Publicado el: Lun, Feb 24th, 2014

En derecho, Petro se queda…


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DSC04055Por Guillermo Segovia Mora/ 

Consejo de Estado puede corregir o ratificar una injusticia. Decreto sobre basuras fue declarado legal y con ello la destitución es ilegal. La Procuraduría violó el debido proceso.

El Decreto 564 de 2012, sobre cuya presunción de ilegalidad la Procuraduría fundamentó la destitución e inhabilitación del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, es legal según fallo del Juzgado Tercero Contencioso Administrativo del 12 de febrero, por ende, la determinación del Ministerio Público carece de base lícita, además de que se había construido sobre otras irregularidades en el aspecto jurídico: violación del debido proceso, denegación de pruebas,  usurpación del control de legalidad, desconocimiento  de la presunción de legalidad de los actos administrativos y  abuso en la determinación y tasación de la sanción. Las consecuencias de esta sentencia son definitivas, en primer lugar, que la destitución del alcalde es ilegal, es decir, Petro se queda y de ahí el silencio y ocultamiento de los medios en la expectativa del éxito de alguna de las otras tácticas en contra del alcalde.

En un proceso diferente -pero en el que la sentencia referida no puede pasar desapercibida, como sugieren algunos publicitados “juristas”- el Consejo de Estado, en sala plena, debe examinar y fallar  sobre la constitucionalidad de la tutela interpuesta en diciembre por los abogados del alcalde contra la destitución y fallada negativamente en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca     -con salvamento de voto de la magistrada  Amparo Oviedo a favor de tutelar por violación del debido proceso. Al tenor de esa decisión se resolverán otras   tutelas unificadas que impugnaron la destitución y fueron decididas favorablemente a los peticionarios en primera instancia.

Si obra en derecho, aceptando las motivaciones contundentes de la ponencia del magistrado Guillermo Vargas, que evidencian violación del debido proceso al alcalde y ratifica la suspensión de la destitución, Petro se queda por doble vía. De lo contrario, la máxima instancia contencioso-administrativa quedará en entredicho dada la influencia del Procurador –ocho consejeros reconocen su amistad con Ordoñez y tener familiares empleados en la Procuraduría- en su determinación, en la más descarada trasgresión a la juridicidad en la historia reciente del país: avalar una decisión tomada con base en una ilegalidad manifiesta.

La libre competencia no es absoluta

En fallo del pasado 12 de febrero, el Juzgado Tercero  Administrativo del Circuito de Bogotá, sección primera, a cargo de la juez Aura Patricia Ojeda, resolvió de fondo la demanda de nulidad contra el Decreto citado, que modificó el modelo de recolección de basuras en la ciudad, instaurada el 10 de diciembre de 2012 por el concejal Orlando Parada, ya encartado y hoy penalizado como corresponsable del carrusel de la contratación, alianza criminal que saqueó las finanzas de la capital. Este mismo “ejemplar ciudadano”, junto con otros particulares por el estilo y funcionarios públicos adversarios confesos del alcalde y de su plan de gobierno, fue uno de los quejosos que activó las investigaciones disciplinarias de la Procuraduría

En una decisión categórica, la juez negó en su totalidad las pretensiones del demandante y ordenó el archivo del expediente, sobre la base de que del decreto “no se desprende ninguna conducta trasgresora” y de que “en las demandas se le da un gran peso al principio de libre competencia y lo afirman como absoluto, inmodificable y no graduable, sin tener en cuenta que se está  en el escenario de servicios públicos domiciliarios, en el que se debe dar mayor peso a otros valores y principios(…)  de los cuales se colige que el Estado tiene la obligación  de responder por la continuidad del servicio y que debe garantizar acciones afirmativas a grupos marginados”.

No obstante la trascendental significación del fallo, en cuanto a la legalidad de las medidas adoptadas para replantear el modelo de recolección de basuras, el concepto constitucional de libre empresa y competencia, los servicios públicos domiciliarios como derechos, el cumplimiento de la sentencias de la Corte Constitucional para la inclusión de la población recicladora en condiciones de dignidad  y otros aspectos relacionados con la prestación del servicio, su mayor impacto, en la  coyuntura actual, es que deja sin base jurídica la “sanción disciplinaria” impuesta por la Procuraduría General de la Nación contra el Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro.

La Procuraduría interpretó que el decreto citado violaba el principio de libre competencia, desconociendo la presunción de legalidad de ese tipo de actos administrativos abusivamente lo consideró ilegal y, a partir de esto,  descalificó  las determinaciones que tomó la Administración Distrital para poner a andar el nuevo modelo de desprivatización. Además, la responsabilizó de poner en riesgo a la población, sin respetar el debido proceso y negando los peritajes ofrecidos por el disciplinado para demostrar que las medidas asumidas el 18 de diciembre de 2012, no afectaron el medio ambiente ni la salubridad pública, sino que buscaron conjurar la crisis generada por los operadores privados provocando una inusitada acumulación de desechos en algunas zonas de la ciudad.

