Publicado el: Mie, May 25th, 2016

La Paz sea con todos

La paz sea con todos-92603Por Guillermo Segovia Mora//

La incansable lucha de la sociedad civil y la voluntad política del Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc a punto de lograr el fin del conflicto armado.

“La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto me es precioso en este mundo”, Simón Bolívar.


Colombia está próxima a celebrar uno de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea: la firma del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) -y el que deberá pactarse con el Ejército de Liberación Nacional (Eln)-, que pone fin en nuestra geografía a la confrontación interna armada más antigua de Latinoamérica, surgida o justificada en factores endógenos (pobreza, exclusión, represión), atizados por la confrontación  este-oeste en plena “Guerra fría” (años 60 del siglo XX), cuando  guerrillas procastristas, prosoviéticas y prochinas procuraron la toma del poder y la instauración del socialismo.

Tantos  años en el horror de la  guerra

En 1966, campesinos liberales radicalizados, dejados a su suerte por su directorio, en convergencia con líderes agrarios apoyados por el Partido Comunista, reprimidos ambos por la dictadura de Rojas Pinilla, instigada y luego repudiada por las jefaturas liberal y conservadora, una vez sirvió para apaciguar su confrontación política violenta  -que tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en abril de 1948, llevó a 300 mil colombianos a la tumba-, irrumpieron en las montañas del Tolima bajo la sigla de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con la consigna de tierra, justicia y vida para los pobres del campo.

Confrontadas en adelante por la estrategia contrainsurgente del Frente Nacional, aupada por Estados Unidos para impedir otra Cuba Socialista en su “patio trasero”, las autodefensas campesinas, tachadas de “Repúblicas independientes”, serían atacadas mediante tácticas de tierra arrasada en Marquetalia, Rio Chiquito y Guayabero, en las montañas de Tolima, Huila y Cauca, y trasmutarían en ejército rebelde. De las solicitudes de respeto a sus vidas y de un pedazo de tierra, cabezas de ganado y algunas gallinas a la proclama del programa mínimo de la revolución colombiana para el establecimiento de un Estado socialista. Mirando a Cuba y la  hoz y el martillo también surgieron el Ejército de Liberación Nacional (ELN)  y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Con la coartada del fraude frentenacionalista a Rojas Pinilla, en 1970, irrumpió el nacionalista M-19, seguido de otros destacamentos armados.

A finales de los 80, la propuesta de “diálogo nacional” del M-19, en medio de la feroz represión del gobierno de “Seguridad Nacional” de Julio César Turbay, abrió la era de las negociaciones de paz con la subversión de izquierda, fracasadas en el primer intento en el gobierno de Belisario Betancur, ante los múltiples incumplimientos de ejército y guerrilla a la tregua acordada, los sabotajes desde adentro del gobierno,  el genocidio de la Unión Patriótica -el frente a través del cual mandos “farianos” se asomaban a la vida civil- a manos sicarios de la extrema derecha anticomunista, desde siempre enemiga de la paz negociada, y el holocausto del Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre de 1985, propiciado por la toma del M-19 y la retoma salvaje de las Fuerzas Militares.

No obstante, la posibilidad de desmovilización acordada siguió vigente y el M-19, el EPL, una parte del ELN (Corriente de Renovación Socialista), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-Patria Libre), el grupo indígena Quintín Lame y algunas milicias urbanas se avinieron a acuerdos para su desmovilización e inversión social en sus áreas de influencia con los gobiernos liberales de Virgilio Barco y Cesar Gaviria en la coyuntura progresista de la Asamblea Constituyente de 1991, no sin ofrendar la vida de varios líderes, entre ellos el legendario Comandante Carlos Pizarro. Con las Farc y el ELN no prosperaron los diálogos.

En desarrollo del mandato consagrado en el artículo 22 de la Constitución “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, en el gobierno de Ernesto Samper se creó legalmente el Consejo Nacional de Paz como organismo asesor y promotor, con una conformación plural y representativa e instancias similares a nivel regional y local, las cuales, activas hoy en muchos municipios atravesados por el conflicto, deben constituirse en mecanismos de acompañamiento a la implementación de los acuerdos y concertación de los programas de inversión para la paz.

