Warning: Illegal string offset 'custom_page_theme_template' in /home4/actualid/public_html/actualidadUrbana/wp-content/plugins/custom-page/custom-page.php on line 345
Publicado el: Mie, May 15th, 2013

Igualdad


Warning: Illegal string offset 'custom_page_theme_template' in /home4/actualid/public_html/actualidadUrbana/wp-content/plugins/custom-page/custom-page.php on line 345

Mario Serrato 2013Por Mario Serrato/

El sistema penal acusatorio fue implementado en Colombia desde 2004.  Desde entonces el nuevo Código de Procedimiento Penal ha sufrido varias modificaciones o reformas la cuales tienen en común el incremento de las penas y de las medidas que hacen más difícil la concesión de la libertad cuando esta ha sido limitada. 

El espíritu de dicho sistema tiene por esencia igualar las condiciones entre imputado y Fiscal, asunto que se logra, en principio, gracias a que la libertad del imputado solo la puede restringir un Juez de control de garantías ante una petición formulada por el fiscal y sustentada en audiencia pública.
El anterior sistema le permitía al fiscal emitir la captura sin control de ninguna naturaleza, simplemente la expedía y ya. Eran las épocas en que se decía que una orden de captura no se le negaba a nadie.
El nuevo sistema vino al mundo jurídico colombiano anunciando la igualdad entre las partes que intervienen en el proceso, sin embargo dicha igualdad carece de soporte objetivo debido a que mientras el fiscal busca y consigue la prueba mediante un oficio de 4 renglones dirigido a un investigador del CTI o de la Policía, esa misma prueba le puede costar millones de pesos conseguirla al imputado debido a que en ocasiones debe contratar investigadores particulares para el efecto.
El estado se encuentra obligado a disponer infraestructura humana y material para desarrollar las investigaciones, el imputado se encuentra en el derecho de buscar la prueba y hacerla valer o controvertirla en audiencia pública.
Dicho lo anterior, conviene considerar que el imputado puede ser restringido en su libertad y gracias a la restricción de su libertad, el fiscal puede adelantar la investigación seguro de que el imputado no habrá dispuesto de tiempo ni de libertad para cumplir el mismo propósito.
Las razones por la cuales un juez de control de garantías acepta limitar la libertad del imputado eran en principio tres: 1. El temor a que el imputado se fugara, 2. La preocupación que genera el hecho de que imputado constituya un peligro para la sociedad y 3. La sospecha en relación con que el imputado pueda alterar la prueba o afectar de manera ilegal el curso del proceso.
Después inventaron otra, la cual consiste en que la libertad no procederá cuando el delito por el cual se imputa sea de conocimiento de jueces especializados. Es decir, la restricción de la libertad se impone por la competencia del juez, no por la existencia de pruebas.
Cuando el Juez de control de garantías encuentra fundada una de estas premisas, procede entonces la restricción a la libertad del imputado. Es decir, en ese momento el equilibrio y la igualdad en el proceso se fracturan de modo irreversible. Significa entonces que el modelo se desecha.
En el caso de Andrés Felipe Arias, la decisión de mantenerlo detenido se fundó en que podía alterar la prueba o impedir su recaudo por la aparente incidencia que tiene sobre los testigos. Algunos de ellos, sus subalternos mientras fue Ministro de Agricultura. El asunto consiste en que dichos testimonios ya fueron recaudados en grabaciones registradas por el CTI o la Policía. lo que significa que no pueden se alterados debido a que ya se tienen grabados y quienes declararon no pueden retractarse en lo dicho so pena de incurrir en falso testimonio.
Con Andrés Felipe Arias, este columnista no comparte su visión de la  economía, su visión de la política y tampoco su desempeño administrativo.  Sin embargo esto no constituye óbice para considerar que el fundamento por el cual se le mantiene detenido carece de soporte real y fundamento jurídico objetivo.
Las decisiones judiciales no pueden soportarse en la persona, sino en sus actos y sus posibilidades reales de afectar el desempeño de la justicia, esto debe aplicar cuando el imputado sea de izquierda, de derecha, negro o blanco, hombre o mujer. Toda persona tiene derecho a defenderse en condiciones de igualdad frente a su acusador.
Nuestra política criminal no debe afectarse o modificarse a la aventura o al vaivén de un suceso, como no debió afectarse nuestro criterio constitucional para reelegir a un presidente.  Esos cambios que obedecen solo a coyunturas o se relacionan con populismo punitivo o sucesos políticos, deben ser evitados con el fin de conseguir que una política criminal, basada en un modelo de reacción judicial establecido, sea probado en el tiempo y adecuado a las realidades cuando estas han sido corroboradas

Deja un comentario

XHTML: Puedes usar estos tags en HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>