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Publicado el: Mar, Ago 28th, 2012

¿Hasta cuándo?


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Por Deidamia García*

“Me estremecieron mujeres que la historia anoto entre laureles
y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante”.

Silvio Rodríguez.

Esta es la canción que escucho mientras camino por el centro de Bogotá y  me tomo el tiempo necesario para reflexionar, hacer autocrítica y opinar. Me estremecen las mujeres indígenas que veo, solas o  junto a sus hijos, que huyeron de la violencia en sus tierras  y ahora están aquí en una ciudad que sigue golpeando su dignidad, me pregunto, ¿hasta cuándo?

También es la pregunta  que Ana Teresa Bernal, Alta Consejera Distrital para los Derechos de las Víctimas, formula en su cuenta de twitter al Presidente Santos y al Alcalde Petro, en razón al informe que en la reunión del Comité de Justicia Transicional, llevado a cabo en Quibdó el día viernes  24 de agosto entregaba el ejercito nacional, referido a la falta de condiciones de seguridad para el retorno de los indígenas desplazados en Bogotá  a sus territorios en el Alto Andagueda, Departamento del Choco.

Los Embera Chami que hoy están en Bogotá y según el Dane son 15.032, han llegado a la ciudad como personas en situación de desplazamiento, víctimas del conflicto armado, de las condiciones de pobreza, discriminación y la implementación de políticas económicas que enarbolan el desarrollo pero que incrementan la exclusión y la marginalidad, su situación es solo un reflejo de la que viven el resto de comunidades y pueblos indígenas del país.

El más reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llamado “Pueblos indígenas, diálogo entre culturas” señala que el 63% de los pueblos y comunidades indígenas que habitan el país viven en condiciones de pobreza. La Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) por su parte, en su informe 2012, indica que los indígenas  en Colombia representan el 2,74% del total de la población y el 3,4% de los casi 3.900.000 desplazados internos. Los dos organismos son enfáticos en  requerir del Gobierno Nacional, políticas públicas adecuadas  frente al reconocimiento y la garantía de derechos de los pueblos indígenas.

A manera de referencia, el año anterior,  a la vez que se prestaba atención de emergencia,  a partir de variados y fluidos diálogos con organizaciones como la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y las autoridades Embera, se propuso desde Bogotá,  presentar un acuerdo político nacional por la vida y los derechos de los indígenas Embera, que permitiera hacer frente a la crisis social y humanitaria y a la degradación étnica y cultural. El acuerdo propuesto, consideraba 3 puntos esenciales, ninguno de los cuales fue instalado debidamente en la agenda política nacional:

1. Definir Protocolos precisos de acción en casos de reubicación, retorno e integración y delimitación de responsabilidades entre el gobierno nacional y  Bogotá, D.C.

2. Protección y cuidado de los niños y niñas embera  – sin excepción- a través de las redes de servicios y protección social. Apoyo a sus familias y respeto a su proyecto de vida. Protección de las mujeres especialmente, propiciando diálogos interculturales en torno a sus derechos  y consideraciones frente  a prácticas como  la ablación o mutilación genital femenina.

3. Replicar la experiencia de Bogotá en la construcción de política pública indígena resultado de la concertación con las autoridades, pueblos y comunidades indígenas presentes en la ciudad.

Por su parte, la actual administración de la ciudad, dentro del plan de desarrollo tiene programas destinados a la atención de las Víctimas y la Reconciliación. Frente a la situación de los indígenas de la etnia Embera Chamí en situación de desplazamiento, ha dispuesto de hostales y albergues temporales y de atención integral en salud, educación, recreación y nutrición. La declaratoria de emergencia para la atención de estas personas ha sido  prorrogada en dos o tres oportunidades  por la propia administración, en razón a que ni los retornos ni los compromisos del gobierno nacional se hicieron realidad, la principal razón, las difíciles condiciones de seguridad en las regiones y lugares a los que deben trasladarse las comunidades. Situación y argumento vigentes.

La respuesta a ese ¿hasta cuándo? que tiene rostro de niños, niñas y mujeres, supone volver sobre dos elementos relacionados e interdependientes. En primer lugar, la necesidad de lograr un retorno efectivo de la comunidad Embera Chamí y Katíos a sus territorios, en condiciones de dignidad  y para ello la memoria y la autocrítica sobre los procesos de construcción de política pueden ser aporte esencial, así como la corrección sobre estrategias probadas con anterioridad.

