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Publicado el: Mie, Sep 5th, 2012

Mientras tanto.


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Por Deidamia García *

El profesor Alejandro Gaviria,  ministro de salud, enfrenta enormes desafíos. Uno de ellos, seguramente  muy personal, será hacer práctico y operativo lo que en principio ha sido un abordaje serio y crítico pero poco experiencial de los temas del sector. Resulta un ejercicio apasionante y aterrador, pasar del salón de clase al mundo del poder ejecutivo;  oportunidad de incidir en tiempo escaso, tensiones y presiones permanentes, decisiones  y acciones con efectos e impactos algunas veces inesperados. También lo es, el camino contrario, de funcionario a bloguero o  columnista; el cambio de velocidad, el pensar y opinar de manera coherente, afinar la crítica y la independencia, no dar todo por malo,  por bueno o por hecho y seguir siendo sugerente.

Desde el gobierno nacional, como se conoce, se ha decidido enfocar la gestión del sector salud, en  dos frentes, la sostenibilidad financiera y la depuración de las empresas prestadoras de salud (EPS), en lo que parece ser el ajuste de algunos instrumentos del actual sistema y no una reforma de fondo. Mientras tanto, en el congreso iniciará su tramité, el proyecto de ley estatutaria, urgirá  la revisión sobre el cumplimiento y los efectos reales de la igualación del Plan Obligatorio de Salud, el control a la industria farmacéutica y lo más importante, la transformación de manera concreta, de la ineficiencia y precariedad en el acceso y prestación de  los servicios de salud.

Frente a la crisis en la salud, se puede elegir, por lo menos uno de dos caminos identificados:  el camino de la revisión y los ajustes técnicos de funcionamiento del sistema, incluyendo el salvamento y no la depuración de las EPS, acudiendo  en nombre de la sostenibilidad fiscal y de la supervivencia en las reglas del mercado, a la restricción – como ya se ha hecho –  de  otros derechos y de los mecanismos de reclamación judicial, que hasta ahora han abierto paso para resolver las situaciones de vulnerabilidad y desasosiego  a las que se ve expuesta la población. De otra parte, se puede también, elegir el camino de una reforma estructural, en donde la salud sea una responsabilidad del Estado, los intereses y actores visibles y la administración de todos los instrumentos y recursos del sistema, no solo de algunos,  tengan como base la  transparencia, la equidad y la eficiencia.

Mientras tanto y en particular, mientras la nación dilucida el camino, conviene revisar algunos temas puntuales de la agenda del gobierno de Bogotá en materia de salud; embarazo adolescente, violencia contra las mujeres, interrupción voluntaria del embarazo. La orientación del gobierno local, está puesta  en las metas del plan de desarrollo y en un ambicioso  plan territorial para la ciudad, que  muestra  a un actor activo y protagónico en la tarea de recoger la indignación que han producido, la corrupción y la deshumanización de la salud, para llamar a la movilización de la ciudadanía en torno a la defensa del derecho a la salud.

Con relación a la prevención del embarazo adolescente, que ya registra en lo corrido del primer semestre del año en el grupo de 15 a 19 años, 9.365 nacimientos, se ha puesto en marcha una estrategia integral que incluye, por ejemplo, la capacitación de profesionales de la salud, así como la disposición cada vez más amplia, de servicios de información, consulta, atención y participación en derechos sexuales y reproductivos, accesibles a los adolescentes y jóvenes. La estrategia  compromete responsabilidades de los sectores  de salud y educación.

Sin embargo, todavía hay demasiada sutileza y poca contundencia en el sector educación para lograr una educación con perspectiva de género real y de garantía de derechos sexuales y reproductivos. Se requiere de una educación sexual intencionada y como estrategia distrital, que haga énfasis en acceso y permanencia  en el sistema educativo y  en la educación para el ejercicio libre, responsable y autónomo de la sexualidad.

Educación para saber y hacer uso de métodos anticonceptivos, acceder a más oportunidades de desempeño laboral por parte de las mujeres, exigiendo un trato igualitario y digno, efectividad en el uso de esquemas básicos de prevención y atención oportuna de enfermedades, influencia transformadora de las estructuras y las relaciones familiares. Mientras tanto, parece que se sigue con charlas y un esquema de orientación estudiantil de poco impacto, esto no contribuye  en modificar el indicador  referido a la demanda de los servicios de salud por parte de los y las jóvenes, que seguirán siendo pocos y llegando tarde.

Las exigencias de las mujeres pertenecientes al Consejo consultivo de mujer y género  del distrito capital, relacionadas con la revisión de la situación de seguridad de las mujeres  en la ciudad y su exposición a todo tipo de violencias, tienen  claro fundamento en las cifras y en sus propias historias de vida.  Ahora bien, la violencia contra las mujeres, no es solo un problema de seguridad, esta  dentro de las responsabilidades de la salud pública, más allá de ser categoría de análisis o asociada a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Enfermedades de todo tipo; ginecológicas, de transmisión sexual, lesiones corporales, dolores físicos sin causa aparente, infecciones respiratorias, depresiones, trastornos en la alimentación y el sueño tienen su lugar de origen en la violencia intrafamiliar y en otras formas de violencia por fuera del ámbito de la familia, como la violencia socio–política. La salud y la recuperación emocional de las mujeres víctimas del conflicto  tienen que ser capítulo esencial  de los planes territoriales de salud y en especial de la línea de servicios. Mientras tanto, se sigue a la espera de un sistema distrital, real y efectivo para hacer seguimiento de los servicios de salud, profundizar en los factores de riesgo de enfermedad  y su relación con la violencia ejercida hacia las mujeres.

Las mismas mujeres del Consejo Consultivo, en representación de mujeres de diferentes  organizaciones sociales, comunitarias, comunales de la ciudad, han sido enfáticas con la Secretaria de Salud, en la necesidad de tener a disposición, una resolución que clarifique y establezca, el protocolo de atención para la práctica del aborto, en las tres circunstancias  señaladas por la Corte Constitucional según la sentencia 355 de 2006, con respeto a la autonomía,  dignidad y vida de las mujeres y no a la discrecionalidad, religiosa o moral de los  profesionales  de  la salud.

La Secretaria ha asumido ese compromiso con convicción, pero la resolución no aparece, la misma ha sido objeto de varias revisiones incluso desde la administración anterior, ha dado largos paseos en las oficinas jurídicas y en los despachos de diferentes servidores públicos, me temo que a más de uno se le ha aparecido la imagen de cierto defensor de “derechos”, la resolución es uno de esos documentos públicos cuyo estado de elaboración permanente es: “en firmas”, mientras tanto, la vida de las mujeres puede estar en riesgo.  En medio de los pendientes, guardo cierta tranquilidad, porque Bogotá sigue siendo una ciudad en donde se quiere y se puede hacer real el estado social de derecho para todos y todas, por eso aquí seguimos, mientras tanto.

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* Licenciada en Psicología y Pedagogía. Especialista en Gerencia Educativa, Especialista en Gobierno y Políticas públicas, Gerencia  y Gobernabilidad Política. Ha ejercido diversos cargos y responsabilidades  públicas relacionadas con la gobernabilidad local, la implementación de políticas  sociales de reconocimiento y redistribución, proyectos y estrategias de participación, movilización social y reconocimiento de la diversidad.   @Deidamiapiensa

 

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