Publicado el: Lun, Ene 13th, 2014

Ciudadanía repudia golpe contra Petro


Warning: Illegal string offset 'custom_page_theme_template' in /home4/actualid/public_html/actualidadUrbana/wp-content/plugins/custom-page/custom-page.php on line 345

DSC04068Guillermo Segovia Mora/

Es inminente la consumación del golpe de Estado  contra el Alcalde Petro, de no producirse una actuación inmediata de la Fiscalía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o alguna instancia judicial, que suspenda la destitución e inhabilidad impuestas por la Procuraduría. La posibilidad de que el Presidente Santos cumpla algún papel definitorio es ilusoria. La defensa de la democracia está en la plaza y sus proyecciones son promisorias.

Ya parece lugar común argumentar que la providencia proferida por la Procuraduría General de la Nación contra el Alcalde de Bogotá Gustavo Petro constituye un fallo ideológico y político, revestido de formalidades legales y amparado en las desbordadas atribuciones que le otorgó la Constitución de 1991 en un momento de alucinación democrática de los constituyentes. Pero las cosas van mucho más allá. Al haberse demostrado por el Alcalde, analistas, especialistas y juristas que los cargos distorsionan la Constitución, manipulan los hechos, acomodan conceptos,  desconocen mandatos jurisprudenciales, contradicen determinaciones jurídicas en contrario y rebasan groseramente los ya amplios márgenes de actuación del Procurador, la afirmación de que estamos frente a un Golpe de Estado no puede ser candorosamente desdeñada por los guardianes del establecimiento.

Se está sustituyendo a una autoridad legítima surgida de un proceso electoral, mediante una interpretación amañada de la Constitución y las leyes desde una concepción teológica e inquisidora inadmisible en una democracia moderna. La mínima cobertura mediática a la decisión de la Fiscalía General de archivar las pesquisas iniciadas contra Petro por la posible comisión de delitos en el caso de las basuras, demuestra hasta donde ha llegado el consenso para maniatar al Alcalde. La determinación del organismo investigador deja sin piso el supuesto dolo en la actuación de Petro y cuestiona a fondo las motivaciones de la decisión de la Procuraduría de Ordoñez.[i]

La multitud en la plaza: ¡Petro se queda!

Así lo han entendido los electores de Petro, miles de no electores suyos pero en su apoyo contra la arbitrariedad  y buena parte de la sociedad colombiana, que en forma masiva se han expresado en cuatro ocasiones consecutivas: 9 y 10 de diciembre de 2012 para rechazar el fallo, 13 de diciembre[ii]   y 10 de enero de 2013, en Bogotá y otras ciudades, por convocatoria conjunta del Alcalde Mayor y diversas organizaciones sociales y partidos de izquierda, en marcha desde distintos puntos cardinales colmando la Plaza de Bolívar con el grito ¡Petro no se va! Un acontecimiento nunca antes vivido en la ciudad que no vieron o minimizaron burdamente los medios privados. Miles de jóvenes identificados con las causas nobles y vanguardistas que defiende el Alcalde, con elocuencia y contundencia argumental daban razón de su presencia ante las cámaras de Canal Capital, que le permitió conocer al mundo la magnitud y conciencia de esta movilización por la democracia, lo que  sinuosamente instigaban  a  amordazar periodistas cipayos  presumidos.

Con los jóvenes, defensores de los derechos humanos, animalistas, la comunidad LGBTI, personas de la tercera edad, indigentes, desplazados, vendedores ambulantes, los trabajadores de la empresa pública de basuras, sindicalistas, gente de izquierda, empleados, amas de casa y miles personas más en representación de la geografía humana de Colombia. Como un significativo gesto hacia la población excluida y segregada, objeto de su gobierno, el alcalde invitó a la trabajadora sexual “María Candela” a cerrar con sus palabras la concentración, que él abrió solicitando un elocuente minuto de silencio por un simpatizante asesinado en la localidad de San Cristóbal. “María Candela” provocó un atronador aplauso cuando afirmó que no le interesaba la política, no se avergonzaba por la forma que tuvo que ganarse la vida, pidió comprensión y respeto a las mujeres que desempeñan ese oficio, contó que el alcalde la recibió sin cita  previa y dijo “Petro no es un hombre que tiene un discurso. Él es su discurso”.[iii]

Los discursos de Gustavo Petro, fueron emotivos e impactantes por su pedagogía, franqueza, valentía y peso histórico[iv] porque de cómo se desenvuelva este trance  dependerá si superamos la democracia restringida o tutelada afín al credo neoliberal o desatamos las amarras para dar paso a los reclamos de las que Howard Rheingold denomina multitudes inteligentes, las nuevas ciudadanías  empoderadas de las tecnologías y las redes que se hacen sentir en las calles y plazas del mundo para demandar y hacer valer la participación ciudadana, rechazar el autoritarismo  y la corrupción, reclamar la vigencia de los derechos humanos y cambios sociales acordes con los nuevos tiempos.

Los conjurados: Petro se va como sea

Flaco servicio a la democracia hacen los medios y columnistas que en reclamo de una cómoda y supuesta estabilidad institucional o de pretendida independencia, sostenida a punta de chismes, prefieren pasar de agache pidiendo mesura y que Petro se haga a un lado, ante las múltiples evidencias y confesiones que constatan el complot urdido contra la Administración progresista por los huérfanos del cartel de la contratación, políticos y empresarios que, desde el inicio del mandato, se propusieron sacar del camino a quien se atrevió a desnudar la parapolítica, las ilegalidades de Uribe contra la oposición y las cortes y  la pandilla del saqueo a Bogotá de la que hacen parte delincuentes de todo el espectro político, y propender por un modelo alternativo de ciudad.

