Publicado el: Sab, Ene 18th, 2014

La Procuraduría: Un estorbo para la Democracia


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DSC04062Por Manuel Muñoz Uribe/

 “¡Cuánta responsabilidad le cabe al exprocurador Charry en estos casos siniestros! Que no tenía recursos-decía-, que  carecía de personal-agregaba-, que no podía interferir la justicia militar-concluía-.Disculpas cobardes. Salidas por la tangente. Falta de carácter. Indignidad en el cargo.”

La procuraduría se ha vendido a la opinión pública como el organismo de defensa de los derechos humanos. Y hasta de manera atrevida se la ha comparado con “El Poder Moral” que soñó el Libertador. Nada más alejado de ese sueño que Colombia. La procuraduría ha sido un instrumento de opresión del bipartidismo, desde cuando el Procurador era nombrado por la Cámara  hasta cuando se puso a depender del Ejecutivo en 1886.  En la Constitución del 91 se presentaron varias propuestas incluida  la elección popular del Procurador, pero a eso se opusieron las mayorías dominadas por el bipartidismo.  Finalmente se optó por la fórmula actual  del art. 176 de la C.P.: Lo nombra el Senado de terna integrada por candidatos del Presidente, La Corte Suprema y el Consejo de Estado.

Nunca en la Procuraduría ha despachado un jurista independiente. Todos los procuradores han estado inmersos en el lodo de la politiquería.  Lo único que tienen  para mostrar los partidos tradicionales es la llamada de atención que le hizo Mario Aramburo Restrepo  a Carlos Lleras  por intervención en política. ¿Cuándo hemos conocido una campaña seria y persistente de la procuraduría para obtener la paz? ¿Cuándo se ha realizado  por parte de la procuraduría una campaña pedagógica y persistente contra los  decretos de estado de sitio favorables al paramilitarismo?

Un solo ejemplo bastaría por su alta significación para ilustrar a los lectores. ¿Cuál fue el papel de la Procuraduría  durante el cuatrienio del terror  de Turbay Ayala? Oigamos las palabras del director de El Espectador Guillermo Cano en su Libreta de Apuntes del 14 de julio de 1985, que tituló “una novela de horror”. Al referirse a Guillermo González Charry, jefe del Ministerio Público de entonces, dijo:

 “¡Cuánta responsabilidad le cabe al exprocurador Charry en estos casos siniestros! Que no tenía recursos-decía-, que  carecía de personal-agregaba-, que no podía interferir la justicia militar-concluía-.Disculpas cobardes. Salidas por la tangente. Falta de carácter. Indignidad en el cargo.”

Los trabajadores del Estado en la premodernidad. ¡Señores Dirigentes sindicales: el tema de Petro es con ustedes!

¿No se han dado cuenta de que el CDU viola en su conjunto los derechos fundamentales de los ciudadanos, particularmente de los servidores públicos? ¿Por qué no se manifiestan sus representantes en los sindicatos, las federaciones y confederaciones?  ¿Acaso no han recibido aún el influjo de la revolución francesa? ¿Por qué permanecen en la era del despotismo que duró hasta el día anterior a la revolución burguesa de  9 de julio de 1789?

Despierten! Dense cuenta de que uno de los más recientes atropellos de la Procuraduría fue la idea del CDU que se convirtió en Ley 734 de 2002. Se trata de un estatuto vergonzoso que atropella  el derecho fundamental de las dos instancias y el debido proceso, si se tiene en cuenta que un mismo agente (El Procurador o sus delegados)  selecciona al disciplinado, lo  investiga, le eleva cargos y lo sanciona.

Las funciones de investigación, acusación  y juzgamiento deben permanecer separadas

El  artículo 252,  en concordancia con el 29 de nuestra Carta,  dispone:

“Aun durante los estados de excepción de que trata la Constitución en sus artículos 212 y 213, el gobierno  no podrá suprimir, ni modificar los organismos ni las funciones básicas de acusación y juzgamiento”.

El Código Disciplinario Único (CDU) es un Estatuto que inspiró la Procuraduría de Jaime Bernal Cuéllar, según lo informa su viceprocurador, hoy Fiscal General de la Nación. El rigor de ese estatuto que viola todos los principios democráticos del debido proceso, es la consideración tácita de que el Estado  es un nido de delincuentes, a quienes hay que tratar como trataban los inquisidores a quienes consideraban herejes. El CDU es peor que una dictadura, porque reúne en un solo individuo todos los poderes, confiere  competencias exclusivas de los jueces al procurador  y viola el principio de las dos instancias.

De allí que las normas constitucionales deban ser leídas conforme al sencillo principio de la separación de poderes y de funciones, de los pesos y los contrapesos. Porque si un poder no se contiene por el peso de otro poder, se desborda hasta convertirse en despotismo.

El Encierro  de los colombianos, su aislamiento de la civilización, es la fortaleza de los enemigos de la democracia.

Los partidos tradicionales capturaron la totalidad del poder, incluida la justicia,  y desdeñaron o persiguieron los derechos humanos. Pero después de la C.P. de 1991, conforme a sus arts. 93 y 94, todos los tratados y convenios sobre derechos humanos son parte de la legislación interna. Así, la  Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica vincula al Estado colombiano, de tal suerte que es de obligatorio cumplimiento para el Congreso, los Jueces y el poder ejecutivo en todos sus niveles.

El Estatuto de la Convención prescribe  la obligación de los Estados Partes de respetar los derechos (1.1); la obligación de adoptar normas de derecho interno para acoplarlas a la Convención (2); las garantías judiciales de que trata nuestra propia Constitución (8.1), y la protección judicial (25.1). De allí que el CDU viola además el principio del juez natural, porque  asigna a un organismo administrativo la competencia que corresponde a los jueces: Definir los derechos políticos de los ciudadanos, como lo ha hecho el Procurador con el Alcalde Mayor de Bogotá.

Sacar a los jueces del oscurantismo y exigir al Estado  que asuma la modernidad

Nuestros dirigentes abominan los derechos humanos. Las regulaciones internas buscan cercenarlos o abolirlos. De allí la necesidad de fomentar el control directo de convencionalidad, para aplicar de manera directa y oficiosa los tratados sobre derechos humanos.

Esta postura es ya uniforme en diferentes pronunciamientos de la CorteIDH, específicamente en los casos Almonacid Arellano y otros vs. Chile, y Masacre de Santo Domingo vs. Colombia.

El control directo y oficioso es obligatorio para todos los operadores de la norma jurídica, e incluye a los jueces, legisladores y al ejecutivo. En el caso concreto de Petro, el juez de tutela debe hacer control oficioso de convencionalidad y el Presidente de Colombia en su caso tendrá que inaplicar  la sanción del Procurado a Petro, so pena de responsabilidad del Estado frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Finalmente, hay que darle un viraje a la procuraduría: ELEGIR AL PROCURADOR POR EL VOTO POPULAR. Ese día tendremos procurador general de la Nación, defensor de la paz y de los derechos humanos.

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