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Publicado el: Mar, Jul 31st, 2012

Contralor de Bogotá, habla de presuntas irregularidades en contratación


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Contralor de Bogotá Diego Ardila

Bogotá. Actualidad Urbana, julio 31 de 2012. El Contralor de Bogotá, Diego Ardila , manifestó esta mañana a la cadena radial Caracol, que desde el viernes pasado abrió indagación preliminar para verificar algunos contratos de prestación de servicios  realizados por la presente administración, dada la reiterada denuncia hecha por algunos periodistas de opinión como Daniel Samper Pizano y Felipe Lleras Zuleta.

Preocupa al Contralor si los mismos fueron hechos por falta de servidores públicos suficientes para realizar algunas prestaciones por carencia de personal suficiente en la planta del distrito, al igual que los montos de los mismos y si los contratistas llenan los requisitos de ley. Esta situación se ha venido presentando principalmente en la Secretarias General de la Alcaldía.

Según el Contralor, el distrito no ha venido alimentando la base de Datos para la vigilancia del control fiscal -CIVICON -, en la cual debe reposar los Contratos,  el objeto, los contratistas y otras informaciones básicas del contrato, por lo cual se iniciarán procesos sancionatorios fiscales por estas presuntas irregularidades.

El Contralor también hizo alusión a las presuntas irregularidades en la gestión del director del IPES, caso del que se le dio traslado a los órganos de competencia disciplinaria, incluyendo la Procuraduría.

Sobre otros temas relacionados con una presunta nómina paralela, el máximo jefe del órgano de control fiscal Nomina se refirió al caso del señor Alberto José Merlano, quien tiene un contrato que le cuesta al distrito  17.4 millones al mes,  para articular programas con empresas de servicios públicos. La Contraloría investiga cual es la prestación concreta que presta el señor Merlano y cual el beneficio para la Ciudad.

Por su parte, Ana Teresa Bernal, Alta Consejera para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la capital, expresó en su cuenta de facebook que “Hay un escándalo por mi contrato en la Alcaldía de Bogota como Alta Consejera de víctimas, paz y reconciliación. Que no tengo títulos, que gano 16 millones ochocientos, que no debo estar ahí. Solo quiero recordar que funde varios movimientos de Paz, que coordine e impulse mas de 20 Semanas por la Paz, que hice parte del Consejo Nacional de Paz, que impulse los Mandatos por la Paz, que hice parte de los diálogos por la Paz, que fui comisionada de la CNRR (Comisión de Reparación y reconciliación) por 7 años. O sea mas de 25 años en estos temas, por convicción, muchos de esos años sin ganar un solo peso. No oculto NADA, ni hago nada ilegal. Mi ingreso neto actual es de 10.8 millones. Creo en el deber de la Paz y en la posibilidad de una sociedad diversa y sin violencias. Creo en la política del Amor”.

Habla Petro

Frente a las declaraciones del Contralor Distrital, el Alcalde Petro cuestionó el informe manifestando que en este “hay una trampa estadística, y por supuesto un intento por confundir a la opinión pública, pues al hablar de contratación el documento desconoce las diferencias entre personas naturales y jurídicas”.

El alcalde Gustavo Petro dijo, que los datos son bien distintos, pues entre enero y junio de este año se disminuyó en 10 mil el número de contratos de prestación de servicios suscritos, ahorrándole a la ciudad unos 150 mil millones de pesos.

Petro también se refirió de manera puntual a algunos casos señalados por la Contraloría y en las columnas de opinión. Sobre el caso de Norma Constanza Osorio Villa, esposa de Diego Bravo, actual gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, aclara que fue contratada para la organización del acto de su posesión, reuniendo todos los requisitos, agregando que fue él “quien le pidió que presentara su renuncia”, cuando se enteró de la relación con Diego Bravo. Dicho contrato ya finalizó.

En el caso de Ana Teresa Bernal, consejera para la atención de las víctimas de la Alcaldía, el alcalde asevera que el organismo de control desconoce la trayectoria e idoneidad de la funcionaria para ocupar el cargo, hecho que es de público reconocimiento.

 

 

 

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