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Publicado el: Dom, Sep 9th, 2012

Las historias ocultas tras una absolución: “Pedro Orejas” y el 8.000 de Boyacá

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Por: Claudia Julieta Duque y Paul Bacares, Radio Nizkor

Alianza periodística con Libros y Letras

La absolución, en junio de 2011, del esmeraldero Pedro Nel Rincón Castillo tranquilizó a gran parte de la sociedad, la política, la rama judicial y el estamento militar boyacenses. La decisión del juez Miguel Díaz Palacio no sólo declaró inocentes a alias “Pedro Orejas” y su hombre de confianza Wilson Gerardo Peña Quiñones de los delitos de concierto para delinquir y homicidio, sino que dio al traste con al menos otras cuatro investigaciones penales que podrían develar los nexos de importantes personalidades con organizaciones al margen de la ley.

Desde entonces el proceso -que podría llevar a la cárcel a fiscales, investigadores, altos oficiales del ejército y la policía, ex alcaldes, abogados y hasta a un periodista por sus relaciones con la empresa criminal que supuestamente dirige “Orejas”- reposa en la oficina del magistrado del Tribunal Superior de Tunja José Alberto Pabón Ordóñez, quien asegura no conocer el caso debido a la alta congestión de su despacho, pese a admitir que podría tratarse del más importante de su carrera.

Boyacá, cuya capital Tunja está ubicada 130 kilómetros al norte de Bogotá, se destaca por ser el mayor productor de esmeraldas del país, hecho que en el pasado reciente ocasionó la denominada “guerra verde”, de la que Rincón Castillo es sobreviviente. Durante al menos una década, en los años 80, las esmeraldas financiaron grupos paramilitares de exterminio que dejaron una sangrienta herencia de la que pocos en el país pueden olvidarse.

La empresa Prominas del Zulia, de la que es socio Rincón Castillo, dueña de la mina La Pita, resalta en la región como la que más esmeraldas produce y exporta. Por ello la detención de “Orejas” resintió los cimientos de la sociedad boyacense, con la que éste mantiene excelentes relaciones. Tanto así, que durante el juicio la defensa llegó incluso a citar como testigo de la buena conducta de Rincón a monseñor Héctor Gutiérrez Pabón, entonces arzobispo de Chiquinquirá, actual obispo de Engativá y asesor en la Pastoral de Comunicación del Vaticano.

Rincón fue acusado del asesinato en mayo de 2008 de Miguel Pinilla, escolta de su ex socio y ex cuñado Maximiliano Cañón. Gracias a que los teléfonos de “Orejas” y sus hombres de confianza estaban siendo monitoreados desde comienzos de ese año en el marco de una investigación por tráfico de armas y narcotráfico, la Fiscalía se enteró del homicidio y de la afanosa búsqueda de alguien que se responsabilizara del crimen, así como de falsos testigos para salvar al empresario.

El caso derivó en cuatro investigaciones adicionales en contra de varios funcionarios públicos y otras personas de alto renombre. Dos de ellas están asignadas a la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Tunja, sin titular desde hace tres meses; otra se encuentra en la Fiscalía 54 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, en cabeza de Germán Arias, actual Jefe de la Unidad que investiga la corrupción en la Rama Judicial; y una más en la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía.

Las investigaciones parecerían haberse paralizado luego de que el entonces juez especializado de Tunja, Miguel Díaz, desechara el valor probatorio de 28 DVDs de interceptaciones telefónicas realizadas por la Fiscalía, tras considerar que hubo irregularidades en el manejo de la cadena de custodia de las mismas, aunque durante el juicio nunca se probó que éstas hubieran sido manipuladas o alteradas.

El ente acusador apeló la decisión que absolvió a Rincón Castillo y a su presunto lugarteniente, conocido con el alias de “Peñita”. En las 83 páginas del escrito de apelación, el fiscal del caso, Jorge Eduardo Rojas Pinzón, refutó los argumentos del juez de primera instancia y aseguró que con su decisión Díaz Palacio violó el debido proceso “y gracias a esto permite el mantenimiento de la impunidad y la injusticia”.

Al poco tiempo de haber absuelto a “Orejas”, el juez Miguel Díaz fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Florencia, en Caquetá, un ascenso en su carrera que no se compadece con las críticas de la Fiscalía, para la cual “existe una ausencia absoluta de motivación” en la absolución a “Orejas” y “Peñita”, que constituye “un ejemplo de lo que no debía hacerse”, pues las interceptaciones “permiten concluir que tanto los acusados como los demás integrantes del grupo de Pedro Nel Rincón buscaron alterar las pruebas y atentar contra el buen desarrollo de la investigación”.