A finales del siglo XX, y a contrapelo de la debacle del campo socialista, las Farc dieron un  salto cualitativo que las convirtió en una poderosa máquina militar que desafiaba al ejército oficial disputando posiciones y el ELN se fortaleció a expensas de la industria petrolera. La evidencia llevó en 1998 al gobierno de Andrés Pastrana, avalado por el establecimiento y EE.UU., a buscar una desmovilización negociada al tiempo que, con apoyo de Washington, mediante el Plan Colombia, transformaba, modernizaba y fortalecía el aparato militar. Por su parte, la guerrilla  -reforzada por el secuestro y los cultivos ilícitos- se potenciada militarmente. La medición de fuerzas y los cálculos estratégicos condujeron al fracaso de los diálogos.

En adelante, con mayor reciedumbre, las fuerzas guerrilleras fueron confrontadas tanto por el ejército, con mayor pie de fuerza y presencia en zonas críticas, destacamentos profesionales, recursos logísticos, armamento moderno, amplio despliegue operativo y táctico y el uso intensivo de la aviación, como por grupos paramilitares, auspiciados por poderes locales, terratenientes y el narcotráfico, todos afectados por el accionar insurgente.

Espantosas masacres fueron la forma de tratar de contener a los alzados en armas, aplacando con el terror a sus supuestas bases de apoyo, y como resultado una de las crisis humanitarias más ominosas de la historia mundial reciente. Lo que condujo, de nuevo, al despojo y desplazamiento, ahora de 6 millones de colombianos. Con ese trasfondo, Álvaro Uribe Vélez, en 2002, como representante de la provincia terrateniente e intereses regionales emergentes, asumió desde el gobierno la opción del aniquilamiento de la subversión por la vía militar, reinstitucionalizó la lucha contrainsurgente y negoció con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) su desmovilización. Como alternativa para la guerrilla se plantearon e intentaron negociaciones condicionadas.

Durante el gobierno de la “Seguridad democrática”, el objetivo militar y represivo de relativo éxito aplastó los principios del Derecho Internacional Humanitarios y la Constitución Nacional. Al final, los reveces militares de las Farc eran innegables pero, acondicionándose tácticamente a los nuevos tiempos, también era cierto que estaban lejos de la claudicación. Si bien Juan Manuel Santos fue ejecutor de esa política desde el Ministerio de Defensa de Uribe, tomó distancia y sancionó algunas actuaciones escandalosas de la Fuerza Pública. A estas alturas, tras cincuenta años de conflicto armado interno, las muertes sumaban otros 300 mil colombianos y aunque no hay cifra cierta, superan 100 mil los desaparecidos.

Postulado por el uribismo como su continuador, Santos fue elegido Presidente de la República en 2010, pero una vez posesionado en el cargo marcó un sorpresivo y radical viraje, más acorde con sus reflexiones intelectuales sobre el impacto de la guerra en la economía y los planteamientos  de su asesor Sergio Jaramillo sobre el carácter del conflicto y la necesidad de la paz para el desarrollo territorial, la generación de equidad, la integración nacional y el fortalecimiento de la democracia.

Partiendo aguas con su antecesor, anunció que buscaría una solución política negociada al conflicto armado interno, opción que, en contravía de Uribe, quien hablaba de terrorismo contra la sociedad, reconoció la existencia de la guerra y el carácter político de la insurgencia, y de contera las raíces socioeconómicas del conflicto. Discretamente, sus delegados, entre ellos su hermano, el periodista Enrique Santos, de antecedentes de izquierda y conocedor de los problemas del país -quien de joven dirigió la más destacada revista anti sistema y en la madurez estuvo al frente del más prestigioso periódico del establecimiento-, concertaron con las Farc las bases de la negociación con sede en La Habana, Cuba.

Santos y las Farc jugados por la paz

Durante casi un lustro, aun así un período breve para la magnitud del conflicto y la negociación, delegaciones del gobierno, encabezada por Humberto de la Calle junto con el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y de las Farc han adelantado en La Habana una paciente, seria y novedosa agenda de conversaciones en la que han logrado acuerdos, con puntos pendientes, en lo relacionado con participación ciudadana, asuntos agrarios, cultivos ilícitos y víctimas, conducente, ésta última, a un audaz, realista y original  como polémico Sistema Integral de Justicia Transicional orientada a garantizar verdad, justicia, reparación y seguridad de no repetición.

