Publicado el: Lun, May 16th, 2016

CONSTITUYENTE METROPOLITANA CON BOGOTÁ

Tico PinedaPor: Héctor Pineda S.

Hace 25 años, la Asamblea Nacional Constituyente, le entregó a Bogotá la identidad de Distrito Capital, como entidad territorial especial, le mantuvo la condición de Capital de la República y Capital de Cundinamarca, desagregando electoralmente a Bogotá del Departamento de Cundinamarca.


Posteriormente, a fin de darle desarrollo a la institucionalidad constitucional establecida, se expidió el Decreto Ley 1421 de 1993 o Estatuto Orgánico de Bogotá. Desde esos tiempos, tanto en Bogotá como en Cundinamarca, es mucha el agua que ha corrido. La expansión de Bogotá sobre los municipios vecinos de Cundinamarca ha impactado importantes territorios dedicados al cultivo de alimentos y también afectado estructural ambientales estratégicas, incluido la desbordada contaminación del Río Bogotá y la ocupación (legal e ilegal) de tierras en las áreas territoriales del bien hídrico; no menos complejo, como es reconocido por expertos, lo es el impacto de un modelo de ocupación territorial descontrolado que se agencia desde Bogotá pero, hay que reconocerlo, se hace de manera irracional desde el vecindario en lo que se ha llamado “competencia desleal tributaria”.

Coincido con la afirmación de la nota Editorial de El Espectador “Pacto por la Sabana de Bogotá” (06-05-16), en el sentido de que “la Sabana de Bogotá podría ser, así, uno de los espacios más dinámicos de una transformación jalonada por políticas nacionales y fuerzas económicas que hoy parecen desbordadas en el territorio”.  Sin duda, en los esfuerzos asociativos de Bogotá con los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima. Así se evidencia en la creada Región Central en donde se consolida la iniciativa para trabajar mancomunadamente proyectos de impacto regional, incluida la decisión de dichos territorios de invertir buena parte de los recursos de las regalías en la protección y restauración de los páramos.

En lo que se ha avanzado poco, por falta de normatividad idónea, es en la relación de Bogotá con los municipios de la vecindad. La institucionalidad metropolitana no es de buen recibo y las relaciones se manejan al humos de los mandatarios y, dicen, de los negocios e interés de los financiadores de campañas electorales. Bajo la anterior dinámica, el modelo de crecimiento de Bogotá, en los últimos años,  ha generado distorsiones graves en los territorios vecinos. Igual de graves han resultado las imposiciones que sobre el territorio metropolitano hace Bogotá. La estrategia de “no más agua en bloque” produjo los efectos contrarios al deseado, vale decir: evitar la expansión inmobiliaria sobre tierras productoras de alimentos. No menos agresivos, en estos días han sido los anuncios de la actual administración de Bogotá.

Así, la iniciativa de buscar caminos de restablecimiento de las buenas relaciones entre Bogotá y el vecindario, además de necesarias, son urgentes, entre otros propósitos para armonizar un desarrollo que preserve la sostenibilidad territorial, entendida como la protección con responsabilidad compartida de fuentes hídricas y alimentarias, sin desconocer la importancia de un modelo de movilidad multimodal, sostenible e integrado, ordenando de manera consensuada los usos del suelo y evitar el crecimiento descontrolado sobre la Sabana.

La letra de la nota Editorial de la “Ciudad Regional, inscrita en un gran proyecto ecológico nacional”, en mi sentir, tendría la forma de Área metropolitana. Por supuesto, la primera responsabilidad de dicho esfuerzo recae en el Congresos de la República que está en el deber de tramitar la Ley Especial Metropolitana para Bogotá y los municipios circunvecinos. Si no lo hace, por mezquindad o calculo politiquero, en estos tiempos de post acuerdo, el escenario bien puede ser la Constituyente Metropolitana. Como dice la consigna: “¡el pueblo manda, el pueblo ordena!”

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