Publicado el: Lun, Ene 20th, 2014

El pueblo en la plaza y Petro en el balcón


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plazadebolivar-petroGuillermo Segovia Mora

“Le tienen miedo a la democracia, la de verdad, en la que el pueblo protesta, cuestiona, propone y determina. Le temen a la capacidad de convocatoria y liderazgo democrático de  Petro que como un titán se creció con las batallas”.

Los guardianes del statu quo están desesperados y en su desconcierto titubean entre apoyar sin más o  cantárselas al autor del lío, el Procurador Ordóñez, quien creyó haber hecho la jugada de la vida y desató la ira de gran parte de la ciudadanía hastiada de sus arbitrariedades y su credo medieval. Intentando desviar la atención del caso Petro le estallaron un escándalo a la secta de Piraquive, atemorizan  con  los riesgos económicos de la ciudad ante la incertidumbre, responsabilidad que atañe al Procurador por haber fallado parcialmente a favor de posición dominante de los monopolios de aseo, y callan las cifras en alza de la inversión y de las acciones de las empresas distritales. Y, ante la vigorosa reacción popular de apoyo al  alcalde, quieren convertir su angustia en cansancio colectivo y temor para tratar de desmovilizar la indignación.

Al día siguiente de  ratificar la destitución e inhabilitación del Alcalde Gustavo Petro, el Procurador se paseó afanosamente por los medios para estrenar  enchape dental presidenciable y comunicar su imprimatur. Ironizó la reposición del alcalde  como una copialina  y él sabe de eso porque a la providencia de su antecesor, que sancionaba a los exministros de Uribe  por la “Yidispolítica”, apenas  le suprimió los párrafos probatorios para absolverlos y allanarle al jefe de aquellos el camino a su funesta reelección en 2006[1] Pero más tardó en despedirse de sus periodistas áulicos, que la gente que apoya por miles al alcalde de Bogotá en copar una y otra vez  la plaza y las redes para gritarle: “¡No pasarán! ¡Petro no se va!”, y un juez díscolo en reflexionar “¿cuál es su afán? Los derechos no se borran de un plumazo y su orden se suspende”. ¿Quién dijo miedo? El magistrado Armenta a la hoguera  y si con el chamuscón no se arredra lo queman en la pira porque con los poderosos no se juega.

Del chiquero salen insultos pero también señas

La revista Semana le increpa a Ordoñez que la embarró por ambicioso para luego, en un arrebato nervioso propio de los que ven en riesgo su poder, conminar en portada a Gustavo Petro a no salir más al balcón de la Alcaldía, tarima de la rebeldía capitalina, y silenciar su “populismo”, calificativo que no ofende al alcalde sino a la multitud que lo acompaña en la plaza, mayoritariamente joven, políticamente formada, consciente de sus derechos y decidida a participar. El Tiempo editorializa -lo mismo hizo Amat en CM&-         a través de María Isabel Rueda, quien se auto entrevista para responder al alimón con Ordoñez, en un intento de legitimar los abusos de éste y apuntalar una autoridad desprestigiada y tergiversa grabaciones de los testigos del complot contra Petro para tratar de deslegitimar sus denuncias. “Pachito” Santos se asoma asustado para decirles a los asustados que él puede ser la salvación pero si se unen todos contra Petro, en clara añoranza del arcaico Frente Nacional excluyente, clasista y represivo.

Le tienen miedo a la democracia, la de verdad, en la que el pueblo protesta, cuestiona, propone y determina. Le temen a la capacidad de convocatoria y liderazgo democrático de  Petro que como un titán se creció con las batallas. Para los negocios es ideal aquella ciudad del voto sumiso y silencioso de cuando en cuando, donde imperaba el clientelismo de la “gente bien” que termino revuelta con una tanda de “igualados ordinarios”  pero no le importó mientras la mar estaba serena. Tienen  apuro de que Petro se vaya para sepultar el capítulo “Bogotá Humana” y su promesa de modernidad. Algunos más “abejas” quieren volver  a la  ciudad  de  los negociados, de cuyas fétidas canecas están emergiendo verdades incómodas que afectan a respetados señores y a otros no tan respetados pero también miembros de la camarilla saqueadora.