De otra parte, una Comisión para el Esclarecimiento del Conflicto y las Víctimas elaboró un voluminoso y valioso documento con perspectivas diversas pero alineado en dos enfoques (causas sociales o desafío insurgente), como insumo a las pesquisas de una futura Comisión de la Verdad que ya no podrá eludir la responsabilidad del Estado en el conflicto interno, sustentada en algunos de esos ensayos. Además, dos subcomisiones han atendido aspectos relacionados con el tema de género y el desminado y aspectos logísticos y militares de la desmovilización.

El 11 de mayo de 2016 (comunicado conjunto No. 69) las partes concretaron la fórmula para dar seguridad jurídica a los acuerdos como paso previo para determinar un cese al fuego y de hostilidades y enseguida los mecanismos de desarme, desmovilización y reintegración a la vida civil de la guerrilla más antigua del continente. La reunión setenta terminó con la concreción por las Farc de la promesa de desvincular a los menores de sus filas, como una demostración más del avance del proceso.

El “blindaje” de los acuerdos ante los riesgos ciertos de una posible reversión por sectores adversos o de una andanada criminal contra los desmovilizados, consiste en encuadrarlos  como acuerdos especiales en el marco del Derecho Internacional Humanitario (Artículo 3 común de los Convenios de Ginebra), lo que compromete a Estado e insurgencia. El gobierno adelantará el depósito compromisario correspondiente en Ginebra, Suiza, guarda del DIH, y ante el Secretario de Naciones Unidas, como anexo del acuerdo de negociación, el Congreso tramitará como ley el pacto para asegurar su vigencia interna.

A la vez será incorporado al bloque de constitucionalidad en aplicación de los artículos 93 y 94 de la Constitución y constituirá el parámetro para el desarrollo legislativo de lo acordado. La Corte Constitucional hará el respectivo control de constitucionalidad. La aprobación o improbación definitiva de los acuerdos se determinará mediante un plebiscito especial, con reducción del umbral electoral, ya aprobado por el Congreso por iniciativa gubernamental, en cumplimiento de su compromiso de someter lo pactado a decisión de la ciudadanía, y a la espera la viabilidad por la Corte Constitucional, no obstante que las Farc aún no han manifestado su aval al mecanismo pues es su apuesta inicial era una Asamblea Nacional Constituyente.

Con el respaldo de las mayorías en el Congreso, constituidas por los partidos que hace parte de la alianza de gobierno o apoyan el proceso de paz, el compromiso anunciado en el comunicado número 69 de la mesa de negociación, respecto del acuerdo especial, fue incorporado para  el penúltimo debate en la Cámara de Representantes del proyecto de Acto Legislativo para la Paz, que regula el trámite especial y abreviado que surtirán en el Congreso los proyectos de ley que desarrollarán los acuerdos, otorga facultades extraordinarias al presidente para asumir los aspectos inmediatos y regula el procedimiento para la incorporación de un presupuesto para el posconflicto en los planes de desarrollo.

La votación, incluido el artículo agregado, fue mayoritaria a favor. El uribismo, agrupado en el Centro Democrático, votó en contra por razones alucinantes, cual ha sido su postura a lo largo de estos años frente a la negociación. El procedimiento tiene reparos de algunos juristas por no guardar consecutividad con el trámite del Acto Legislativo para la Paz y, más allá, por considerar inconstitucional la integración del Acuerdo Especial a la Constitución pues cuestionan y acotan sus alcances en el DIH, aunque expertos validan la posibilidad de ampliar el alcance de los acuerdos humanitarios y la unidad de materia del acuerdo especial con el contenido del proyecto en trámite. La Corte Constitucional determinará la constitucionalidad de la ley.

El actual proceso de negociación es, en lugar a dudas, el más elaborado y novedoso en su arquitectura institucional y jurídica, abordaje de contenidos y compromisos y posiblemente marque la inflexión en la historia de la lucha insurgente en el país. El gobierno Santos ha adoptado una estructura administrativa y operativa y promovido un marco legal pertinente para responder por las obligaciones  adquiridas durante su gestión con las víctimas y la solución política negociada.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras estableció -de manera polémica y arbitraria- como límite de corte histórico para el resarcimiento a víctimas el año 1985, contempla mecanismos de atención, asistencia, reparación, restitución y construcción de memoria, implementados por las Unidades de Víctimas, hasta hace poco a cargo de Paola Gaviria, y el Centro Nacional de Memoria Histórica, orientado por el historiador Gonzalo Sánchez.

