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Publicado el: Mar, Nov 6th, 2012

El Fondo de Seguridad y Vigilancia: Otro fortín de la corrupción


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Por Unicor

El Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito –FVS-, hace parte del conjunto de instituciones y dependencias públicas que se habían constituido al pasar de los años, en fortines políticos y económicos; donde no se tomaban ningún tipo de decisiones, particularmente contractuales, sin que el visto bueno del jefe político de turno.

Recordemos que Bogotá venia sumida por décadas en el caos, producido por la  mala administración; la modernización administrativa es relativamente nueva; la misma se remonta a la administración de Jaime Castro en el periodo de 1992 a 1994, quien consiguió la aprobación del Estatuto Orgánico de la ciudad, poniéndolo a tono con lo establecido por la recién aprobada Constitución de 1991; reorganizó las finanzas distritales y sentó las bases para que administraciones como la actual, en uso de la autonomía relativa de la ciudad, acometa las reformas administrativas que se requieren para la recuperación del concepto de lo público.

Lo que se observa en la actualidad es la tensión producida entre el gobierno de la ciudad y los otrora dueños de las secretarías, dependencias e instituciones, quienes no se dan al dolor de ver como son sacados de sus feudos, sin que se les consulte o participe de las iniciativas en los sectores que dicen representar y donde decidían impunemente quienes eran los actores de la contratación, muchas veces, generando dividendos ilícitos, en contra de los intereses colectivos.

El ejemplo de FVS puede resultar paradigmático, veamos: En el Acuerdo 9 de 1980 de creación, en el Acuerdo 18 de 1983 que derogó el anterior, la clase política a través de los concejales había asegurado la participación en la junta administradora del FVS, el Acuerdo 28 de 1992 incluyó, además, un parágrafo que supedita cualquier compra destinada a la Policía Metropolitana, Mebog, a las especificaciones, niveles técnicos, cantidades y referencias indicadas por el comando respectivo, o aprobadas previamente por él. Cabe señalar que algunos actos administrativos posteriores, han tratado de tecnificar y organizar el objeto social del referido FVS, no obstante, los niveles de corrupción, ineficiencia y falta de control se mantienen.

El FVS que maneja para este año alrededor de 170 mil millones de pesos para dotar a la Policía y otros organismos de seguridad en sus labores, se había  convertido en una “mina” para muchos contratistas amigos de poderosos políticos capitalinos, y más aún, en una “piñata” frente a la cual era válido para los mismos entes de seguridad, particularmente para la MEBOG, justificar cualquier tipo de contratación, con el único fin de ejecutar tan generoso presupuesto. Lo anterior ha dado como resultado que permanentemente se descubran actos de corrupción como el sobrecosto del 300 por ciento en los vehículos “autobalanceados”, que representan un detrimento de 894 millones de pesos en un contrato de 1.264 millones de pesos, la compra de cámaras de televisión que se instalaron en colegios públicos, las cuales tienen una serie de problemas y las que no se han instalado en su totalidad; contrato que se firmó por 40 mil millones de pesos. Adquisición de equipos de comunicación por 7,5 millones de dólares, los cuales no pudieron ser utilizados y hoy tiene que ser destruidos. Los 5 mil millones de pesos invertidos en la construcción de la Estación de Policía de Usaquén; la cual por quedar mal construida debe ser demolida, lo que representa la perdida de esa inversión. El contrato de mantenimiento del parque automotor de la Mebog, que asciende a los 6 mil millones de pesos anuales con la empresa Autoexpress Morato, la misma que le vendió los “autobalanceados” al Distrito Capital, empresa contra la cual existen denuncias penales y disciplinarias, entre otros claras pruebas de corrupción.

Sin contar con lo que sucede con la administración de los bienes de propiedad del FVA, con sus inmuebles, 150  apartamentos que tiene en este momento la Mebog, sus vehículos, equipos, muchos entregados bajo la figura de los comodatos; los que son vigilados en forma precaria por 26 funcionarios de planta y una gran cantidad de contratistas que hoy están pero mañana no, en ultimas no existe continuidad y garantía de resultados. Frente al tema de los 416 comodatos cabe precisar que las entidades mas beneficiadas con este tipo de prestamos son la Mebog, Brigada trece del Ejercito, Secretaría de Gobierno, Fiscalía, CTI- Bogotá, Medicina Legal, se sabe que muchos de ellos ya se encuentran vencidos, y otros no se sabe si están siendo usados adecuadamente.

El gobierno de Gustavo Petro incluyó en uno de los ejes de la “Bogotá Humana”, la recuperación de lo público; recuperar lo público es arrancarlo de las manos de quienes desde una posición privilegiada lo han explotado por décadas para su propio beneficio económico y electoral. Quienes desde esta posición ven en el Alcalde Mayor una amenaza contra sus intereses; tienen razón, los contratos ilícitos, los negocios torcidos, y el respeto por los fortines históricos no serán consultados en esta administración. Esto se evidencia en todos los sectores: en movilidad, educación, aseo, integración social y como no, en seguridad y convivencia. Hoy se observan reconocidos empresarios y políticos alterados frente a las iniciativas de la administración distrital, tildan al alcalde de dictador y crean un cerco mediático en su contra, no importa, las ciudadanías bogotanas hoy entienden que con su triunfo democrático perdieron las mafias corruptas, lo preocupante sería que no.

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