La estabilidad jurídica  no puede ser un dique a la evolución social so pena de su desborde y en eso deberían reparar quienes, en la más reaccionaria lógica y  taxativismo irracional, blanden como argumento la carta y la legislación para sustentar la destitución e inhabilidad del Alcalde Petro y niegan el carácter ideológico, político y quién sabe qué más de la determinación. En línea con eso, la indiferencia deliberada de los medios y de los antipetristas , frente a los testimonios de los procesados por el “Carrusel de la contratación” (Emilio Tapia y Manuel Sánchez -a quienes en nada beneficia y si pone en riesgo la denuncia-), que constatan la existencia de un plan para derrocar a Petro por parte de los comprometidos en la corrupción en la capital, en alianza con los propietarios de los monopolios que prestaban el servicio de recolección, afectados por los cambios quirúrgicos introducidos por el alcalde, anima la sospecha de que algo muy turbio emerge de las basuras, negocio en el que se hermanan periodistas, contratistas, funcionarios y gente de los bajos fondos[2].

Los motivos de Armenta

La exigencia atrevida de los opinadores adversarios de Petro,  de que la tutela admitida por el magistrado Armenta contra la determinación del Procurador sea negada por los antecedentes jurisprudenciales, no expresa sino el temor que, ante la movilización popular de indignación y la pluralidad de razones expuestas por especialistas de distinto tipo, además de los yerros deliberados señalados a  la providencia y  los oscuros hechos que la rodean, la Corte Constitucional, a donde de prosperar debe llegar en última instancia,  pueda aprovechar esta oportunidad para corregir una posición contradictoria con el  Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Claro, también podría ratificarse como expresión de la mayoría conservadora que hoy la compone y que linchó electoralmente a Piedad Córdoba. Y entonces el constituyente primario tendrá la palabra.

De momento, Armenta en sus motivaciones le ha dado al entorno jurídico y a la ciudadanía varios elementos conceptuales a tenerse en cuenta para la solución del galimatías en que ha sumido a la ciudad y al país la cruzada inquisidora del Procurador. Si bien es cierto que la Corte Constitucional le da base jurisprudencial a la determinación de Ordoñez, el magistrado nos recuerda que lo hace a contrapelo de la Convención Americana de los Derechos Humanos (art. 23) que, a diferencia de lo que mañosamente repite Ordóñez, es vinculante según la Convención de Viena regulatoria de tratados internacionales, signada por Colombia.  Y por tanto son viables y obligatorias las medidas cautelares para proteger los derechos del alcalde. La Corte está en mora de corregirse. El instrumento  para garantizar el cumplimiento de este tipo de normas, es el Control de Convencionalidad -utilizado con frecuencia para proteger  los derechos laborales y de las minorías-, descaradamente inaplicado este episodio.

 

Providencia non sancta

Al interpretar  la función de destituir servidores públicos, inclusive los de elección popular, sin establecer y precisar los procedimientos y circunstancias excepcionales cuando a ello haya lugar, la Procuraduría y la Corte están violando la soberanía popular, la Constitución  y la Convención Americana de Derechos Humanos. Petro y algunos juristas convienen en que, si en gracia de discusión, se acepta esa posibilidad, la Procuraduría debe ofrecer en el proceso administrativo las mismas garantías del debido proceso penal.

En el caso del alcalde fueron arteramente inaplicadas para producir un fallo motivado en posturas ideológicas[3]. Se sanciona a un servidor por culpa gravísima a título de dolo mediante juicios de valor (se obstruyó la libre competencia, las empresas no tienen experiencia, se puso en riesgo la salubridad), arrasando la presunción de legalidad de los actos administrativos (decreto de habilitación de las empresas para prestar el servicio previamente declarado legal por un juez administrativo) y administrando las garantías procesales según las necesidades del despropósito (no se indagó sobre las denuncias del “complot de las basuras” y se selectivizaron y manipularon los testimonios).