Ambas son dependencias del Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia de la República, dirigido por Tatiana Orozco,  que también administra el Fondo de Inversiones para la Paz, destinado a solventar las necesidades del proceso de negociación. A la fecha ocho millones de personas se han registrado en condición de víctimas. De otra parte, la Agencia Colombiana  para la Reintegración de la Presidencia, dirigida por Joshua Mitriotti, atiende los desmovilizados voluntarios: 7 mil desde el inicio del gobierno. La Unidad de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura, a cargo de Ricardo Sabogal, estudia y tramita las reclamaciones relacionadas con  despojos de tierras desde el año 1991.

El Marco Jurídico para la Paz habilitó la introducción de mecanismos de Justicia Transicional como resultado de las negociaciones de paz y para procurar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a las víctimas. Por ley se estableció a Cátedra de la Paz para promover la reconciliación desde la educación. La ley del Plebiscito para la Paz reguló ese mecanismo para refrendar los acuerdos mediante la modificación del umbral de participación por uno aprobatorio correspondiente al 13% del censo electoral. Las reforma a la Ley de Orden Público, que faculta al gobierno para este tipo de procesos, posibilita el establecimiento de zonas de desmovilización, mecanismos de control, verificación internacional del desarme y suspensión de penas para los insurgentes. El Acto Legislativo para la Paz determina los procedimientos especiales para el trámite de leyes, las facultades presidenciales y el acuerdo especial de seguridad jurídica.

El proceso de paz ha contado con el liderazgo político del presidente y una destacada participación del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en la gestión legislativa, la coordinación gubernamental y la promoción y defensa pública de la política. La  tarea de la negociación fue encomendada  al Alto Comisionado para la Paz y los delegados gubernamentales para las negociaciones con las Farc y el ELN y en la implementación avanza el trabajo del Alto Comisionado para el Posconflicto, Rafael Pardo,  que atiende la materialización de los acuerdos con enfoque territorial, en las zonas que serán priorizadas como objeto de inversiones.

Estas dependencias estarán además encargadas de coordinar el aparato gubernamental para la etapa de ubicación en campamentos, desarme, desmovilización y reincorporación de los alzados en armas a la vida civil. También, junto con las Farc, deben atender el reclamo de respeto de la autonomía indígena y negra frente a la posible ubicación de contingentes desmovilizados en sus territorios y demandas sociales postergadas.

La victoria de la perseverancia

A las idas y venidas del establecimiento en materia de paz de los últimos siete gobiernos en casi 40 años, ha correspondido una consistente y ascendente movilización ciudadana promotora de una solución política del conflicto armado, desde el apoyo al “diálogo nacional” que lanzara Jaime Bateman, comandante del M-19, a inicios de los años 80, los foros por los derechos humanos, las iniciativas de la iglesia, los comités, comisiones y consejos no gubernamentales, las constituyentes, el trabajo de ong´s como Redepaz, Minga, Codhes, CSPP, CAJAR, Comisión Colombiana de Juristas, Justicia y Paz, Arco Iris, el Movimiento de Víctimas del Estado (Movice), y centros de investigación (Ideas para la Paz, Cerac, Cinep, Indepaz, ICJT, DeJusticia, Paz y Reconciliación).

Así mismo, la Asamblea Nacional por la Paz,  las mingas indígenas y las comunidades afrocolombianas, los Jóvenes constructores de Paz, la Ruta Pacífica de Mujeres por la Paz, Colombianos y Colombianas por la Paz, el Frente Amplio por la Paz, las organizaciones de izquierda, el movimiento de defensa de los Derechos Humanos, las alcaldías del Polo Democrático Alternativo y la Bogotá Humana de Gustavo Petro que hizo del apoyo a la paz un objetivo central con la creación de una Alta Consejería para las Víctimas, la organización de grandes movilizaciones y Canal Capital, bajo la  dirección de Holman Morris, con una parrilla de programación orientada a la promoción de los Derechos Humanos y una Cultura de Paz, experiencia inédita en la televisión internacional.

