Publicado el: Mie, Jun 10th, 2015

Fallos que matan el derecho y exoneran victimarios


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la foto (3)Por Mario Serrato/

“El fallo no tiene a Gustavo Petro como máxima víctima, la víctima real es la ciudadanía a la que le fue advertida esta sentencia: No se metan con la empresa privada”.El artículo 333 de la constitución política de Colombia es el artículo en el que se muestra nuestro talante neoliberal. En principio su redacción se muestra inofensiva, es más, se ve razonable que la competencia sea libre y tranquiliza mucho que dicha competencia se presente dentro de los límites del bien común.

La pregunta es ¿Qué diablos es eso del bien común? Es un concepto sujeto a toda clase de interpretaciones siendo posible una de ellas: evitar que la corrupción se apodere de los recursos y patrimonio públicos. También puede interpretarse como el derecho de los ciudadanos a pagar lo justo por un servicio público. O como la posibilidad de innovar en el modelo de recolección de basuras con el propósito ambiental de reciclar en la fuente.

El artículo también señala que la empresa privada tiene una función social que implica obligaciones: Una obligación de las empresas consistiría en entregar los vehículos y la infraestructura para la recolección de basuras, (obtenidas por gracia de la concesión y de propiedad de la población), para que la prestación del  servicio no tuviera interrupciones. En el caso de Bogotá, las empresas recolectores privadas escondieron el parque automotor con lo que impidieron que fuera puesto a disposición de la ciudadanía, con el argumento de ser de su propiedad. Por esta arbitrariedad, completamente contraria al bien común y ajena al cumplimiento de la función social de las empresas, es que la administración de Bogotá se obligó a comprar o contratar en el extranjero parque automotor para la recolección de basuras.

En esta ocasión no operó la condición de obligación implícita  de protección del bien común que establece la constitución, condición que obligaba a adelantar investigaciones, sanciones o presentar requerimientos por parte de los entes de control en los que se obligara a esas empresas a devolver lo ajeno o a cumplir con la función social y el bien común que la constitución impone a sus actividades.
Las menciones sobre responsabilidad, obligaciones implícitas y bien común, que pesan sobre las empresas privadas, desaparecieron por arte de birlibirloque en los sucesos que dieron por resultado la destitución e inhabilidad de Gustavo Petro.
La norma que da paso al neoliberalismo también señala que el estado tendrá la obligación de evitar o controlar cualquier abuso que se haga de la posición dominante en el mercado. Esa posición dominante presenta la forma de la arbitrariedad en esta ocasión. En pocas palabras: fue sancionado el que hizo todo lo que pudo para seguir operando, y absuelto el que impidió que se operara.
El fallo producido en contra del alcalde consideró que hubo dolo al no pronosticar que las máquinas recolectoras de basura serían escondidas por quienes las administraban, pero nunca consideró que esos mismos entes de control se encontraban en la obligación funcional de  exigir que esas máquinas e infraestructura fueran puestas a disposición del bien común.  El fallo parece considerar que el alcalde estaba en la obligación de profetizar la mala fe, y en adivinar que los entes de control lo dejarían solo en su lucha por cumplir con la salubridad pública y el patrimonio ciudadano. Su dolo consistió en creer que los demás cumplirían con su deber.

Se argumenta en el fallo que el alcalde fue advertido en múltiples ocasiones por entidades nacionales y distritales, pero este mismo fallo no contiene en ninguno de sus apartes, ni en ninguna de las piezas que componen la investigación, un solo requerimiento a las empresas privadas en el que se les obligue a entregar los camiones recolectores para asegurar el bien común, la salubridad pública y defender el patrimonio y moralidad públicas.

El fallo no tiene a Gustavo Petro como máxima víctima, la víctima real es la ciudadanía a la que le fue advertida esta sentencia: No se metan con la empresa privada.

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