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Publicado el: Mie, Nov 21st, 2012

¿Gobernabilidad en el Distrito desde las alcaldías locales?

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Por Unicor

Las alcaldías locales en la estructura administrativa distrital, cumplen entre otras, la función materializar la descentralización territorial y con ella,  desconcentrar la prestación de los servicios y el ejercicio de las funciones a cargo de las autoridades distritales.

Los alcaldes locales reciben desde esta perspectiva responsabilidades abrumadoras, todas necesarias para conseguir tolerables niveles de gobernabilidad, veamos algunas de las funciones que les asigna el artículo 86 del Estatuto Especial de Bogotá, Decreto 1421 de 1993, les corresponde:  Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urbano, uso del suelo y reforma urbana, expedir o negar los permisos de funcionamiento que soliciten los particulares, dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente, conocer de los procesos relacionados con violación de las normas sobre construcción de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes.

Como se puede inferir apriorísticamente dichas competencias requieren de la confluencia de diferentes condiciones para su cumplimiento, entre ellas, una correcta coordinación con las autoridades centrales, respeto y acatamiento de sus decisiones por parte de la fuerza pública, presupuesto adecuado y autónomo, suficiente planta de personal y por último, burgomaestres locales  competentes e idóneos en el cumplimiento de sus funciones. Las anteriores características se encuentran garantizadas en la normativa correspondiente, en las directrices institucionales, en sus planes, programas y estrategias, empero, se debe reconocer que en la praxis, no se presentan como debe ser.

En la actualidad en las alcaldías locales como la de Fontibón y Sumapaz, no se han nombrado alcaldes en propiedad, en otras, apenas se esta superando la etapa de aprobación de los planes de desarrollo local, como consecuencia, la contratación de personal, la inversión de recursos esta paralizada o por lo menos, es muy lenta, debido además, a que mucha de ella, primero debe contar con la autorización de la Secretaría de Gobierno. Ni que decir de las plantas de personal, la mayoría de dichas alcaldías funcionan con un coordinador jurídico, uno en planeación, y uno que otro asesor y pocos funcionarios de carrera. Es decir, las localidades que en su mayoría, albergan poblaciones que sobrepasan los 500.000 mil habitantes, donde se presentan de forma directa las problemáticas, que en el gobierno central son conocidas casi siempre, a través de diagnósticos, informes y visitas esporádicas, no cuentan con las garantías necesarias para hacerle frente a las disimiles funciones, y a los grandes desafíos que se trazan en el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana.

Para demostrar lo afirmado, revisemos un poco lo relacionado con el funcionamiento de las oficinas asesoras jurídicas y las alcaldías locales,  relacionadas con violaciones a la Ley 232 de 1995 y por la ocupación indebida del espacio público

Al respecto tenemos que a octubre de 2008 en el Distrito existen 16.525 expedientes activos relacionados con la dos problemáticas señaladas. De este total, 11.403,  corresponden a procesos de Ley 232 de 1995 (establecimientos de comercio y usos del suelo), es decir el 60%, y 5.122 son por ocupación indebida del espacio público, es decir, un 31%.

La localidad con más expedientes acumulados es Engativá con 2.421 procesos (14.65%), le siguen Kennedy con 2.070 (12.53%) y Usaquén con 2.016 (12.20%), es decir que estas tres alcaldías tienen el 39.38% del total de expedientes del Distrito y las 17 restantes el 60.62%.

Existen 8 procesos de Ley 232 de 1995 sin resolver desde el año 1990, o sea procesos con más de 18 años. En el caso de los procesos por ocupación del espacio público existe un expediente de 1984, lleva 24 años en trámite.

Del año 1990 al año 1998 se encuentran en trámite un total de 229 actuaciones administrativas de Ley 232 de 1995, y del año 1984 al año 1998 se encuentran en trámite un total de 631 actuaciones administrativas por ocupación del espacio público, es decir llevan 10 años. Del año 1999 a octubre de 2008 por Ley 232 de 1995 hay en trámite 11.174 expedientes y por ocupación indebida del espacio público 4.491.