Esa histórica movilización tomó un nuevo impulso con la política de paz anunciada por Juan Manuel Santos en 2012, como lo evidencia un reciente informe del Programa por la Paz/Cinep. Es así como “en  los tres años de negociaciones en La Habana (2012-2015) se incrementó el número de movilizaciones por la paz, respecto a las presentadas en el gobierno anterior, con un total de 599 acciones.” Estas manifestaciones (algunas emblemáticas a nivel nacional), involucran múltiples actores, de acuerdo con reivindicaciones sociales, de género, humanitarias, poblacionales, étnicas, locales y regionales. Se hacen públicas a través de movilizaciones, medios alternativos, celebraciones eclesiásticas, memoria, proclamas, eventos artísticos y culturales y constituyen un activo esencial de apoyo a la reconciliación.

Las ong´s que dieron pie a la Campaña Viva la Ciudadanía para acompañar la pedagogía y apropiación ciudadana de la Constitución de 1991, volvieron a aunar esfuerzos en torno a los diálogos de La Habana y posibles conversaciones con el ELN a través de la plataforma Común Acuerdo que adelanta la  campaña “Conversaciones ciudadanas para la comprensión de los acuerdos” y la promoción de su refrendación en todo el país con participación activa de la sociedad. Más de 20 programas regionales de paz y desarrollo surgidos bajo el exitoso modelo de Programa de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio, liderado por el padre Francisco De Roux, integrados en la Redprodepaz, promueven la participación en la implementación  territorial de los pactos.

Algunas organizaciones de izquierda adelantan el programa Forjadores de Paz, mediante talleres de formación en los contenidos de los acuerdos de La Habana. Importantes procesos organizativos a nivel regional y nacional, como el de Constituyente por la Paz, posicionan alternativas para garantizar transformaciones imperativas para el país. La comunicación comunitaria y alternativa cumple su papel a través de  Red de Medios Alternativos (Rema), la Red Colombiana de Radios Comunitarias (Recorra), periódicos y espacios de televisión que amplían la divulgación sobre el proceso y los compromisos.

Las más destacadas universidades del país, motivadas por el papel jugado por la Universidad Nacional y su Observatorio de la Paz y el Conflicto, dirigido por Alejo Vargas, en la documentación y consulta ciudadana para la agenda de paz a instancias de la Mesa de Negociación de La Habana, adelantan acciones conjuntas a través de la Red de Universidades por la Paz. Otro tanto realizan desde hace algún tiempo experiencias educativas para la convivencia agrupadas en la Alianza para la Construcción de Culturas de Paz.

Desde la Presidencia de la República se realiza la estrategia La conversación más grande del mundo para promover el diálogo como escenario de propuestas y acuerdos para afrontar las problemáticas del país en el posconflicto. El equipo del Alto Comisionado también atiende labores de divulgación. Las entidades sin ánimo de lucro del sector privado y algunos medios de comunicación como revista Semana y El Espectador crearon, en respaldo del proceso, Reconciliación Colombia, dirigida por el exasesor de paz Ricardo Santamaría, entidad que busca apalancar recursos que permitan alternativas financieras de apoyo a proyectos productivos en zonas de conflicto y ampliar la información de los acuerdos hacia el mundo empresarial.

Este vigoroso movimiento de convergencias organizativas y sinnúmero de expresiones locales y regionales, respalda las negociaciones y aboga por que trasciendan de lo específico de los compromisos de las partes a condiciones que permitan participación decisoria de la ciudadanía, sacar del atraso a la provincia y generar equidad y justicia en los territorios históricamente afectados por la guerra.

Sí a la paz, reto democrático

Aún con los altísimos niveles de popularidad del gobierno Uribe, que no repararon en el carácter autoritario de su gestión ni en el criminal comportamiento de agencias públicas ni de miembros de las Fuerzas Armadas instigados en la compensación por resultados operativos, los colombianos sensibles, progresistas, y partidarios de una solución política mantuvieron en alto la bandera blanca de la paz. Y, no obstante los altibajos del gobierno Santos en las encuestas, esa opción ha obtenido márgenes amplios de respaldo durante su mandato, lo mismo que la aprobación plebiscitaria de los acuerdos, aunque afectada por las andanadas en contra del uribismo.

