Publicado el: Mar, Nov 11th, 2014

Los retos de la implementación de los acuerdos de La Habana


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“Es cierto que los cambios no sucederán de la noche a la mañana, pero también lo es que el Estado colombiano debe enfrentar este punto desde una mirada pluralista que permita generar garantías a quienes están regresando a la vida civil”.


Construyendo acuerdos

Hace unas semanas se dieron a conocer al país los borradores conjuntos de los puntos que han sido trabajados en la mesa de negociación en la Habana entre el gobierno nacional y los representantes de las FARC. Estos son: 1. Política de desarrollo agrario integral, 2. Participación política, y 3. Solución al problema de las drogas ilícitas.

Estos tres puntos, de entrada, han sido el avance más significativo en la búsqueda de la paz que ha tenido la historia del conflicto armado colombiano. En estos se puede observar la seriedad con la que cada delegación ha estado trabajando en la mesa de negociación, ya que temas de enorme relevancia como la tierra, ha sido abordado con ánimo constructivo y realismo político para que su puesta en práctica pueda ser viable una vez finalizados los diálogos.

Sin embargo, ahora que se conocen estos tres borradores vale la pena llamar la atención a la importancia que tendrá el punto seis, que esperemos no se encuentre muy lejos de ser abordado, del acuerdo general que hace referencia a la implementación, verificación y refrendación. Pues es en este, como veremos a continuación, donde se juega el futuro de la paz en Colombia, ya que de nada serviría la construcción de unos acuerdos técnicamente sólidos en un ambiente que no brinda la seguridad suficiente para los actores que protagonizaron el conflicto armado.

Condiciones de seguridad

Existen distintos abordajes para comprender las dinámicas de negociación en los conflictos armados, que van desde el inicio de los diálogos hasta los roles que deberían desempeñar los actores del conflicto una vez este haya finalizado. Sin embargo, la profesora de la Universidad de San Diego, Barbara Walter, ha sostenido una interesante tesis en la cual si bien se reconoce la importancia de las negociaciones, el paso fundamental en el camino para alcanzar una paz sostenible reside en dos factores: las condiciones de seguridad de los combatientes durante la desmovilización y después de ella, la posibilidad de compartir el poder.

Si alguno de estos dos factores falla, sostiene Walter, existe una alta probabilidad de que la implementación de los acuerdos no llegue a buen puerto; de hecho puede llevar a la reanudación del conflicto. Su estudio arroja que entre 1940- 1990 el 42 por ciento de las guerras civiles (17) experimentaron alguna forma de negociación, pero sólo el 94 por ciento de estos casos llegaron a redactar algún tipo de acuerdo de cese al fuego. Esto debido a la desconfianza de los actores armados por implementar acuerdos que los puede mostrar vulnerables a su contraparte.

En el caso colombiano el punto 6 del acuerdo general prevé  el acompañamiento internacional para la implementación y verificación de lo acordado. Esto de entrada es un factor clave, no obstante, cabe aclarar que en el momento que se acuerde la desmovilización de los miembros de las FARC se debe contar con una tercera parte –ojalá internacional- que verifique  la desmovilización de este grupo armado, pero también que les brinde seguridad frente a la posibilidad de ser objeto de un ataque a sus miembros bien sea por parte del Estado o de las llamadas bandas criminales.

En Colombia esta posibilidad es latente. Basta recordar el genocidio del que fue objeto la Unión Patriótica, el cual tiene en su haber más de 6.000 víctimas por pertenecer a este partido político. Por tanto, las estrategias que se implementen para reducir las amenazas a los ex combatientes una vez depongan sus armas, serán fundamentales en aras de brindar una paz estable y duradera.

Los combatientes que se encuentran en negociación pueden ser reacios a entregar sus armas, al igual que el control territorial que ostentan en algunas zonas del país y la visibilidad pública que les otorga sus acciones. En este orden de ideas, las estrategias de cooperación para llegar a buen término la negociación y que la implementación sea una realidad puede pasar por el diseño de un plan de desmovilización que involucre a un tercero internacional que monitoree, verifique y garantice la seguridad de los ex combatientes, pero también que demuestre su capacidad de actuar frente a la tentación que tendrán algunas facciones de no cumplir con los acuerdos a cabalidad.

