Publicado el: Mar, Mar 18th, 2014

La constitución y los nuevos congresistas


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SerratoPor Mario Serrato/ 

“La constitución del 91 que nació como resultado de un proceso de paz y como anhelo de reconciliación entre los colombianos, fue deformada por un puñado de políticos profesionales, con artimañas legales y argumentos económicos elaborados a 10 mil kilómetros de distancia de nuestra realidad.”

La constitución de 1991 llenó de derechos el ámbito político y jurídico de los colombianos. Derechos que empezaban a desmontarse en el mundo con el advenimiento del neoliberalismo. Es decir, dimos nacimiento a una constitución en contravía con la realidad mundial.

El consenso de Washington de 1989 fue el escenario en que se consolidaron los elementos estructurales de las políticas neoliberales. La embestida neoliberal en el mundo, la cual copó los espacios dejados por  el comunismo fracasado, no impidió que la constitución de 1991 consagrara derechos y facultades al gobierno de Colombia y a sus asociados.

En cierto modo no era necesario mientras se consagrara y protegiera, con toda clase de instrumentos institucionales, la libre empresa. Situación que aconteció con la forma en que esta fue entronizada en el artículo 333 de la constitución.

La influencia del consenso de Washington aparece y se desarrolla en el cuerpo legislativo de la Constitución Política.  El llamado “congresito”, que nació a la vida política de la nación con la intención de salvar a la naciente carta de los vicios y prácticas políticas de los eternos parlamentarios deformados, dio los primeros pasos en  torno a conseguir una reglamentación acorde con los postulados del constituyente primario. Sin embargo, desde entonces, se encontraban agazapados los alfiles colombianos del modelo económico impuesto por Washington.

La ley 100 de 1993 y antes de ella, la ley 50 del mismo año, destrozaron el sistema de salud basado en el seguro social y eliminaron prerrogativas laborales surgidas desde 1936 con el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo.

Un ejemplo vulgar de la manera en que los diferentes gobiernos desestimaron el espíritu del constituyente, se encuentra en el modo en que el gobierno de Samper y su congreso mataron a la acción de cumplimiento, situación reflejada en el parágrafo del artículo 9 de la ley 333 de 1998. Con esa estocada legislativa, ese mandatario, envilecido por sus tratos con el narcotráfico, mantuvo el derecho de mentir a los gobiernos y a los políticos.

Otros aspectos de esta realidad desoladora los encontramos en la baja o ninguna reglamentación dada a normas constitucionales que de un modo u otro beneficien a grupos históricamente marginados, o gremios considerados molestos por los poderosos. Los artículos 64 y 65 de la constitución que  hacen relación  a la dignidad y propiedad de la tierra para el campesino y la  seguridad alimentaria, presentan reglamentaciones o desarrollos legislativos sumamente alejados del espíritu del constituyente.

Tenemos derechos constitucionales del tamaño de montañas y desarrollos legales del tamaño de montículos de arena.

La constitución del 91 que nació como resultado de un proceso de paz y como anhelo de reconciliación entre los colombianos, fue deformada por un puñado de políticos profesionales, con artimañas legales y argumentos económicos elaborados a 10 mil kilómetros de distancia de nuestra realidad.

Otro modo de recuperación de espacios frente al “desborde de la asamblea nacional constituyente” lo evidencia la fracasada intención contrareformista de Uribe y su ministro Londoño.  Ellos, mucho más deformados e inteligentes que Samper, apuntaron a la constitución misma para erradicar de ella figuras como la tutela, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, la libertad de expresión y derechos fundamentales en general.

A pesar de que su referendo, confuso y oscuro como su ideología, fracasó; tal fracaso no lo fue tanto si se considera que impidieron con éxito el desarrollo de parámetros  constitucionales mediante la anulación de normas superiores como el derecho a la paz. Norma de estirpe constitucional que quedó reducida a un mandato, según se extrae de las sesudas elucubraciones del sesudo pachito Santos y del autodenominado intelectual, Jose Obdulio Gaviria.

Un solo concepto de rancia estirpe neoliberal parece controlar, y de alguna forma extinguir, con una sola contrarreforma, todas las conquistas de la constitución del 91 en materia de derechos humanos y fundamentales, me refiero a la sostenibilidad fiscal introducida por el gobierno de Santos Calderón mediante la reforma a los artículos 334, 339 y 346 de la constitución, maniobra de bancada enmermelada que permitió el acto legislativo No 3 de 2011.

Esta sostenibilidad fiscal introducida en este gobierno, pero preparada en el último cuatrienio de Uribe, fue diseñada para acabar con la tutela. En tal propósito veremos a las bancadas recién llegadas al congreso aliarse en silencio para obtener el objetivo. Sus aparentes diferencias desaparecen cuando se trata de desaparecer una conquista popular.

Este es el congreso que elegimos. Estas son las mayorías encargadas de dar matiz democrático a nuestro futuro. A estas personas les entregamos el poder.

Alguna vez el Presidente Lleras Camargo se refirió a un congreso admirable, supongo que en sus épocas se presentó tal acontecimiento, ahora, con contadas excepciones, nos encontramos frente a un congreso deplorable.

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