Omitiendo o tergiversando la realidad y la normatividad, los agentes oficiosos del establecimiento “paniquean”  con la embustera afirmación de que si eso no es así la corrupción y la mala administración quedarían impunes. Y Armenta les pone en la boquita una menta: el procedimiento idóneo para castigar a los funcionarios de elección popular por incumplimiento de sus deberes y funciones de acuerdo con causales de ley      -desde luego si no se trata de delitos por los que responden ante la justicia penal o ante el Congreso- es, o debería ser,  la “pérdida de investidura”. De otra parte, el control político, que abusivamente asume con Petro el Procurador -“se va por mal alcalde”, afirmó con sonrisa socarrona a algún medio- corresponde por mandato constitucional y legal a los cuerpos colegiados. En el caso de Bogotá al Concejo o la Cámara de Representantes, a los  que desplazó Ordoñez, seguramente convencido de la mediocridad y colisión de intereses de algunos de sus integrantes, pero aun otorgándole ese noble propósito -cosa difícil-, eso no es de su resorte y está violando la ley.

El magistrado amplía su argumentación motivacional a la fuente misma de la institucionalidad consagrada en la Constitución Nacional: la soberanía popular. De tratarse de incumplimiento del programa, gestión cuestionable o mal desempeño del alcalde, a quien corresponde determinar si se debe quedar o se debe ir, en un proceso eleccionario que indudablemente es de carácter político, es al pueblo soberano mediante la figura de la revocatoria de mandato. Ese proceso está en curso en la ciudad, luego que el Alcalde utilizara los recursos legales ante una iniciativa que no ha sido del todo clara y a los cuales querían que renunciara, porque sí, algunos políticos clientelistas y críticos pendencieros, y al que ahora su principal promotor, temeroso de una humillante derrota, dizque quisiera renunciar para evitar gastos al erario. Si los plazos de las diferentes vías jurídicas así lo determinan, la Registraduría ya  tiene prevista la fecha del 2 de marzo para la elección revocatoria, que podría aplazarse unos días por esa misma razón. Estamos ante una de las más fascinantes jornadas de refrendación popular de un mandato, posibilidad ante la cual la coyunda antipetrista hará hasta lo indecible.

El temor a la ciudadanía

Haciendo terrorismo mediático y en su táctica de engaño (a ver si voltean a la gente con sofismas), los adversarios de Petro aducen que de prosperar la tutela del magistrado Armenta cientos de disciplinados por parapolítica y corrupción,  sancionados con destitución, inhabilidad y pérdida de investidura, demandarían al Estado con cifras multimillonarias que pondrían en riesgo el fisco y exigirían su restitución burlando las instituciones. Mentirositos si no. La ley en eso es clara, perdieron su curul o su puesto por sentencia judicial condenatoria ante la comisión de un delito contemplado en el Código Penal y por faltas disciplinables como servidores públicos vinculados. Son contados los casos, que la opinión conoce por el evidente abuso cometido contra ellos, en los que los afectados podrían demandar revisión, verbi gracia, además de Petro, Piedad Córdoba y Alonso Salazar, e inclusive Guillermo Asprilla, exsecretario de gobierno de Petro, por la parcialidad en su contra.

Prosperen o no las tutelas interpuestas, cuyo uso critican los doctores en constitucionalismo  de conveniencia -y por cuya promoción y defensa desde hace años, en lugar de exaltar, Semana le hace matoneo mediático a José Cuesta- , y las tesis jurídicas del magistrado Armenta, lo que nadie podrá negarle en su aporte a señalar luces sobre cómo corregir una de las mayores aberraciones cometidas contra un dignatario de elección popular en un proceso montado y rodeado de enigmas. De ser rechazada, no se cierra el capítulo. La Fiscalía está investigando los hechos que ambientaron la decisión y la providencia misma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha cerrado los ojos y los negociadores en La Habana toman nota del petardo del uribismo contra los diálogos de paz, otro de los propósitos del fallo, y cómo lo va a manejar el Gobierno.

La ciudadanía, con el trascurso de los días -y por eso el afán de “¡acabar con esa vaina ya!- tiene más claridad sobre el estropicio, sus propósitos y actores, y de que la participación política, la movilización y la libertad de expresión, opinión e información son derechos que deben ejercerse y producir efectos. No son solo adornos para el mercadeo del país. Da grima escuchar a los “analistas” advertir sobre los riesgos de la movilización, que es la manifestación más concreta de lo que ellos mismos artificialmente demandan  cuando el piso no les tiembla: democracia.  Les gusta como expresión del tutelaje no de soberanía de  las multitudes inteligentes. La gente ahora conoce su poder, por eso se está haciendo sentir[4].

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