Publicado el: Mar, Ago 26th, 2014

La ciencia del derecho como un obstáculo para la Paz: FARC


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MesaFARCPor: Andrés Felipe Peña Bernal

Para el grupo armado FARC el Marco Jurídico para la Paz y las sentencias de constitucionalidad que lo desarrollan representan un obstáculo para la paz y violan lo consagrado en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto Armado en Colombia.

En comunicado a la opinión publica del 12 de agosto de 2014 la guerrilla de las FARC se pronuncian sobre el marco jurídico para la paz (Acto legislativo 01 de 2012), la Sentencia C-579 de 2013, la anunciada sentencia C-577 de 2014 y sobre el proyecto de referendo que actualmente está sujeto a control por parte de la Corte Constitucional. Señalan que estos instrumentos hacen parte de una “telaraña jurídica” que busca atrapar a insurgentes sin experiencia. Además señalan que se trata de una forma de dominación que busca disminuir la responsabilidad del Estado y atribuirla a las FARC.

El equipo negociador, encabezado por Iván Márquez, expresa que los instrumentos jurídicos señalados están por fuera del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y en razón de ello el equipo omitirá la existencia de dichas herramientas como base para la negociación.

Respecto a los elementos sustanciales de su crítica al marco jurídico para la paz exponen que se trata de un “remiendo constitucional” y critican severamente la decisión de la Corte de prohibir la participación en política de algunos de sus miembros. Para las FARC si bien el marco jurídico en una primera parte reconoce un trato igualitario para las partes en conflicto en el desarrollo de sus disposiciones disminuye la responsabilidad del estado. Así, señalan que por medio de la teoría de “autor detrás del autor” se busca que se persiga exclusivamente a miembros de las FARC disminuyendo las responsabilidades del Estado en la comisión de los delitos.

En relación a la sentencia C-579 de 2013 señalan que los magistrados bajo fundamentos teóricos “nunca comprobados” buscan delinear ciertas “ficciones jurídicas” para modular arbitrariamente su pronunciamiento. Para fundamentar su posición las FARC realizan una crítica al derecho afirmando que la ciencia jurídica formula falsedades para tomarlas verdaderas con el fin de dar respuesta a situaciones actuales. Así, por ejemplo, “se presume que el hijo adoptado es hijo propio” o que por “arte de magia” se puedan agrupar en macro-procesos las graves violaciones de derechos humanos para ser imputada a los máximos responsable o confundir el elemento de sistematicidad con la categoría de conflicto armado interno.

Por último y con base en lo señalado las FARC exponen que el derecho es un obstáculo para construir la paz en razón de que la solución al conflicto no puede aplicar falsedades sobre realidades.

Debe considerarse que los acuerdos de paz o la búsqueda de soluciones a conflictos sociales cada día encuentran mayor intervención judicial.

En el pasado los diálogos de paz que tuvieron amnistías en su proceso, presentaban mayor argumentación política que jurídica. Los abogados aparecían al final para hacer adecuaciones y adaptar al lenguaje jurídico el acuerdo  político alcanzado. En el mundo contemporáneo la intervención jurídica, con argumentos más jurídicos que políticos termina por convertirse en un obstáculo para el logro de objetivos que tuvieron origen en la política y que  solo presentaron formas jurídicas en una de las facetas de su realidad. Sin embargo esto último se convierte en un insalvable conceptual y en una barrera imaginaria que impide la reconstrucción de deconstrucciones políticas. El tejido social, reconstruido desde la perspectiva jurídica, o considerando lo jurídico como lo más importante, termina por ser un tejido social ideal-jurídico sin ninguna relación con la realidad social y mucha integración con la formalidad del concepto jurídico.

La búsqueda de la paz y el logro de la misma, debe tener prioridad en el acomodo del orden institucional. El hombre no ha sido creado para beneficiar a la ley, es al contrario. Sería lamentable que un proceso de paz como el actual en Colombia se frustre por una consideración jurídica que desconozca el contexto de nuestra realidad.

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