Este tercer actor no sólo debe garantizar la seguridad de los grupos involucrados en las negociaciones, sino que debe visibilizar las violaciones detectadas a los acuerdos sin importar quien las cometa, sea Estado o guerrilla, y trabajar por el mantenimiento de las promesas construidas.

Compartir el poder

El segundo factor que debe ser tenido en cuenta además de la seguridad de las partes, hace referencia a la posibilidad de compartir el poder. Este es un tema neurálgico que fue abordado en el punto 2 del acuerdo general y que fue conocido por la opinión pública la semana pasada, donde se abordan las condiciones en las que se podrá llevar a cabo el ejercicio democrático una vez las armas sean depuestas.

Es de resaltar que este aspecto si bien es cierto es de implementación progresiva, la experiencia internacional demuestra que el primer año luego de la finalización del conflicto es crucial para evitar su reanudación. Si los pactos para compartir el poder no reflejan un cambio mediato en las condiciones democráticas de juego, los actores armados, en este caso las FARC, podrán pensar que existen posibilidades para su exclusión en cuanto a los debates políticos del país, y aún peor, la construcción de escenarios que se traduzcan en abusos futuros.

Las instituciones de un país que afronta un posconflicto deben encontrarse en la disposición de afrontar cambios; sean estos mayores o menores. Es cierto que los cambios no sucederán de la noche a la mañana, pero también lo es que el Estado colombiano debe enfrentar este punto desde una mirada pluralista que permita generar garantías a quienes están regresando a la vida civil. Es importante en este caso desmontar todos los peligros reales e imaginarios que puedan rondar la negociación, pues a mayor sea el daño que se piensa  puede causar una de las partes, menor será la voluntad de implementar estos acuerdos.

El borrador conjunto en términos de  participación política es rico en proponer condiciones que garanticen tanto la seguridad de los futuros ex miembros de las FARC como de generar canales que permitan una competencia democrática pluralista, transparente y de cara al país. La participación de grupos de base que permitan empoderar poblaciones que históricamente han sido excluidas por los grupos dominantes en el país es algo que se resalta en este borrador.

De acuerdo a la profesora Walter, este punto, compartir el poder, es necesario para que los combatientes no sólo estén dispuestos a llegar a una mesa de negociación, sino que una vez construidos los acuerdos, se implementen y exista un real compromiso frente a  la paz. Es lo que ella llama la “teoría del compromiso creíble”.

Razones para ser optimistas

A pesar de las dificultades que han existido y  existen en torno al proceso de paz que se está llevando a cabo en la Habana, hay razones para estar optimistas. Los borradores conjuntos que se conocieron dan cuenta de un trabajo juicioso, concertado y realista por parte de los negociadores de ambas partes con miras a construir un proceso viable.

Es la primera vez en la historia del conflicto armado colombiano que se llega a un punto como en el que nos encontramos; ojalá sea un punto de no retorno, en el cual, sea más costoso a los actores retirarse de la mesa que estar en ella. Pero esto es sólo una parte de los retos que se han asumido al procurar poner fin a un conflicto de más de cincuenta años.

Los retos que se plantearon en este artículo hacen parte tanto de la mesa de negociaciones como del proceso de refrendación y de implementación. Es aquí donde la sociedad colombiana tomará la decisión de seguir adelante con lo acordado, pero también de brindar de garantías la integración de los miembros de las FARC a la contienda democrática, una vez hayan respondido por sus actuaciones.

Construir un ambiente de seguridad que reafirme la intención de los miembros de este grupo armado de jugar bajo las reglas democráticas, es el reto que se tiene como sociedad, al igual que el de construir herramientas de verificación de cumplimiento de los acuerdos. Al finalizar el conflicto armado todas y todos debemos caber en el mismo país.  Ahí está el gran reto.

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