Sacar a Petro como sea

Así, el ente disciplinario  construyó el pliego de cargos que sustentó la determinación de destituir al alcalde e inhabilitarlo por 15 años y que desde su formulación prejuzgaba sin rubor.  Acusó a Petro de falta gravísima a título de dolo por violar la libre competencia con la expedición del decreto 564 de 2012, la misma calificación y sesgo por poner a funcionar el esquema con empresas que adujo carecían de experiencia,  y de culpa por habilitar volquetas para recoger las basuras que dejaron amontonar los privados como reacción a la nueva política de alcalde. La decisión de la juez tercera administrativa, al respaldar la legalidad del decreto comentado, dejó sin sustento los cargos y, desde luego, la sanción disciplinaria contra Gustavo Petro.

En otro escenario de la trama, una instancia superior de la jurisdicción contencioso administrativa, el Consejo de Estado, asume y unifica para resolver, en segunda instancia, la tutela negada al alcalde y una treintena de tutelas interpuestas después por ciudadanos que reclaman protección a sus derechos políticos y los del alcalde frente a la decisión de la Procuraduría. En primera instancia,  el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la de Petro, en ese momento no se habían agotado los recursos en la Procuraduría, y concedió las demás  con fundamento en una amplia reflexión sobre las funciones disciplinarias, la soberanía popular, los derechos políticos, el debido proceso  y la obligatoriedad para las instituciones de acatar el derecho internacional en virtud del bloque de constitucionalidad, que, en materia derechos, hace legislación interna la normatividad internacional.

La Procuraduría recurrió ante el Consejo la sentencia de primera instancia favorable a Petro, desdeñosa de los  argumentos del Tribunal, esperanzada en la obediencia  que sus favores en apariencia le brindan en las cortes.  Pero la arbitrariedad pareciera tener límites. El magistrado Guillermo Vargas, a quien le correspondió la ponencia,  aprecia ajustada a derecho la decisión de tutelar los derechos del alcalde. Si bien preserva todas las prerrogativas disciplinarias que la Procuraduría alega como antecedentes funcionales y jurisprudenciales, incluso sobre la Convención Americana de Derechos Humanos, determina, con razones de fondo, que en el fallo en contra de Petro se violó el debido proceso, se lo sancionó sin probar violación de la ley y se comete el exabrupto de condenarlo por  adoptar una política pública, lo que hace parte de sus funciones. En una primera decisión relacionada con el caso, el Consejo descartó la posibilidad de sancionar a los tutelantes  por un supuesto abuso del recurso, reclamo exasperado de los opinadores y activistas antipetristas.

La sala plena del Consejo de Estado, según intereses al parecer repartidos en la votación, puede optar por ratificar la destitución sin más o remitirla a que se interponga y defina la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que aún favorable después, en lo inmediato también deja por fuera al alcalde, dándole satisfacción a Ordoñez pero una bofetada a la legalidad. En ambos casos quedaría la opción del Consejo Superior de la Judicatura, que revisa en segunda instancia más de trescientas  tutelas motivadas en violación de derechos políticos, cuyo proyecto de fallo correspondió al magistrado Pedro Sanabria que se declaró y retractó de ser “Amigo íntimo” del Procurador y a quien sus compañeros negaron el impedimento. De ratificarse allí la destitución, la  evidencia de falta de garantías para Petro, seguramente alentará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ordenar medidas cautelares (el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ong asesora de la OEA ya comunicó al Consejo su advertencia sobre la violación de Convención Americana con la destitución de Petro.

También  es posible que por los resultados de la  votación del Consejo no se pueda definir la situación y haya necesidad de nombrar conjueces aplazando la determinación, lo que según lo manifestado no es el deseo de los magistrados.  Y por último, si se impone el derecho y el coraje, el Consejo puede tutelar el derecho del alcalde al debido proceso y suspender su destitución. De  producirse la revocatoria de la sanción disciplinaria, se espera que en el mismo sentido se pronuncie el Consejo Superior de la Judicatura. Finalmente, la Corte Constitucional deberá revisar esta determinación como instancia  de cierre, para superar las discordancias de la jurisprudencia con la Convención Americana de Derechos Humanos y ajustar algunos tornillos de la Procuraduría. Entidad, esta última, que o bien el Congreso o bien el constituyente primario deberán determinar si acaban o reforman en función de coadyuvar al posconflicto, la materialización de los derechos fundamentales y una administración pública honesta y trasparente.