Una de las formulas  empleadas para enfrentar el tema antes y ahora, han sido los convenios nación – distrito, en los que se señalan obligaciones de las partes frente a la atención de la población, manteniendo el estado de atención de emergencia, ya  no en  la formalidad de la declaratoria sino en las acciones contempladas en el convenio. El norte se fija en las responsabilidades frente a la atención y las implicaciones de esto en lo operativo y no en las disposiciones de lo que debe ser el acuerdo estructural de permanencia en la ciudad y de retorno, asunto importante para un gobierno que quiere estar por encima de disquisiciones técnicas y contribuir en la agenda política.

La política pública de Bogotá, atravesó un primer momento, la formulación, pero de nada sirve -como otras – sin plan de acción, el tiempo pasa y el impacto de la gestión será  el resultado de la ejecución, el seguimiento y el monitoreo de las acciones.

En segundo lugar, el momento político del país y los actores a los que se formuló esa pregunta, el presidente Santos y el Alcalde Petro, encontrando que ellos son fundamentales en el retorno del conjunto de la sociedad colombiana, hacia el camino de la paz de la que hoy se dice tanto. El Presidente, por la responsabilidad  de conducir un eventual proceso de cese del conflicto armado en Colombia con el liderazgo, la prudencia y la concreción necesarias, quizás entonces,  se logre  que las condiciones de seguridad para los retornos cambien no por una confrontación y triunfo militar sino por un acuerdo político y el Alcalde, en tanto Bogotá  debe avanzar en el otro lado de la paz, su lado concreto, no el abstracto, que no es solo acallar los fusiles sino terminar con el desaliento y la inconformidad que produce la corrupción, la ineficiencia y la desigualdad social.


* Licenciada en Psicología y Pedagogía. Especialista en Gerencia Educativa, Especialista en Gobierno y Políticas públicas, Gerencia  y Gobernabilidad Política. Ha ejercido diversos cargos y responsabilidades  públicas relacionadas con la gobernabilidad local, la implementación de políticas  sociales de reconocimiento y redistribución, proyectos y estrategias de participación, movilización social y reconocimiento de la diversidad.   @Deidamiapiensa

 

Displaying 2 Comments
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  1. Yanira dice:

    Si bien Bogotá ha logrado concretar instrumentos como la politica pública indigena,tomando la delantera en consolidar temas etnicos en la agenda pública, tiene retos estructurales frente a la formulación participativa de los planes integrales de acciones afirmativas que permitiran pasar del discurso a la practica. En esa dirección podrá ser realmente ejemplarizante los esfuerzos, caminos y estrategias para hacer de Bogotá una ciudad intercultural que se piensa y actua desde la riqueza propia de la diversidad de cosmovisiones y planes de vida que interactuan en la Ciudad. Esto pasa por impulsar profundas transformaciones culturales en relación a la naturalización de la desigualdad que se expresa en racismo y discriminación racial.

  2. admin dice:

    Buenas noches:

    Quisiera también contribuir con una breve reflexión.

    Considero que los lugares civilizados en el mundo a un cierto punto han elegido la gente, el espacio y penalizado al carro, valorado lo colectivo y hecho la vida más difícil al privado, a lo que es interés individual. Tras de un breve “orgasmo” de algunos indignados está pormenorizado en las crónicas que hasta el comercio se beneficia.

    Punto segundo. En los comentarios que leo transpira ese aire que no me gusta de los (ciertos) bogotanos, ese aire que se respira cuando se deja entender que el Estado te lo debe resolver, te debe restituir el derecho.

    El derecho se reclama, se gana, más no se recibe como si fuera un servicio. ¿Cuánto derecho le restablecieron hoy señora? ¿Le restablecieron tan sólo la asequibilidad? ¡No me diga, qué vaina! La razón es que el poder se regala tan sólo en la visión de los ingenuos (como en el caso de los que de verdad creen en la Participación). La participación es real cuándo quién participa tiene autoridad, o sea el poder de ejercer de manera violenta o no violenta alguna forma de autoridad sobre otros actores, si no tiene esta facultad y, por ende, el poder de obligar al otro a pactar tras la amenaza de algún tipo de acción, ese participante es, pues, nada más que un convidado de piedra.

    Por esto los sistema de protección social no se hacen con los servicios; por ejemplo, con el “dar derechos” a “kilos” a “metros” o a “peso” de otros indicadores.

    Felicidades por el blog.
    _________________
    Andrea Lampis (Ph.D.)
    alampis65@gmail.com

    Personal Webpage:
    https://sites.google.com/site/lampisndr/

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