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Publicado el: Jue, Jul 12th, 2012

Medellín: Hacia una política pública de Derechos Humanos

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Por: Andrés Preciado.

En Medellín además del tema de seguridad que define buena parte de la agenda pública, existe un problema de significativa relevancia y preocupación ciudadana: la protección de derechos humanos; sin ánimo de exposición exhaustiva y alejándose del acercamiento estadístico, es necesario establecer algunos puntos importantes para enriquecer la discusión en torno a este fenómeno.Medellín ha sido una de las ciudades que más reinsertados recibió en el país producto de la desmovilización de paramilitares impulsada en el gobierno Uribe. Igualmente tiene altas cifras como ciudad receptora y expulsora en el tema de desplazamiento, receptora de lugares con conflicto armado en el departamento primordialmente, y expulsora si se tienen en cuenta fenómenos como el desplazamiento intraurbano, preocupación significativa en materia de seguridad.

Estos dos escenarios problemáticos (Reinserción y desplazamiento) aunado a la implementación de la Ley de Víctimas que incluye sistemas de atención a víctimas a nivel local encargados de la política pública de atención a comunidades vulnerables, en riesgo o víctimas de violación a Derechos Humanos constituyen un reto clave para la actual administración de la ciudad en cabeza de Aníbal Gaviria.

El actual Alcalde parece ser consciente del reto y en tal sentido la reformulación administrativa del municipio que incluyó la creación de la Secretaría de Seguridad, modificó también la estructura de la Secretaría de Gobierno, donde además de otras dependencias se creó la Subsecretaría de Derechos Humanos, ésta apuesta desde lo gubernamental constituye un paso trascendental en la consolidación de un sistema eficiente de promoción, prevención y atención en Derechos Humanos en la ciudad, no obstante debe estar acompañado de una destinación presupuestal importante y de una organización de cargos acorde a las problemáticas, metas para lo que resta del año en la Alcaldía.

La construcción de una política pública en materia de Derechos Humanos en Medellín requiere, además del concurso de las instancias nacional, regional y local de gobierno, de un compromiso firme y decidido de parte de la sociedad civil, que parece reflejarse en el trabajo de instancias no políticas y de iniciativa ciudadana como la Mesa Metropolitana de Derechos Humanos, vale la pena señalar que esa coordinación incluye trabajo conjunto y establecimiento de mínimos de entendimiento y no un excluyente contrapunteo entre los representantes del Estado y las organizaciones no gubernamentales y otras iniciativas civiles.

Dentro de ese compromiso ciudadano es imperioso el respeto y entendimiento del sistema de atención a víctimas como un programa de restablecimiento de derechos y vulneraciones y no como una iniciativa asistencialista y posibilidad de engaño al estado. Ser víctima no puede convertirse en negocio, lejos de ello lo que pretenden programas como los de este tipo de atención a víctimas es devolver a quien sufrió una vulneración su condición integra de ciudadano.

He ahí el insumo para la construcción de política pública: El estado diseña un sistema de promoción, prevención y atención eficiente, interdisciplinar y efectivo que permita resolver las vulneraciones en Derechos Humanos y la sociedad civil entiende su papel de corresponsabilidad y acompañamiento, esto debe comprender la construcción de protocolos claros y ágiles de atención a víctimas de violaciones de Derechos Humanos.

Evitar que ser víctima se convierta en un negocio donde el asistencialismo es visto como oportunidad de ilícito a través de la implementación de rutas claras de recepción de denuncias y atención a víctimas el gran reto para la Subsecretaría de Derechos Humanos y todo el sistema de atención nacional, regional y local.

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