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Publicado el: Mar, Ago 14th, 2012

La última Polvareda del Alcalde


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Por Antonio Sanguino*

Se está volviendo costumbre que el Alcalde Petro levante una polvareda cada cierto tiempo. Así sea reciclando viejas iniciativas. O trayendo al presente debates pendientes. Pero en boca del mandatario capitalino la polémica resulta inevitable. Así ocurrió primero con la política de “desarme ciudadano”. Luego con la suspensión del espectáculo taurino. Y ahora con la creación de los Centros de Consumo Controlado de Drogas, o los “Centros de Atención Médica para Adictos a las Drogas” CAMAD.  Son debates de alcance nacional o global, aunque no todos corresponden a sus competencias como Alcalde.

Coincido con Petro en que la política contra las drogas debe dar un giro hacia la despenalización del uso y consumo de algunas. O hacia la legalización. Lo han dicho expertos en todos los tonos: el prohibicionismo conduce al fortalecimiento de las mafias. Y los expresidentes Cedillo de Mexico, Cardozo de Brasil y Gaviria de Colombia han llamado, desde hace un tiempo, la atención sobre la revisión de la lucha contra las drogas. No hay que olvidar la paradigmática sentencia de Carlos Gaviria,  entonces Magistrado de nuestra Corte Constitucional, que despenalizó la dosis mínima  Y hasta el presidente Santos solicitó a la OEA en la reciente cumbre de las Américas reabrir la discusión al respecto.

Podemos también afirmar, sin temor a equivocarnos, que existe un consenso global en tratar al adicto como un enfermo y la adicción a las drogas como un asunto de salud pública. En eso también hemos avanzado. Hace poco recibió sanción presidencial la reforma a la ley 30 que obliga al sistema de salud atender medicamente a los adictos en todo el país. Y Bogotá tiene experiencias de atención que merecen ser evaluadas. Hoy la Secretaría de Integración Social cuenta con tres hogares de paso y el centro terapéutico “El Camino” para habitantes de la calle con crónicos problemas de drogadicción. Cierto es que 2.000 millones de pesos anuales resultan insuficientes para la prevención y rehabilitación exitosa de los adictos más pobres. Porque las familias de estratos altos tienen como financiar una rehabilitación que en cualquier centro privado cuesta como mínimo entre 10 y 15 millones de pesos.

Pero la polvareda la levantó el Alcalde por su propuesta específica de crear los centros de consumo controlado. Porque confía en que quitarle el consumidor a las redes de comercio ilegal disminuiría inmediatamente el narcomenudeo. Para algunos sería tanto como abrirle paso al Estado jibaro. Y con razón hay quienes recuerdan la condición de ilegalidad de las drogas en Colombia. Otros han cuestionado el equivocado imaginario de considerar como delincuente a todo drogadicto que se adivina en el planteamiento de Petro. Quizás el narcomenudeo necesite del fortalecimiento de políticas duras de seguridad para perseguir y desmantelar los mercados criminales que lo rodean. En Uruguay, la legalización de la marihuana forma parte de una estrategia integral que incluye el aumento de penas a la corrupción policial, al tráfico de pasta base de cocaína y mayores castigos para los menores que delinquen.

La administración nos recuerda las experiencias internacionales para argumentar su propuesta. Pero los propios estudios de la Secretaría de Gobierno indican que 70 mil bogotanos son adictos a la marihuana, mientras que 16 mil lo son a la cocaína y 7 mil al bazuco. Esta característica particular merecería mayor rigor científico para determinar el tratamiento terapéutico y farmacológico  a cada una de estas adicciones. Y los heroinómanos, para los cuales se crearon muchos de los centros de consumo controlados en Europa y Canadá, prácticamente no existen en las estadísticas de la ciudad.

El debate es bienvenido. Pero es aconsejable que se maduren las propuestas, que sean viables. Y su viabilidad depende de que estén al alcance de las competencias del gobierno distrital.

*Concejal del Bogotá por el Partido Verde

 

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