Para tramitar los procesos de Ley 232 de 1995 y ocupación de espacio público, el Distrito cuenta con 115 personas, de las cuales 82 son funcionarios (73%) de ellos, solo dos Profesionales Especializados, 34 son Profesionales Universitarios, 49 son Auxiliares Administrativos y una Secretaria, los 29 restantes (27%) son Contratistas. De los 29 Contratistas 17 son profesionales (14 Abogados, 2 Arquitectos y un Ingeniero), y 12 Auxiliares Administrativos.

En cuanto al tiempo promedio de trámite de las actuaciones administrativas adelantadas por Ley 232 de 1995, siete Alcaldías, (Usaquén, San Cristóbal, Usme, Kennedy, Teusaquillo, Los Mártires y Puente Aranda) están en un tiempo promedio entre 12 meses (un año) y 19 meses (un año y siete meses); en otras diez Alcaldías (Chapinero, Santa Fe, Tunjuelito, Bosa, Fontibón, Barrios Unidos, Antonio Nariño, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar), el tiempo promedio de trámite por expediente está entre 21 meses (un año y ocho meses) y 30 meses (2 años y 5 meses); en la Alcaldía Local de Suba se presenta un tiempo promedio de 53 meses (4 años 4 meses), tiempo de trámite bastante elevado en consideración al presentado por las demás alcaldías.  En relación con las actuaciones administrativas de recuperación del espacio público, 6 de las Alcaldías (Usaquén, San Cristóbal, Tunjuelito, Teusaquillo, Los Mártires y Puente Aranda) presentan un tiempo de trámite promedio entre 12 meses (un año) como mínimo, y 19 meses (un año y 7 meses) como máximo; un segundo grupo de 9 Alcaldías (Chapinero, Santa Fe, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar) se clasificó entre 23 meses (un año y 9 meses) como mínimo y 28 meses (2 años y 3 meses) como máximo; se observó un tiempo mayor en las oficinas jurídicas de las Alcaldías de Suba con 55 meses (4 años y 6 meses), seguida de Antonio Nariño con 42 meses (3 años 5 meses) y por último la Alcaldía de La Candelaria con 39 meses (3 años 3 meses).

Los tiempos de duración de los referidos procesos son altamente preocupantes, éstos son de carácter administrativo y policivo, y están hechos para que se resuelvan con celeridad, en aras de defender y recuperar los bienes públicos de forma efectiva y contundente. Como se anotó anteriormente esta situación se está presentando en las alcaldías locales por la falta de controles permanentes por parte de la administración distrital en su conjunto, así como por la falta de  capacidad institucional de las alcaldías locales, en particular, de las Oficinas Asesoras Jurídicas.

La Administración Distrital, frente a esta problemática debe replantear la estructura de las Oficinas Asesoras Jurídicas de las Alcaldías Locales, buscando su modernización y adecuación, acorde a la compleja realidad social.  Así mismo, se deben considerar medidas excepcionales para dar trámite urgente a los expedientes más antiguos, y para atender con eficiencia nuevos eventos, en fin, las alcaldías locales, que reciben competencias preferentes y residuales de todo el Distrito, deben ser sometidas a una restructuración que busque su fortalecimiento normativo, institucional, presupuestal y humano, solo de esta forma se materializaran las condiciones para garantizar, desde lo local, mejores niveles de gobernabilidad.

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  1. y los pobres poblaran ( Santa fe ) la tierra, cual es el problema?. El valor economico, con magnitud de baloto para muchos,construyamos ya en esta vida y con esta gente. Entonces la Localidad vive y lucha por Ordenar su`territorio. como siempre. El valor del suelo que es menor siempre para el pueblo Santafereño. Mmientras el de la plusvalia y el engaño, vale piso( Candelaria ).oidlo.

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