Además, según el organismo, “éste proceso no ha sido el único que han intentado atacar los acusados (?). Todas las situaciones irregulares ocurridas con algunas evidencias se deben al mismo comportamiento ilegal del acusado y su organización, a quienes debe reprochárseles esto, y no a la Fiscalía que a pesar de éstas dificultades ha demostrado con claridad los hechos a través de las pruebas, y también la responsabilidad de Pedro Nel Rincón Castillo sobre la muerte de Miguel Pinilla”.

¿El 8.000 de Boyacá?

Pero más allá de las discusiones legales, lo cierto es que las grabaciones que hoy duermen el sueño de los justos en el Tribunal Superior de Tunja podrían desatar un escándalo similar al del proceso 8.000 en Boyacá, pues develarían la existencia de una verdadera mafia al interior de varias entidades del Estado en el departamento.

Altos mandos militares, adscritos a la Primera Brigada del Ejército, entre quienes se encuentran coroneles, mayores y otros oficiales de los batallones de Infantería No. 1 Simón Bolívar (Tunja) y No. 2 Antonio José de Sucre (Chiquinquirá), del Batallón de Artillería No. 1 Tarqui, con sede en Sogamoso, resultan implicados en decenas de grabaciones telefónicas obtenidas legalmente por la Fiscalía durante el año 2008. Incluso, se pactan encuentros con un general en una de las sedes del restaurante Carbón de Palo de Bogotá. Los interceptados demuestran su preocupación porque “El Patrón”, como también se le conoce a “Pedro Orejas”, tiene restricción de porte de armas en la capital de la República y los militares “cuadran” la situación.

En las conversaciones queda claro el apoyo que los militares brindaban a la organización de “Pedro Orejas” para evadir procesos judiciales por tráfico y porte de armas, así como la entrega de dádivas y prebendas por parte de los lugartenientes de Rincón Castillo -esmeraldas y botellas de whisky, entre otras- a cambio de tráfico de influencias, entregas irregulares de armamentos incautados, reuniones y favorecimientos.

Los contactos eran realizados principalmente por Jorge Cómbita -jefe de seguridad de “Pedro Orejas”-, Álvaro Antonio Martínez Chivata, alias “Pescado”, y Wilson Peña, a la postre juzgado con su jefe por concierto para delinquir. Curiosamente, cuando Peña Quiñones fue acusado, quiso firmar un preacuerdo con la Fiscalía, que se negó, para luego resultar absuelto de toda culpa.

Igualmente, los Rincón Castillo se ufanan de la amistad existente entre ellos y el hoy gobernador de Boyacá, Rozo José Millán, así como de sus nexos con “un senador” que les ayudaría a mover contactos en la Fiscalía.

Las llamadas permiten entrever además el alto nivel de infiltración criminal en la rama judicial de Boyacá, pues queda en evidencia el pago de sobornos a jueces, fiscales, investigadores del Cuerpo Técnico de la Fiscalía, asistentes y secretarias de juzgados y abogados que sirven de intermediarios para acomodar procesos penales.

Por ejemplo, en una de las grabaciones tomada el 27 de agosto de 2008, Wilson Peña le asegura a Jorge Cómbita que “el juez de Pauna está cuadrado. La audiencia va a ser simbólica”. No resulta entonces casual que Pedro Nel Rincón Castillo haya salido avante de la mayoría de investigaciones en su contra.

Asimismo, policías de diversos rangos, a algunos de los cuales Rincón Castillo surtía con los uniformes de dotación que debe entregar la institución a sus miembros, un procurador y un contralor, resultan implicados en la organización mafiosa que según la Fiscalía lidera “Pedro Orejas”.

En conjunto, los análisis realizados por el CTI y la DIJIN a los 28 DVDs, constituyen una radiografía del poder corruptor mafioso que habrían construido Rincón Castillo y sus socios. Es tal que la Fiscalía en la acusación aseguró que “de acuerdo con interceptaciones a comunicaciones telefónicas, los integrantes de la organización han realizado acuerdos para cometer secuestros, tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, cohechos, etc., y han contactado a periodistas para que tergiversen la verdad e informen que las armas que les han incautado pertenecen a un grupo ilegal que pretende atentar contra la vida de los mineros”.

Los implicados

Los investigadores de la Fiscalía y la DIJIN han logrado identificar a numerosas personas sobre las cuales se adelantan diversas indagaciones. Entre ellas sobresalen:

En la Rama Judicial:

– Blanca Julia Murillo Sanabria y Luis Eduardo Ayala Cerón, abogados defensores de “Orejas”, quienes serían los encargados de “negociar” los procesos de sus clientes.

