Publicado el: Mie, Ago 14th, 2013

La reforma al sistema de salud: Discurso de derecho que mantiene la realidad de negocio


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Mucho es el ruido creado en torno a los supuestos avances que representarán en Colombia, las nuevas leyes estatutaria y ordinaria en salud. Para que la primera entre en vigencia sólo está pendiente el control previo de de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, en tanto que la segunda, pasará de las comisiones séptimas de Senado y Cámara, a debate en plenarias. 

¿La Ley Estatutaria, representa realmente un avance?

Los defensores de la Ley Estatutaria, empezando por el gobierno nacional y los partidos políticos agrupados en la llamada unidad nacional en el congreso y obviamente, los sectores que desde 1993 se han beneficiado económica y políticamente del negocio del tratamiento de la enfermedad, la presentan como el más importante de los desarrollos en la materia, al otorgarle el carácter de derecho fundamental, “autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo”1, y responder así a lo planteado por la Corte Constitucional en la sentencia T-760 de 2008.
Pero más allá del reconocimiento formal como derecho fundamental, la mayor expectativa en torno a la ley estatutaria se centraba en el contenido del derecho y su materialización. Lo consignado en el texto revela la visión más restrictiva posible, al definir el contenido del derecho fundamental a la salud, como “el acceso a los servicios de salud”, cuya materialidad será “recibir prestaciones de salud en las condiciones y términos consagrados en la ley”.
Este contenido excluye “las condiciones y los medios para vivir  una vida sana y para el desarrollo de las potencialidades y capacidades humanas, mediante  la afectación de los procesos que determinan la salud de las poblaciones.”2, como se proponía en el proyecto de ley 105 de 2012, presentado por diversas organizaciones sociales, académicas, con el respaldo de una veintena de parlamentarios, retomando la experiencia de casi dos décadas de duración de la Ley 100/93, que posibilitó la mercantilización de la salud.
Sobre este contenido y materialización, es reveladora afirmación la del Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruíz Gómez, al expresar que “lo que se aprobó consolida la visión de lo que el Ministerio tenía frente al derecho a la salud de la población colombiana”3
En consecuencia, es necesario llamar la atención de la población, para no caer en la trampa de los discursos de los altos funcionarios, sobre el supuesto avance gracias al reconocimiento legal de la salud como derecho fundamental, máxime que ratifica la dependencia de la salud a la llamada sostenibilidad fiscal, según la cual, la responsabilidad estatal termina al acabarse los fondos plata asignados –lo que de paso es un nuevo ataque directo al derecho a la Tutela en salud–, y mantiene la capacidad de pago, como requisito para acceso al sistema de salud,
Mención especial merece la forma como de definirán las prestaciones a que se tiene derecho, pues supuestamente en adelante habrá un cambio importante: De ser un Plan Obligatorio que relaciona los procedimiento, medicamentos y tratamientos incluidos, se pasará a una metodología en que todo estará incluido, exceptuando lo de carácter cosmético o suntuario, los que no están autorizados por la autoridad competente y los que deban ser prestados en el exterior. Al excluir aquellos servicios o tecnologías en las “que no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica” o “su efectividad clínica”, se abre una puerta de interpretación muy ambigua que dejará por fuera las medicinas alternativas, así como numerosas tecnologías procedimientos o medicamentos.
Y respecto a la acción de tutela, además de la sostenibilidad fiscal, será gravemente limitada al obligar a que antes de ser procedente, haya que agotar “demandas de nulidad y otras acciones contencioso administrativas”.
La reforma ordinaria: Cambios para fortalecer el negocio de la salud
El proyecto de Ley 210 de 2013 Senado -en trámite-, retoma, refuerza y desarrolla los contenidos de la Ley Estatutaria, en la concepción de la salud como servicio, cuya materialización está sometida a la sostenibilidad fiscal y a la progresividad, “de conformidad con la capacidad administrativa y económica del Estado”, es decir, el Estado elude su deber de garantía.
Pero la mayor promesa gubernamental era la de acabar con la intermediación financiera que tanto costo social y humano ha generado en dos décadas de existencia. Ciertamente el proyecto gubernamental, apunta principalmente a un rediseño financiero del sistema de salud, siendo el principal cambio, la manera como se administran los recursos y se realiza la intermediación:
En adelante el Estado asumirá la responsabilidad del manejo global de los recursos, a través de Salud Mía -entidad de carácter financiero-,  y los intermediarios -que se llamarán Gestores de Servicios de Salud-, mantendrán su papel igualmente determinante, excepto en el manejo directo de dineros, pues autorizarán el pago de los servicios y tecnologías de salud, contratarán con los prestadores de servicios, auditarán las facturas, reconocerán los montos a pagar y ordenarán lo que Salud-Mía pagará a los prestadores de servicios,  y también realizarán “la gestión integral del riesgo en salud”.
La reforma mantiene los regímenes subsidiado y contributivo, ratifica el carácter de ánimo de lucro en el sistema de salud: Todas las empresas  Gestoras –púbicas, privadas o mixtas–, además de aportes mensuales para su funcionamiento, serán premiadas económicamente según su “gestión” del riesgo, al término del periodo fiscal. Así mismo, mantiene los copagos y cuotas moderadoras para los usuarios del contributivo en cuanto a servicios complementarios, según la capacidad de pago.
Adicionalmente, la integración vertical se podrá extender por tres años más a partir de la vigencia de la reforma ordinaria. Y por si fuera poco, se corre el riesgo de que seamos todos los colombianos los que terminemos pagando los 4.9 billones adeudados por las EPS a los prestadores de servicios, a través del Fondo de Garantías para el sector salud.
No menos grave es que por medio de esta iniciativa se creará un nuevo régimen laboral el Colombia: el de los servidores de la salud, que atenta contra los derechos de los trabajadores y empleados del sector salud, aumentando aún más, el costo social en caso de ser aprobada esta iniciativa.
¿Qué hacer?
El enorme desafío que representan la Ley Estatutaria y el Proyecto de Ley Ordinaria, exigen que transformemos nuestra mentalidad sobre la salud, y asumirla integral, colectiva y solidariamente, pues salud es muchísimo más que los servicios en salud; es vida digna y saludable, y tiene que ver también con la alimentación, la vivienda, el ambiente, el trabajo digno.
Es necesario fortalecer la exigibilidad social de nuestro derecho a la salud. No es una limosna, ni un favor que nos hacen. La exigencia debe ser colectiva; es urgente fortalecer los procesos de organización y de movilización. Es fundamental hacer conciencia de que los beneficiarios económicos de los más de 36 billones de pesos/año que se mueven en salud, no están dispuestos a perder semejante negocio; por eso mueven millonarias campañas publicitarias, y financian candidaturas al Parlamento y a la Presidencia. En consecuencia, como pueblo debemos unirnos en pro de nuestros derechos fundamentales, reales y efectivos, a la salud y la seguridad social.
En lo inmediato, hay que participar en las acciones unitarias para reivindicar el derecho a la salud: plantones, cacerolazos, etc., y en el paro nacional convocado para el 19 de agosto por diversos sociales en conflicto.

* Director Octava Papeleta por la Salud y la Seguridad Social como Derechos Fundamentales

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