La opinión publicada anda desubicada

La  situación es concluyente, el decreto sobre el que basó Petro sus decisiones es legal y para juzgarlo a él se presumió ilegal por una instancia incompetente para hacerlo, que además le violó el debido proceso, dicho de otra manera, su destitución es vulgarmente ilegal. Lo que enerva es que un grupúsculo de analistas y abogados, considerados e impuestos por los medios como la brújula del país, pretendan hacer pasar como razonamientos imparciales y jurídicamente versados, posiciones al servicio de los intereses de particulares a los  que las determinaciones políticas de la alcaldía afectan en beneficio colectivo.

Juan Manuel López Caballero, la pluma que por dos décadas cuestionó el neoliberalismo en el poder, anda confuso en su columna de la revista Dinero, al punto que argumenta igual que su contradictor Jaime Castro, en El Tiempo: siguen rechazando que   Petro defienda sus derechos y, como están las cosas, el Estado de Derecho, para lo cual omiten aceptar que la sanción es ilegal y se retuercen en contradicciones y amaños. López, en su ofuscamiento antidemocrático, pide penalizar “la ocupación de la Plaza de Bolívar” y  a Canal Capital. Él, que no cabe en la ropa, achaca al ego de Petro el desbarajuste institucional creado por el Procurador con un fallo ilegal motivado en intereses protervos.

Periodísticamente también hay mano dura contra Petro. La edición dominical del 23 de febrero de El Tiempo, siguiendo la matriz de descrédito, ad portas del fallo de Consejo de Estado, publica un artículo que intenta deslegitimar la actuación del magistrado ponente, Guillermo Vargas, forzando dudas sobre posible colisión de intereses. No controvierte fundamentos jurídicos, para nada tiene en cuenta la ilegalidad de la destitución y cita como asunto secundario, el hecho de que siete magistrados se hayan declarado impedidos -y otro más  lo haya admitido en reserva-  por tener familiares empleados en la Procuraduría -entre ellos la presidenta del Consejo que ya prejuzgó sobre la improcedencia de las tutelas. Los  impedimentos fueron rechazados en plenaria por lo cual votarán en el caso. Similar actuación tuvo el diario con el Magistrado Armenta  que tuteló en primera instancia los derechos del alcalde. El Tiempo pertenece al Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo con intereses en el sector de la construcción en Bogotá, ahora regulado por el Plan de Ordenamiento Territorial de Petro.

Es inconcebible, por absurda más no por inocente, la posición de estos medios y columnistas que, no obstante, las determinaciones judiciales antes comentadas, en sintonía con la  estrategia de un sector influyente de la derecha, hacen caso omiso del fallo que reconoce la legalidad de las determinaciones de Petro y la ilegalidad de su destitución. Ahora, en forma evidentemente perversa y mañosa, se centran en cuestionar la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, meten miedo siguiendo al preocupado Procurador con el cuento de que costarían billones al país, y critican la estrategia de los seguidores del  alcalde frente a la revocatoria, cuyo cambio de fecha es ilegal y genera dudas, como si no fuera una prerrogativa constitucional y legal decidir por cual alternativa se inclina  un ciudadano cuando hay opción para ello, así como agotar los recursos que la legislación ofrece en defensa de sus intereses y del derecho humano y constitucional al debido proceso.

Dan explicaciones rebuscadas a la popularidad  del alcalde como que la subida de su imagen se debe a la odiosa destitución, que de seguro incide, pero eluden que la encuesta “Bogotá ¿Cómo vamos?” ya registraba cifras favorables de superación de la dramática crisis institucional generada por la corrupción, y obligan a otras hipótesis que se podrían buscar, por ejemplo, en el Informe Estratégico de Gestión 2013 presentado por la administración a finales de enero, que evidencia importantes logros sociales. O en los propios informes de Dinero, revista especializada para el mundo de los negocios, por lo que sus informes tienen un público reducido y no es del interés del dueño de Publicaciones Semana, Felipe López, hermano de Juan Manuel, masificar en las otras revistas de la empresa que piden ¡No más balcón! y editorializan su información sobre la capital.

En la última edición de la revista, se publican artículos que refutan las elucubraciones de firmas y medios privados con intereses económicos e informan de una realidad distinta: la Alcaldía se apresta a poner en marcha tres proyectos trascendentales de renovación urbana, durante 2013 la economía de Bogotá creció satisfactoriamente, el recaudo tributario se optimizó y las finanzas distritales gozan de buena salud. Ante evidencias tan contundentes y los sucesivos fracasos de la estrategia de desestabilización y destitución, intentan desviar la atención, confundir la opinión  y presionar al poder judicial buscando parar a Petro, que contra viento y marea está consolidando las líneas fundamentales de su programa Bogotá Humana.

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