– Diego Francisco Rojas Arrizola, investigador del CTI en Chiquinquirá, quien se hace llamar “Pacho” o “Pachito”.

– Néstor René Herrera Ávila, alias “Toto”, funcionario de la Fiscalía General de la Nación con sede en Chiquinquirá, quien según se deduce es un activo informante de la organización.

– Pedro Nel Castro Díaz, alias “el doctor”, Fiscal 15 seccional de Tunja.

– Isabel Cristina Henao, Fiscal 22 seccional de Chiquinquirá, a quien le correspondió el caso del homicidio en el que está involucrado “Pedro Orejas”.

– Simón Martínez, abogado de “Orejas”, fue testigo del pago de sobornos a una testigo. Actualmente ejerce como juez en Boyacá.

– Juan Carlos Cabana Fonseca, fiscal 9 de Tunja.

– Fernando Soler Rojas, alias “Cúper”, juez del municipio de Pauna (Boyacá).

– Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja

– Gerardo Pinzón Molano, ex procurador delegado en lo penal, actualmente prófugo de la justicia por falso testimonio

– Juan Carlos Gutiérrez, Abogado

– Nubia Pardo Castro, asistente del juzgado de Pauna (Boyacá).

– Dr. Alberto Pulido, juzgado

– Dr. Sandoval

– Dr. Jorge Díaz

En el periodismo:

– Miller Orlando Rubio Orejuela, periodista judicial del noticiero CM&, a quien se señala de ser el “encargado de arreglar las noticias”.

En la política:

– Omar Casallas Sánchez, actual alcalde de Pauna

En la Contraloría:

– Un funcionario de nombre Orlando, quien informa que las investigaciones “fiscalmente han salido bien, pero penalmente es otra cosa”

En el Ejército:

– Coronel Mario Alberto Hernández López, ex comandante del Batallón de Infantería no. 1 Bolívar.
– Mayor López, Batallón Sucre – Chiquinquirá

– Mayor Céspedes

– Coronel Rojas, Batallón Tarqui – Sogamoso

– Coronel Morales

– Dr. Mario, asesor jurídico de la Primera Brigada

En el DAS:

– Un funcionario que se identifica como “Martin” y es el encargado de informar sobre órdenes de captura y operativos en contra de la organización. El 3 de mayo de 2008, Martin informa que “el miércoles va el DAS y el Ejército a Tunungua y va a sacar dos fosas comunes, esos muertos son suyos y los van a judicializar, me la cantaron esta mañana”.

En la Policía:

– Coronel Figueroa

– Mayor Guarín

– Sargento Padilla

– Capitán Edilberto Espinosa Sarmiento. Miembro activo del Gaula. Según la Fiscalía, “estaría colaborando a la organización criminal con medios de comunicación”.

– Comandante Rivera, jefe de la Policía de Pauna. “Orejas” dona los uniformes de dotación de la estación.
– Víctor Manuel Díaz Torres – SIPOL Bogotá

– Patrullero Ruíz González – SIPOL Bogotá

– Jorge Palacios – SIJIN

– Capitán Orlando

– Chávez – SIJIN

Los líos de “Orejas” y sus socios

La primera condena en contra de “Orejas” data de noviembre de 1988, cuando un juez sin rostro de la capital boyacense lo condenó a 10 años de prisión por porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares, pena que fue reducida tras varios recursos legales.

Más recientemente, en 2007, fue vinculado a un proceso por desaparición forzada y narcotráfico, del que fue precluido tras el pago de 150 millones de pesos a la fiscal que llevaba el caso, Mónica Patricia González, quien ya confesó y fue condenada por la Corte Suprema de Justicia. En la actualidad, la Fiscalía estudia la reapertura del proceso en contra de “Pedro Orejas”. Mientras tanto, el caso por el soborno no ha avanzado.

En el año 2008, varias caletas con armamento fueron decomisadas en inmediaciones de la mina La Pita. En una ocasión, según se desprende de las conversaciones interceptadas, el entonces comandante del Batallón Sucre devolvió el armamento a los hombres de Rincón tras el pago de una multa y sin proceso alguno de por medio, al hacer ver que la incautación se debió a que los portadores se encontraban borrachos.

En abril de ese mismo año, otro cargamento fue incautado en La Pita, hecho del cual se derivaron acciones tendientes a implicar al ejército -que le había colaborado a la organización de Orejas en diversas oportunidades- en montajes en contra de los esmeralderos (ver artículo: Miller Rubio:  ¿Otro Yamhure?).