El expresidente Uribe mediante un hábil, hostil y falso discurso se ha encargado de distorsionar los acuerdos y colocar en contra a buena parte de sus huestes, en una situación incomprensible más allá del caudillismo mesiánico y el egoísmo enfermizo. Una argumentación que no resiste análisis serio ha calado en un sector de opinión conservador recalcitrante, y también de seguro en numerosas víctimas de la guerrilla que, comprensivamente,  no contemplan el perdón. En esa cruzada oportunista participa el Procurador General de la Nación, en trance de candidato de los sectores más reaccionarios del país, entre los cuales muchos de los beneficiarios del despojo de tierras a manos del terror paramilitar.

La monserga de supuesta y risible “entrega al castrochavismo” se cae de su peso al señalar como responsable a un gobierno liberal representante del establecimiento capitalista. La socorrida “claudicación con impunidad” es un argumento que, como señala el analista León Valencia, intenta deslegitimar el proceso al tratar de colocar como parámetro de justicia y penalización los Convenios de Roma y la Corte Internacional de Justicia, que independiente de su fin humanitario, es derecho de sometimiento, para desvirtuar la Justicia Transicional, una obra en construcción como alternativa de salida para la solución negociada de conflictos armados. De manera cínica Uribe apela al resentimiento para instigar inconformidad de los militares por una supuesta igualación indecorosa con la guerrilla, cuando, por el contrario, con la justicia de paz los uniformados comprometidos en delitos imputables a la guerra, podrían beneficiarse de sus condiciones.

El mismo propósito protervo se busca al afirmar que los desmovilizados recibirán elevados pagos para poner en contra a desempleados y asalariados, o que  el Acuerdo Especial “suprime el Congreso y el aparato judicial” y constituye un “golpe de estado contra la Constitución”, cuando precisamente significa lo contrario: la aceptación por las Farc de la institucionalidad que combatieron por años y el concurso de todos los poderes en la consumación de la paz. Respecto de la alegada “suplantación de la voluntad popular” la respuesta es contundente: la aprobación final de los acuerdos será sometida a plebiscito. Todos esos argumentos son deleznables y penosamente asumidos como autos de fe por la fanaticada uribista.

En esas aguas se mueve la cercana firma de los acuerdos con las Farc, proceso en que a la decisión y audacia política del Presidente Santos le faltó una estrategia pedagógica y de comunicación ambiciosa que permitiera una mayor comprensión de su trascendencia histórica: superar más de medio siglo planificado en función de la guerra con un tercio de sus recursos a mantenerla, pérdida que se suma a los efectos de atraso generados por el conflicto en los territorios, y librar a la sociedad del temor al ejercicio de libertades y derechos, pues varias generaciones crecieron en su negación por represión estatal o la amenaza de los fusiles. De todas formas ese es el nuevo escenario para la trasformación del país.

Los beneficiarios políticos y económicos de la guerra sostenida en un régimen de temor son enemigos de la paz porque una nación empoderada en sus derechos los margina de la historia. Pero una paz exitosa necesita consensos y, aunque parezca inverosímil, son las propias Farc las que invitan a Uribe a dialogar. También necesita un poderoso esfuerzo estatal y gubernamental para garantizar la vida de los desmovilizados y del liderazgo social y de izquierda, así como el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley (paramilitares, bacrim, ahora denominados grupos armados organizados), monopolio de la fuerza y presencia territorial, prueba ácida de la madurez democrática de la nuestra nación.

De habilitarse el plebiscito para que los ciudadanos ratifiquen o nieguen lo acordado en La Habana, el país vivirá un acontecimiento inédito. Todas las voluntades, esfuerzos y sacrificios de décadas de miles de colombianos se verán compensados con las Farc -y el ELN- reintegrados a la vida civil, aun con la oposición insidiosa del uribismo. No se acabarán todos los males, serán muchas las luchas venideras por hacer realidad derechos, habrá que aceptar gobiernos adversos y buscar relevarlos, quienes no comparten nuestra ideología, mientras no promueva la discriminación y la muerte, tendrán que respetarla, como nosotros la de ellos. Pero el conflicto armado por causas sociales y políticas será cosa del pasado y la construcción de un país mejor y en paz, asunto de todos.

*Abogado y politólogo.

Reproducción autorizada.

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