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Publicado el: Mar, Oct 23rd, 2012

Familias en Acción, de la logística a la política social.

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Por Deidamia García*

A mediados de la semana anterior, se presentó una controversia entre el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo para la prosperidad social  y el Gobierno de Bogotá. La situación se generó al parecer por cambios de último momento definidos por el DPS en las fechas de inscripción al Programa Nacional Familias en Acción, lo que  se leyó como un incumplimiento del proceso acordado y propició molestias en las familias que haciendo responsable al Distrito, se manifestaron en algunas de las sedes de la Secretaria Distrital de Integración Social, entidad interlocutora en el proceso por parte de la Administración Distrital.

Vía twitter se dieron opiniones encontradas  y discusiones asumidas directamente por el Alcalde Petro y el Director del DPS, Bruce Mac Master, quienes en medio de la tensión, sacaron a relucir, el irrespeto a las familias, el incumplimiento de los acuerdos, el afán de protagonismo de las partes e incluso, según se dijo, el desconocimiento por parte del Gobierno Nacional de la voluntad de la Administración de la capital para llevar a cabo el programa y coordinar otras acciones, a diferencia de lo hecho por administraciones anteriores. En un llamado a la memoria y a la justicia, es necesario referirse al programa de Familias en Acción y a las diferencias  que sobre el mismo, se expresaron en su momento en Bogotá, consideraciones que fueron más allá de las dificultades  logísticas.

Familias en acción es un programa de transferencia de subsidios condicionados, que nació de la mano del Plan Colombia durante el Gobierno de Pastrana. El programa que se esperaba fuera transitorio, se convirtió en permanente y en generador de unas lógicas perversas alrededor de su funcionamiento, además porque entendía las causas de la pobreza en los propios beneficiarios y  no en determinantes sociales, culturales, económicos. Bogotá, hace 9 años, ya comenzaba a transitar otro camino, un camino de comprensión de la pobreza  más allá de las consideraciones de consumo o ingreso como categorías únicas para definirla, enfrentarla  y medirla.

La ciudad hizo una fuerte oposición, a la utilización del SISBEN como el único criterio de focalización, desconociendo otras consideraciones propias de las realidades sociales y territoriales. El ejercicio de la ciudadanía  y el empoderamiento de las mujeres no era una consideración de los diseños técnicos del programa, los cuales profundizaban la dependencia  y la inequidad de género. Se observaba la recarga de actividades y como en muchas otras acciones de política, la utilización de la capacidad de las mujeres y de las redes sociales y comunitarias que se tejen alrededor de ellas en función de la operación del subsidio. Era un permanente cuestionamiento  al papel de la ciudadanía, en tanto Bogotá, consideraba la participación, elemento estructural de cualquier política pública, diferente a la concepción de capital humano sobre las que se inscribía el programa.

No creo que solo fueran unos años de tozudez, se tenía un debate político, conceptual y de gestión  en torno a las implicaciones de una política de subsidios condicionados como la que se señala. Un debate sobre  la política social restringida a la regulación de los pobres y la asistencia social como sentido de la política pública. Para la ciudad, el propio concepto de familias, era una limitante, porque no reflejaba  las transformaciones sociales y culturales. Se trataba de un programa que de entrar a Bogotá debía contemplar las obligaciones en materia de derechos humanos, la relación con otras políticas  como la de empleo, bancarización, salud,  seguridad alimentaría, género, ir más allá del desarrollo de criterios de acceso y aumento de las coberturas.

Era apenas evidente, la distancia en la concepción y acción sobre la pobreza entre el Gobierno Distrital y el Gobierno Nacional. Este último entre 2006 y 2007, asumió el programa como estrategia de superación de la pobreza, lo que se vio reflejado en su crecimiento operativo y de asignación de recursos, pero también fue plenamente demostrada, la relación de Familias en Acción con los resultados de las elecciones parlamentarias en 2006 y presidenciales del 2010, la utilización como instrumento de presión electoral, en particular en zonas profundamente afectadas por el desplazamiento y la presencia  de grupos ilegales.

Resultado de un proceso de evaluación de impacto, sobre el funcionamiento del programa entre 2002 y 2006, se socializaron logros relativos a la reducción de la desnutrición y la reducción de la deserción escolar, entre otros. Aunque el Distrito en su momento, reconoció, la importancia de avanzar en las evaluaciones de impacto de programas de esta naturaleza, expreso su desacuerdo frente a la conclusión del impacto del programa en el aumento y la distribución del ingreso, en tanto la disociación con otras políticas, implicaba que los recursos transferidos a las familias por la vía de los subsidios, fueran retornados por otras vías como la carestía en alimentos, el desempleo, impuestos con mayor afectación en los pobres.

Sorprendía ver, igual ahora, la complacencia de algunos funcionarios públicos con el aumento de las inscripciones en familias en acción, cuando esto puede ser una demostración de lo lejos que se esta en el combate de la pobreza y de la inequidad. Bajo la Ley 1532 de 2012, Familias en acción, elevo su estatus como programa para ser toda una política que según se ha afirmado ha tenido reformas importantes en el último año y medio, teniendo como referencia políticas sociales implementadas por los gobiernos de ciudades como  Bogotá y Medellín. Se han generado expectativas, frente a los cambios del programa, sobre todo sí el mismo se lee en conjunto con experiencias como la de la Agencia Nacional de Lucha contra la Pobreza Extrema, a través de la Red Unidos, con quienes se dio el lugar para plantear transformaciones importantes en materia de derechos, atención integral a la primera infancia, trabajo con víctimas, relación con otras políticas públicas, equidad regional y aplicación del enfoque diferencial, todo ello, previo a las actuales acciones de coordinación.

El distrito tiene en el sector social, un esquema de desconcentración de la operación, de allí que para el caso de integración social, existen subdirecciones locales para realizar una inscripción desconcentrada, facilitando el desplazamiento de las familias según su localidad de ubicación, lo que también plantea desde el comienzo, una atención con un énfasis territorial y de acuerdo a las dinámicas de vida de las familias, tema que ha sido apuesta permanente de la política  social de la ciudad y que puede verse de manera clara en experiencias como las de salud a su hogar, o la estrategia de gestión social integral. Defender esa postura es necesario, es más que una diferencia de orden logístico y operativo, son los programas  los que deben acomodarse a las dinámicas de vida de las personas y no al revés.

El reto del plan de desarrollo de la ciudad es inmenso, implementar la renta básica o ingreso ciudadano concebido como derecho para mejorar las condiciones de vida de las personas. La  pobreza es el resultado de la segregación y la acumulación, realidades que pueden ser revertidas sí se enfrentan poderes políticos, intereses particulares, determinantes estructurales, me pregunto sí Familias en Acción avanza en ello, mientras espero que la fila de la inscripción en Bogotá,  comience su recorrido.

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* Licenciada en Psicología y Pedagogía. Especialista en Gerencia Educativa, Especialista en Gobierno y Políticas públicas, Gerencia  y Gobernabilidad Política. Ha ejercido diversos cargos y responsabilidades  públicas relacionadas con la gobernabilidad local, la implementación de políticas  sociales de reconocimiento y redistribución, proyectos y estrategias de participación, movilización social y reconocimiento de la diversidad.   @Deidamiapiensa

 

Displaying 1 Comments
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  1. socaire dice:

    la reflexion de la historia nos recuerda que Bogo´ta tambien avanzó en la construcción concertada de una politica publica para las familias en bogota. un plural que va más alla de ampliar coberturas y que busca el reconocimiento de la diversidad de las familias.

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