Publicado el: Lun, Ago 13th, 2012

La Adicción al Consumo Problemático de Sustancias Psicoactivas y nuevas formas de Abordaje en Bogotá


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http://www.elboomeran.com/blog/175/sanjuana-martinez/30/

Por Rubén Darío Ramírez Arbeláez

Director CEACSC

La acción pública en convivencia y seguridad ciudadana se fundamenta en el desarrollo de proyectos y programas que conduzcan a la PREVISIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL de las conflictividades, violencias y delitos.

El debate abierto sobre la implementación de los CAMAD (Centros de atención móvil en drogadicción) y la propuesta de crear Centros de Consumo Controlado deja al descubierto que en Colombia estos diálogos están más cargados de emociones que de razones.

Los CAMAD responden a la necesidad de desarrollar estrategias para la intervención del consumo problemático  y a la implementación de la política pública integral del Distrito incluida dentro de su Plan de Desarrollo, en el decreto 691 de 2011, “por medio del cual se adopta la Política Pública de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, D.C.”; además es una respuesta a la nueva ley 1566 sancionada el 31 de julio de 2012 “Por el cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas…”. Esta ley  hace el reconocimiento que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos.

El segundo punto de crear un Centro Controlado de Consumo es una propuesta para que el país en general opine en el sentido de buscar otras ALTERNATIVAS distintas a la prohibición y la represión que han imperado durante décadas sin tener resultados positivos. El dialogo no ha podido evolucionar de la manera como se esperaba porque socialmente se criminalizó el debate.  No son centros para que cualquier persona tenga una “zona de distensión” para el consumo. Bogotá desde hace mas de 35 años ha tenido zonas de consumo NO controlados como el anterior “cartucho”, el “Bronx”, entre otros, donde los operativos e intervenciones sociales y asistenciales no han reducido de manera significativa el consumo.

Los Centros de consumo controlados tienen protocolos de ingreso definidos científica y técnicamente donde los pacientes aceptan libremente los procesos de rehabilitación médica, psicológica y social de acuerdo a su nivel de adicción. La correlación del daño personal, psicológico y social de la adicción a SPA está demostrado y es una obligación del Estado aplicar todas las acciones posibles para la reducción del daño. Los Centros de consumo controlado tienen procesos de intervención dirigidos por expertos donde se tiene la posibilidad de consumir drogas de manera supervisada, incluyendo las hoy denominadas ilícitas si el tratamiento así lo considera para mitigar los efectos de la sobredosis, de los síndromes de abstinencia, entre otros conforme a la realidad de los contextos sociales y de consumo en general.

La interpretación dada en el sentido de que allí todos pueden ir a consumir SPA suministrado por el estado es equivoca y dañina en el sentido de que estamos perdiendo una oportunidad de debatir un tema de manera seria donde los mayores perjudicados son las personas con consumo problemático y su entorno. Paradójicamente los beneficiados son los distribuidores de los SPA quienes saben que la ilegalidad da réditos económicos mayores y que sus “clientes” seguirán bajo su control. Lo que quiere el Alcalde de Bogotá es que de los 70.000 consumidores de marihuana, 16.000 consumidores de cocaína y 7.000 consumidores de bazuco en situación de abuso o dependencia[1] que tiene Bogotá no sigan siendo presa del mercado interno del narcotráfico y el microtráfico, que tengan una posibilidad de recuperación y con ello, que las políticas de previsión y prevención reduzcan los indicadores de inseguridad, los costos en salud y aumenten los niveles de convivencia ciudadana. La penetración de los carteles del narcotráfico  y microtráfico y su estrategia de apertura del mercado interno, alimenta la delincuencia cada día más, induce a los escolares al consumo, amedrantan a los vecinos de barrio  y generan procesos de corrupción que hacen más difícil la inclusión integral de los consumidores problemáticos a la sociedad. Hoy tenemos áreas  urbanas y rurales  en Colombia donde no hay un conflicto armado  político, sino,  una guerra criminal protagonizada por los narcotraficantes con el fin de controlar territorios, la “producción y exportación” de la cocaína y diseminar por los micros territorios el consumo de drogas para tener “clientes fijos” que les garanticen sus enormes ganancias.

Las políticas antidrogas a nivel macro y micro han fracasado, aunado a los daños que la confrontación ha generado entre los países productores y consumidores, no sólo en pérdidas de vidas humanas, sino también en los ámbitos de la convivencia y seguridad ciudadana, la afectación de la economía, la pérdida del medio ambiente y en especial la ruptura de la cohesión social afectando las endebles democracias.

Por lo anterior no podemos permitir que estos debates se queden en opiniones triviales, en estigmatización de los proponentes de nuevas alternativas, o peor aún, que nos quedemos en silencio viendo pasar una tragedia humana que nos compete a todos. Los debates deberían respaldar la construcción de estrategias consensuadas y más efectivas contra los efectos negativos en lo social, salud y economía que implica continuar con políticas de poco o nulo impacto sobre la distribución y consumo de SPA en Bogotá y en general en Colombia.


[1] Estudio Distrital de Consumo realizado por la Secretaría de Salud. 2009.

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