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Publicado el: Mie, Dic 5th, 2012

Los paladines de la justicia


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Por Guillermo Segovia Mora

“La tal reforma se convertía en la legalización de los privilegios de los funcionarios de alto nivel de los poderes públicos, un seguro de impunidad para procesos en marcha contra la narcoparapolítica;   el espionaje ilegal del DAS, los aprovechamientos de Agro Ingreso Seguro  y la “rapiña” de los bienes de la Dirección de Estupefacientes (DNE)”

El día de las velitas, previo a la Inmaculada –sinónimo perdido de la administración de justicia en Colombia- se cumplen dos meses del Paro Nacional Judicial, decretado por las agremiaciones del sector, con Asonal a la cabeza, reducido mínimamente en su impacto hace un mes, por un arreglo de parte de las directivas con el gobierno, pero rechazado por las bases, no satisfechas con que la nivelación salarial se limite a los topes establecidos por la comisión oficial ($ 1 billón 200 mil millones) y la gradualidad en la aplicación de tablas, después de dos décadas -sí, dos décadas, es decir, veinte años- de espera. Luego de la firma del “acuerdo”, la ministra Correa dio el paro por concluido, aunque el 70% del sector se encuentra paralizado, incluida la Fiscalía, y nadie en el gobierno ha vuelto a pararle bolas al tema, a no ser para presionar la ilegalidad y obligar a los funcionarios a reiniciar labores so pena de retención de salarios, a escasa semana de iniciarse la vacancia judicial de fin de año. La justeza de la protesta la han defendido desde el Fiscal General de la Nación, hasta los medios de comunicación, sin embargo, el gobierno dice no tener más y hasta allí llega, a la espera de que agotados los empleados del sector se rindan y acepten lo que les dan a la espera de otra oportunidad. Así paso con Uribe, que a punta de amenazas y decretos conjuró un intento anterior.

Contrasta  esta situación, con la decisión que se apresta a tomar la Corte Constitucional, o al menos eso esperamos, de declarar la ilegalidad de las mesadas pensionales superiores a 20 salarios mínimos -de por sí inequitativo tope en un país donde más del 80% de los trabajadores no lograr un ingreso superior a 2 SMLMV- para magistrados de las cortes, congresistas y demás funcionarios de alto nivel en el Estado. A esto se llega luego de que las Cortes y el Congreso, convirtieron en derecho, la ilegal, abusiva, bochornosa e inmerecida práctica de colgarle arandelas al arbolito hasta que  lo tuvieran cargadito para sus francachelas y buena vida, importándoles un comino que la mayoría de sus compatriotas apenas si tiene para pagar un mal almuerzo y un mal techo. Y como han hecho del país su finca, no solo se daban ese beneficio para ellos, justificándolo en que cumplían los períodos legales exigidos, sino que le daban el chance a sus familiares, validos y mozas para que se gozaran el  bien llamado carrusel, pero por períodos corticos para con los últimos sueldos cuadrarse un resto de vida plena. ¡Tan de buenas!

Sinvergüencerías como esa, fueron las que se pretendieron pasar en la nefasta “Reforma a la Justicia”, aprobada  por el Congreso, con  el aplauso gubernamental, e “inaplicada” por el propio gobierno ante la indignación de columnistas de opinión, ong´s, la oposición (Polo, Progresistas), algunos verdes y algún liberal. La tal reforma se convertía en la legalización de los privilegios de los funcionarios de alto nivel de los poderes públicos, un seguro de impunidad para procesos en marcha contra la narcoparapolítica;   el espionaje ilegal del DAS, los aprovechamientos de Agro Ingreso Seguro  y la “rapiña” de los bienes de la Dirección de Estupefacientes (DNE), entre otros, en el período Uribe, y futuras prácticas criminales. Amén de un contubernio de favores disfrazado de “gobernabilidad”.

Otro tanto acaba de pasar con la relección del Procurador por  la manguala politiquera de la Unidad Nacional, con la aquiescencia del gobierno, que para no quedar mal apoyándolo lo respaldó poniéndole un comodín. Fundamentos filosóficos, de teoría política y constitucionales  argumentan de sobra el carácter inconstitucional de la relección de Ordoñez, quien dada su militancia mariana, beata, homofóbica, discriminatoria y parcializada, no garantiza  el ejercicio de una magistratura moral en el marco de Constitución que consagra la libertad religiosa y de cultos, el pluralismo político e ideológico, el multiculturalismo, el libre desarrollo de la personalidad y demás derechos fundamentales del ser humano elevados a norma superior en la Carta.