En julio de 2010, un nuevo armamento fue incautado, esta vez en una finca propiedad de Omar Rincón, hermano de “Orejas”. En julio del año pasado, Omar y otras dos personas fueron condenadas a 45 meses de prisión por porte ilegal de armas, pena que fue sustituida por la detención domiciliaria. La apelación de este proceso se encuentra también a la espera de decisión en el despacho del magistrado José Alberto Pabón.

En ese caso, los informes de policía judicial dan cuenta de que las armas incautadas “estarían siendo acopiadas por una organización delincuencial liderada por Dumar de Jesús Guerrero Castillo”, alias “Carecuchillo”, reconocido paramilitar de los Llanos Orientales. El proceso, sin embargo, no investigó nada al respecto puesto que los detenidos aceptaron su culpabilidad.

Igualmente, Gilberto Salazar Ballén, alias “Pombo”, cuñado de Rincón Castillo, purga una condena por homicidio. Su lugarteniente, Wilson Peña, pagó prisión domiciliaria también por porte de armas, hasta que fue capturado para que respondiera por concierto para delinquir. En su caso, estaría vinculado a un reconocido juez de ejecución de penas de Tunja como colaborador de la organización de “Orejas”.

Más graves aún resultan las acusaciones que han recaído sobre varios de los 18 socios de Prominas de Zulia. En 2007, uno de ellos, Yesid Nieto, fue asesinado en Guatemala tras haber sobrevivido a dos atentados anteriores. A finales del 2009, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, aseguró que Nieto era un narcotraficante que lavaba su dinero en la mina La Pita y había llevado a la zona grupos paramilitares bajo el mando de su hermano Freddy Rendón, alias El Alemán.

Por su parte, otros dos socios, José María Ortiz, alias “Chepe Ortiz”, y Gilberto Garavito, alias “Ceviche”, fueron acusados de narcotráfico y extraditados a Estados Unidos. Asimismo, Diosdé González, cuñado de Pedro Rincón y socio suyo en La Pita, estuvo detenido e investigado por sus nexos con Pedro Guerrero, alias “Cuchillo”. Según informaciones de prensa, la mina y sus socios están siendo investigados por la DEA.


El derecho a la información en el caso “Pedro Orejas”

El caso de Pedro Nel Rincón Castillo, calificado por la Revista Semana como “el intocable Pedro Orejas”, da cuenta de las enormes dificultades que conlleva para el periodismo informar sobre hechos que involucran a organizaciones presuntamente criminales y mafiosas en diversas regiones del país.

Durante el juicio a “Orejas” y “Peñita”, dos periodistas corresponsales de medios de comunicación nacionales recibieron intimidaciones y amenazas. A una de ellas le enviaron una camándula como advertencia y a otra le entregaron, en medio de una de las audiencias públicas, un escapulario.

Asimismo, el pasado 13 de julio el periodista Paul Bacares recibió en su buzón de voz un mensaje en el que durante tres minutos se escuchan disparos y ráfagas de metralleta, hecho que Reporteros Sin Fronteras denominó como “una clara advertencia”. (Ver: http://es.rsf.org/colombia-un-periodista-de-canal-capital-que-16-07-2012,43035.html). La llamada se dio luego de una entrevista telefónica realizada por Bacares en el marco de esta investigación.

Restricciones más sutiles pero igualmente irregulares se han dado por las reiteradas negativas u obstrucciones del Tribunal Superior de Tunja para la entrega de información que es pública e hizo parte del juicio oral seguido contra “Orejas”.

El magistrado ponente de la decisión de segunda instancia, José Alberto Pabón Ordóñez, se negó a entregar copias de los 28 DVDs que fueron introducidos como prueba durante el juicio por la Fiscalía, bajo el argumento de que éstos no habían sido descubiertos en su totalidad, hecho desmentido por el fiscal del caso, Jorge Eduardo Pinzón.

De igual manera, sólo se entregaron copias parciales de las audiencias de juicio, pese a que durante éste no hubo sesiones reservadas ni restricciones a la prensa. Otras copias que habían sido autorizadas intentaron ser negadas con la excusa de que los CDs que las contenían estaban dañados, lo que resultó ser falso.

Todos estos hechos vulneran los derechos de acceso a documentos públicos y libre información, los cuales, de acuerdo con los Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA del año 2000, deben regirse bajo el principio de “máxima divulgación”, sin interferencias u obstáculos de ningún tipo.

 

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