Publicado el: Mar, Nov 25th, 2014

LO QUE LE FALTA A LA JUSTICIA


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unicorPor: Unicor

A pesar de las consecuencias nefastas y de los perjuicios incalculables para los ciudadanos, no parece razonable manifestarse en contra del paro que por más de 40 días afecta a la administración de justicia en Colombia, es claro que esta actividad esencial en el desenvolvimiento de un país que se pretende civilizado, como el nuestro, está en mora de ser tratada y concebida por parte del Estado y la Sociedad, con el valor intrínseco que tiene para la convivencia pacífica, la equidad, y la paz.

Asonal Judicial se mantiene ante el gobierno Santos, en sus exigencias de nivelación salarial, la diferencia en la remuneración entre funcionarios, jueces y magistrados, es según el mismo sindicato, de tres a uno, funcionarios que no pasan de los $2,500.000 mil pesos, jueces o fiscales que no pasan de $6.000.000 millones, frente a los magistrados que perciben alrededor de $20.000.000 millones de pesos. Esta situación, por demás, común en la burocracias estatal, se debe a que en Colombia los “de arriba”, entiéndase, el alto gobierno, presidente, ministros, directores de departamento administrativo, las altas cortes, los parlamentarios, altos cargos como el fiscal, el procurador, registrador, entre otros, detentadores del poder político, son impúdicamente solidarios para defender, promocionar e incrementar privilegios salariales, que demuestran la inequidad imperante, también al interior de la rama.

Lo descrito, también es una expresión del rezago histórico en la inversión estatal para la justicia, soló hasta ahora parece que los dineros dirigidos van en crecimiento, de 2,94 billones destinados al funcionamiento de la Rama Judicial en este año, se pasaría a 3,32 billones en el 2015. Es decir, habría casi 400.000 millones de pesos más para los encargados de mover el aparato de la justicia en Colombia. Incremento, que parece, no es suficiente, y no lo es, debido a las inequidades estructurales, a que solo para funcionamiento se va el 95% del presupuesto asignado, y tan solo el 5% se destina a inversión, adquisición, remodelación y construcción de sedes, compra de equipos y sistemas de computación. Se explica un poco, por qué el atraso, y el estado de inmovilidad de la justicia, en medio de los cambios sociales, políticos y culturales que atraviesa el país. 

Es incoherente para una sociedad buscar la paz social, sin justicia, ¡así de claro!, si el aparato de justicia que ya viene funcionado con múltiples deficiencias, cierra por completo, nos preguntamos: ¿cómo se están tramitando los conflictos y las discordias ciudadanas, como están viviendo los internos en las mazmorras, mal llamadas centros de reclusión, como se van a condenar a penas ejemplares a sindicados poderosos, que dilatan procesos, buscan prescripciones, o de frente ante el país, se escapan a la aplicación de la ley o a sus condenas, sin que esta justicia cenicienta, pueda o quiera hacer algo al respecto?. ¿No son estos factores creadores de violencia?

El Estado, y en su representación central, el gobierno nacional, está en mora de cambiar las prioridades en el presupuesto nacional, menos para la guerra y pago de la deuda pública y privada, y más para la verdadera justicia, educación, salud y medio ambiente.      

Aún hoy, en tiempos de palabras de paz y reconciliación, de 216 billones de pesos que componen el presupuesto nacional de 2015, para el servicio de la deuda se asignaran 49.5 billones de pesos, el 25% del total del presupuesto, mientras el sector defensa tendrá para el próximo año un presupuesto de 28.2 billones de pesos. Solo esas dos cifras se llevan mucho más del 50% del presupuesto.

Mientras el gobierno Nacional no materialice su voluntad de paz en el presupuesto, las contradicciones sociales permanecerán intactas, la justicia debe estar acorde a los nuevos contenidos jurídicos, no solo se puede seguir hablando de sueldos, la administración de justicia, está en mora de exigir también, más y mejores jueces, verdaderos intérpretes del nuevo ius naturalismo, que incluye el enfoque de derechos humanos y los principios constitucionales como normas jurídicas de aplicación inmediata.

En medio de los vientos de paz, en pleno paro judicial, la asignación presupuestal para el 2015, caracterizan la intención del gobierno nacional de priorizar la confrontación y la inequidad, por ello, parece que la justicia importa poco.

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