Publicado el: Jue, Ene 29th, 2015

ESCÁNDALO EN MANAURE  


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manaure_(11)Por: Mario Serrato

Recientemente en la población de Manaure, La Guajira, se presentó un hecho que tiene al municipio conmocionado.


La alcaldesa titular, un exalcalde, tres secretarios de despacho, un contratista y un líder indígena de magnitud nacional, fueron cobijados con orden de captura, y tras ello, se impuso medida de aseguramiento a algunos y abstención de medida para el exalcalde.

La investigación adelantada por la Fiscalía sobre tres contratos suscritos por las personas relacionadas fue divulgada a los medios, los que publicaron que más de 14 mil millones de pesos de los indígenas desparecieron sin explicación o soporte que indique su destino o la forma en que fueron invertidos.

Si bien la función constitucional de la Fiscalía consiste en perseguir el delito, no es menos cierto que esta tarea debe hacerla respetando el debido proceso y garantizando a los sujetos procesales todos los derechos que les otorgan la Constitución y las leyes.

El fiscal investigador, en un acto que debe ser explicado con más detalle, se fue a una población de Santander a conseguir que un juez de control de garantías emitiera las órdenes de captura. La razón por la que desconoció el principio del juez natural parece tener apoyo en una aparente desconfianza de la Fiscalía en los jueces de La Guajira.

Resulta muy común que los funcionarios del interior, y muchas personas de esta región consideren que en la Costa Atlántica existe una especie de proclividad al delito y una propensión a la corrupción administrativa y judicial con orígenes naturales.

Al revisar las solicitudes de  captura contra personajes de la vida nacional incursos en situaciones similares, por ejemplo, las pedidas contra Andrés Felipe Arias, María del Pilar Hurtado o los hermanos Moreno Rojas, ningún fiscal se desplazó a Condoto, en el Chocó o a El Bordo, en el Cauca, a solicitarlas.

Por otra parte, en el caso del exalcalde de Manaure, se encontraron en la argumentación del fiscal tantos vacíos que la juez de Riohacha, a quien le solicitaron la imposición de la medida, no encontró estructurados los elementos que le permitieran construir una inferencia razonable suficiente para imponer la restricción de la libertad a un inocente. Por este motivo no la impuso.

Recordemos que la presunción de inocencia es un derecho de observancia obligada sobre todo aquel que no haya sido vencido en juicio.

Una vez la juez en Riohacha se abstuvo de imponer medida de aseguramiento al exalcalde, y tras la entrega de la señora alcaldesa de Manaure, la Fiscalía decidió trasladarla a Bucaramanga, Santander, en donde un juez la envió a la cárcel con los mismos escasos argumentos que fueron considerados insuficientes en Riohacha. Además, en un acto de amenaza que viola el principio de independencia de los jueces, la Fiscalía solicitó ante los micrófonos y las cámaras de los medios, investigación en contra de la juez de Riohacha que desnudó las carencias de su trabajo investigativo.

En pocas palabras, ante la insuficiencia de la investigación, la Fiscalía acudió a un ardid institucional para llenar los vacíos de su pobre trabajo.

El racismo, o el desprecio prejuicioso por El Otro, puede explicarse con una mesa de cuatro patas: La primera pata consiste en considerar que El otro es sucio o desaseado. La segunda pata indica que El Otro es perezoso para el trabajo. Una tercera señala que las mujeres de El Otro son calientes y promiscuas. Y la cuarta pata se soporta en el prejuicio que considera al El Otro deshonesto, tramoyero o ladrón.

Cuando buscamos las razones en que se apoyó la Fiscalía para fracturar el derecho al juez natural que le asiste a la alcaldesa de Manaure, solo encontramos la cuarta pata del ejemplo.

 Mientras escribo estas letras, una juez de control de garantías en Medellín, concedió la detención domiciliaria a 12 personas vinculadas con una operación de lavado de activos en transacciones de oro, que alcanza la escalofriante cifra de 2 billones de pesos.

 ¿Será que la fiscalía acudiría a un juez en Villavicencio o en Mapiripán para impedir la concesión del beneficio otorgado o para continuar con el juicio? O se abstendrá de hacerlo debido a que en su criterio los jueces de Medellín si son honestos y objetivos, solo por qué no son costeños?

Si bien la investigación contra los funcionarios de Manaure debe continuar y esclarecerse la verdad, no debe olvidarse que los juristas costeños han brillado con luz propia en los estrados judiciales de la nación por lo que no merecen ser tratados de manera prejuiciosa y racista.

Es la hora en que todos los abogados (funcionaros o litigantes) de la Costa, no solo los de La Guajira, se pongan de pie y exijan respeto a su honestidad y demás virtudes, pero sobre todo a la independencia de sus decisiones judiciales, y sus gestiones litigiosas.

También es la hora en que los interioranos aprendan a respetar a El Otro, y a dejar el prejuicio para sus casas y sus íntimos corrillos de cachacos.

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