No por emocional menos pobre el argumento del senador Juan Manuel Galán Pachón de que Ordoñez merecía continuar por haber actuado firmemente en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, la participación de miembros de la Fuerza Pública, y contra la corrupción, como lo demostró al declarar el magnicidio de su papá crimen de lesa humanidad, al igual que otros casos. Aparte de la discusión de si tal calificación es pertinente para este tipo de crímenes o si fue el “cabezazo”  para evitar la preclusión. Por lo demás, nada nuevo aporta Ordoñez, al punto que hasta en el seriado “Escobar. El patrón del mal”, ni los guionistas ni los productores se cuidaron de señalar responsables, por acción u omisión, así fuera por referencias, en el país claramente descifrables. Los colombianos ya sabemos quien, con quién, para qué y por qué. Que en ese caso Ordoñez haya cumplido el deber no puede absolver sus arbitrariedades. “Pa´godos, los liberales…”

En cambio, el hoy re-elegido cabeza del Ministerio Público, desacató y luego simuló obedecer una orden de la Corte Constitucional, dirigida a corregir actuaciones de la Procuraduría abiertamente inconstitucionales en relación con los derechos de la mujer, el aborto y los derechos de la población LGBTI y ha sancionado con evidente abuso y saña a adversarios políticos. Las creencias religiosas, políticas y morales del señor Ordoñez chocan con la concepción liberal que inspira la Carta, con principios y valores de la modernidad y con los irrebatibles hallazgos e invenciones de la ciencia. Significan un retroceso y aun así, en su albedrío,  puede profesarlas en el espacio de su vida personal, pero no como guía de conducta   del buen desempeño de la función pública y garante de los derechos instituíos en la Constitución del 91. Que tal la  payasada del Presidente del Senado, Roy Barreras, de prohibir la relección. El daño está hecho.

De las incongruencias, incompatibilidades y otros impedimentos que los altos funcionarios escurren por los sifones, está igualmente las del  Fiscal, a quien, aparte de la aberrante actuación en el caso de Sigifredo López, el zigzagueante caso Colmenares, la lentitud en el arañazo de los políticos a la DNE y las incomprensibles negociaciones en el marco de un sistema penal acusatorio incoherente, bien poco mérito le hace el antecedente de llegar al máximo organismo de investigación criminal, luego de haber representado los intereses de la firma Saludcop, hoy encartada judicialmente, con honorarios por la suma de 6 mil millones de pesos -cantidad que jamás verá en su vida un operador judicial. Seguramente en trance de legitimar su presencia en la entidad, se ha hecho el desentendido con el funcionamiento a medias de los despachos y público su apoyo a las causas del paro.

En Colombia, la clase política maneja e interpreta la justicia, como derecho y como mecanismo, a su acomodo, bajo el antiquísimo engaño de que somos un país de leyes, a menos que concedamos que es así porque estas abundan y sirven para que los congresistas justifiquen sus abultados sueldos. No por su acatamiento, puesto que el propio Presidente de la República decidió “inaplicar” el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre límites marítimos con Nicaragua, tras más de medio siglo de aceptar su jurisdicción, haberse sometido el país libremente a la misma en este pleito, la promesa del expresidente Uribe de que se acataría sin disentir y la advertencia de la propia canciller de que iba a ser una decisión salomónica, que según su novedosa interpretación posterior significaba: favorable a Colombia. Del fracaso no hay culpables. Ni nadie renuncia. Uribe en una de sus típicas volteretas llama a no obedecer, otros claman por la fuerza. Queda la pregunta de si el litigio fuera con Estados Unidos y el fallo a su favor, alguien habría dicho algo distinto a que la justicia se respeta -y en ese caso se respeta-  como siempre lo dicen ante los fallos locales, aunque con éstos, para desobedecerlos o negociarlos con las cortes, integradas por los recomendados de los políticos que mandan en el  país, desde que somos.

La vigencia de una democracia plena se levanta sobre poderes públicos fuertes, eficientes, transparentes y honestos y  en su mutua colaboración y control; y, desde luego el respeto y garantía del ejercicio de los derechos  y las libertades ciudadanas. En Colombia hasta las encuestas cuestionan la legitimidad de las ramas del poder, entre ellas la justicia: víctima, cómplice  y cenicienta, aunque tenga tanto paladín pantallero que dice defenderla, o mejor, la defiende para someterla.

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