Publicado el: Jue, Nov 1st, 2012

Los PEROS de la desprivatización de Petro, según el Concejal de Roux

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En su último boletín “Apuesta por la Ciudad”, el concejal Carlos Vicente de Roux hace algunas reflexiones sobre las implicaciones que tiene la política de desprivatización que viene desarrollando el alcalde Petro.

De Roux tiene claro que el empeño del Alcalde por “desprivatizar actividades y centralizarlas en unas pocas entidades distritales, para cumplir su programa y fortalecer el sector público”, genera el interrogante “de si esas tareas van a quedar en manos de entidades o empresas que tengan el engranaje gerencial, técnico y logístico necesario” para realizar una buena ejecución.

No la tiene fácil el alcalde Petro, pareciera pensar Carlos Vicente, pues de una parte debe cumplir unas gigantescas metas de gobierno y de otra, “fortalecer al ente público distrital”, arrebatándole parte de la contratación a los privados, quienes siempre se quedan con buena parte de los recursos destinados para las obras.

El lío comienza cuando el Distrito lleva mas de 10 años desmontando toda su capacidad de ejecución y ahora tiene que empezar a experimentar fórmulas, para “devolverle al sector público actividades que fueron traspasadas a los particulares mediante licitaciones, y centralizar en una sola entidad distrital lo que vienen haciendo varias”, señala el concejal.

De Roux se detiene a analizar casos como el de la Empresa de Acueducto, que debe encargarse “de la recolección de las 6.000 toneladas diarias de residuos sólidos que produce la ciudad, y que reasuma las zonas de comercialización de sus servicios y atención a sus usuarios que vienen manejando unos “gestores” particulares”.

Por su parte, “las Secretarías de Educación e Integración Social [deben trasladar] a la Empresa (distrital) de Renovación Urbana, ERU, por convenios administrativos, $1 billón para construcción y readecuación de colegios y $1 billón para la construcción de jardines infantiles”.

El otro tema es el de la rehabilitación de la malla vial, donde, “en vez de sacar a licitación las operaciones de rehabilitación de 1.080 kilómetros de malla vial local priorizadas por los cabildos participativos, que valdrán $550.000 millones, los alcaldes locales contratarán directamente la mano de obra. La Unidad de Mantenimiento Vial, del sector central distrital, les facilitará maquinaria y materiales. Un equipo de ingenieros de la Secretaría de Gobierno coordinará los trabajos”.

Para el concejal, el dilema está en si las políticas de Petro deben centrarse al fortalecimiento del estado, asumiendo el mismo la ejecución de las obras, o mantener el actual modelo de contratación, derivando la conclusión que dejar en manos de los privados la ejecución de las obras, puede ser el sinónimo perfecto de corrupción. El concejal se responde, señalando que “no hay respuestas tipo receta. En Bogotá la primera alternativa produjo descalabros como el de la EDIS, la tristemente célebre empresa distrital de aseo, o el de la Secretaría Distrital de Obras Públicas. La segunda condujo al carrusel de la contratación y a los desaguisados de los Nule”.

Otro tema importante es el jurídico. De una parte, el distrito no puede evadir los procesos licitatorios contemplados en la ley 80 y los decretos reglamentarios y de otro, el objeto mismo de las entidades en las cuales se piensa concentrar la ejecución de algunas actividades. Dice De Roux, que “Si se omite definitivamente la asignación por licitación de zonas de operación exclusiva, la Empresa de Acueducto podría recoger los residuos, pero bajo un esquema de libre competencia con los operadores privados que desbarajustaría el servicio… también habría que asegurarse de que el objeto social de la ERU abarque las operaciones contempladas en los convenios con las Secretarías. Y resolver el problema de que la ejecución directa de la rehabilitación vial dejará a las obras sin garantías de compañías de seguros (estabilidad y otras).

Lo cierto es, concluye Carlos Vicente, que las entidades que asuman los roles de ejecutores de obras o grandes proyectos deben tener “el capital organizativo –engranaje gerencial, técnico y logístico–, necesario para llevarlas bien a cabo” y ese tema no está claro, toda vez que en el caso del Acueducto, para citar un ejemplo, la entidad “puede enganchar trabajadores de las firmas que actualmente recogen los residuos y comprar camiones, pero si se va a quedar en el negocio le llevará meses, si no años, montar una andadura eficiente para cubrir buena parte de la ciudad”. Además agrega, “La ERU ha sido una promotora poco exitosa de proyectos de renovación urbana y es demasiado débil y pequeña para construir megacolegios y centenares de jardines”. En el caso de los alcaldes locales, estos “no tienen la experticia y están demasiado agobiados de funciones para ponerse botas y cascos y salir a rehabilitar las calles de los barrios”.

En síntesis, aunque Carlos Vicente de Roux fue uno de los principales “parceros” y artífices de la alcaldía de Petro, y es un convencido que “crear capital organizativo en el sector público es funcional a la democracia y la equidad”, también lo es que estos procesos requieren preparación y eso es lo que no tienen los actuales funcionarios de la administración. El concejal tampoco cree que el mecanismo sea la implementación de convenios interadministrativos.

El líder mas relevante la bancada progresista en el concejo piensa que el “ideal sería comenzar por experiencias piloto, donde el Acueducto licite solamente una zona exclusiva de recolección de residuos o la rehabilitación vial directa se implemente solo en unas cuantas Alcaldías Locales”, para citar dos casos, “lo que le permitiría al Distrito conocer por dentro el negocio de los privados, evitar que creen monopolios u oligopolios, y equilibrar mejor las cargas en los contratos que se celebren con ellos. Y la emulación con los particulares ayudará a que el burocratismo y el clientelismo no gangrenen la operación de las entidades distritales. A partir de esos pilotos se puede expandir, si conviene, la órbita pública, pero evitando llegar al monopolio estatal”.

Por último, Carlos Vicente de Roux le recuerda al alcalde que el candidato Petro “en su programa electoral….no se opuso a que los privados participaran en las obras y los servicios ni a que se los vinculara por licitaciones”, que el candidato, en su informe sobre el carrusel de la contratación “identificó los problemas que éstas presentan y propuso correctivos, como el de formar “un Comité Ético para la contratación […] compuesto por personas de reputada probidad, que se encarguen de vigilar los procesos licitatorios”.

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