudades como escenarios de la confrontación militar y por tanto no se realice sobre  ellos, ningún acto de hostilidad militar. La exclusión de los territorios urbanos significaría también poner a salvo de los efectos de las hostilidades a un alto porcentaje de la población civil, renunciar a los actos de terror individual y de terrorismo indiscriminado con que tradicionalmente se han afectado los  pueblos y ciudades de Colombia y se haría evidente una mayor coherencia con el propósito de no levantarse de la mesa hasta lograr un acuerdo que materialice la solución política de la confrontación armada interna.

La sostenibilidad y credibilidad del proceso se vería reforzada, si las partes unilateralmente y acorde con la voluntad de concertar una solución política que ponga fin a la confrontación ramada, desde ya, comienzan a afectar negativamente los recursos que gastan en la guerra, incrementando la inversión que hacen para su relacionamiento con la comunidad, procurando que dicho relacionamiento contribuya a aclimatar relaciones pacificas de convivencia, promover procesos de reconocimiento e inclusión social, mejores condiciones de vida y oportunidades para el desarrollo de los grupos mas vulnerables.

Una gran aporte para el postconflicto, estaría representado en el hecho que  los ejércitos y grupos que hoy participan de la contienda, incorporaran en sus protocolos de formación y capacitación, fundamentos teóricos y prácticos para la convivencia pacifica, la resolución pacifica de conflictos, el respeto a los derechos humanos, la participación democrática, la tolerancia, el pluralismo y el respeto por la  diversidad y la diferencia.

Apoyar la negociación de una salida política al conflicto armado, no es una opción, es una responsabilidad histórica y nos debe convocar a avanzar en el proceso de reconciliación de todos los colombianos, y a promover desde ya las condiciones necesarias para que todos nos incluyamos en el proyecto colectivo de construir la paz con justicia y equidad social y del paradigma democrático  de la inclusión y el reconocimiento de la diversidad y el pluralismo como base de nuestro futuro como sociedad.

* Abogado de la Universidad Libre de Colombia, con estudios de especialización en instituciones políticas y derecho publico de la Universidad nacional y derecho administrativo en la universidad Santiago de Cali; ex defensor delegado para la protección de la población civil como consecuencia del conflicto armado y ex Director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo;  Ex -Personero Delegado para los Derechos Humanos de Bogotá, D.C.

 

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