La estrategia cuenta con un aliado imprescindible en la Procuraduría, que con la coartada de la crisis de las basuras -creada artificialmente según denuncias (El complot de las basuras[v])- fabricó el proceso para cumplir el propósito de deshacerse del incómodo Alcalde de Bogotá, que está demostrando que es posible romper el régimen neoliberal imperante, y que culminaría en unas elecciones atípicas o en una elección revocatoria -cuyo resultado estará en vilo por la acechanza de la Procuraduría si gana Petro en la remota posibilidad de suspenderse la actuación de Ordóñez- para imponer la marioneta que eche para atrás lo andado por la Bogotá Humana.

De darse la salida de Petro y de no ganar el candidato progresista las elecciones para reemplazarlo, de las candidaturas que se ventilan, sea el ganador el conjurado “Pacho” Santos, Vargas Lleras o cualquiera otro que avale la alianza contra Petro, por los intereses que representan, tendrá como tarea principal languidecer la ejecución de los ejes sociales del Plan de Desarrollo, reprivatizar la recolección de basuras  y sepultar el Plan de Ordenamiento Territorial y con ello regresar a Bogotá a la ruta de la inequidad, las rentas exorbitantes de unos pocos, las contraprestaciones de la contratación y la indigencia y la pobreza bajo la alfombra.

Que el interés por la suerte de Bogotá y no el resultado de una trapisonda sea la  justificación del manotazo de Ordoñez -Petro advirtió sobre el enorme daño patrimonial de reversarse el manejo de las basuras-, el oportunismo revocatorio y el afán de desahucio de muchos opinadores, lo desmienten las cifras sobre los costos que implica tumbar al Alcalde Petro  y lo refuta con creces la última columna de Héctor Riveros en la Silla Vacía, quien para revestir de democracia sus afirmaciones, sostiene estar en desacuerdo con la decisión y los poderes excesivos del Procurador, para finalmente dictaminar que las opciones jurídicas se le acabaron a Petro, debe irse y que en una elección atípica se arriesga a vaticinar la participación de Germán Vargas Lleras a quien recomienda el uso descarado de la ciudad como trampolín.

Riveros aconseja: “Además de las ventajas puramente electorales, la posibilidad de que Vargas en 18 meses tome dos o tres decisiones en materia de movilidad, que haga alguna obra visible -incluso no grande sino algo tan básico como tapar huecos- y que asuma la bandera de la seguridad ciudadana para pedir “mano dura” contra los ladrones, le darían el escenario que hoy no tiene y que no va a tener en un nuevo gobierno de Santos. Actuar en temas tan populares como arreglar las vías de Bogotá o protestar por la inseguridad podría ser lo que le faltaría a Vargas para aspirar con mayores posibilidades en el próximo período presidencial.” Y éste cínico califica de Alcalde mediocre a Petro.

Ilusoria intervención del Presidente

Por desgracia, de no prosperar la solicitud de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la orden de suspensión del acto administrativo por parte de la Fiscalía General de la Nación para proteger los derechos fundamentales del alcalde, como resultado de alguna de las líneas de investigación surgidas de las denuncias sobre la existencia de un complot para buscar su remoción del cargo, la posible comisión de un prevaricato o extralimitación de funciones por parte de los funcionarios del ente de control, la ratificación de la destitución e inhabilidad de Petro por la Procuraduría es  inminente y, por lo que explico a continuación, la posibilidad de una intervención determinante del Presidente es una ilusión.

Los demás mecanismos posibles tienen la desventaja que deberán resolverse con posterioridad y el daño a la ciudad y al proyecto de la Bogotá Humana estará hecho aún si revierten o atenúan la sanción. Por esa razón, en lo inmediato, la impugnación pasará, de los oscuros conciliábulos de los confabulados  a la claridad de la ciudadanía auto-convocada, consciente y  actuante, en defensa del respeto a la voluntad popular y la paz, y por los cambios que demanda la sociedad plural, diversa e incluyente de hoy.

El Presidente sólo puede destituir al Alcalde Mayor por solicitud de juez mediante sentencia judicial. Así lo establece el artículo 33 de la nueva Ley Orgánica del Régimen Municipal (Ley 1551 de julio 6 de 2012) que modificó el artículo 104 de la Ley 136 de 1994 en lo relacionado con la causal de destitución y señala en forma taxativa: “una vez en firme la sentencia penal proferida en contra del alcalde, aun habiéndose decretado a su favor cualquier beneficio, el juez la comunicará al presidente de la república tratándose de alcaldes distritales (…), con el fin de ordenar la destitución y proceder conforme a lo dispuesto para la falta absoluta del alcalde”.

Proferido el fallo en primera instancia de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en el que se destituye e inhabilita por 15 años para ejercicio de cargos públicos al Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, varios exconstituyentes, constitucionalistas, abogados, columnistas, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre,  y el propio alcalde pusieron sus ojos en la  Casa de Nariño para que, de acuerdo con los artículos 314 y 323 de la Constitución de 1991, que establecen que en los casos taxativamente señalados por la ley el Presidente de la República suspenderá o destituirá al Alcalde Mayor, el Presidente Santos hiciera uso deliberante de esa facultad.

En sus interpretaciones, el constituyente quiso darle al Jefe de Estado un margen de maniobra en la aplicación de este tipo de sanciones al segundo cargo de elección popular más importante del país. Sin embargo, el Gobierno, a través de los ministros de Interior y de Justicia, ha manifestado que no puede tener ninguna intervención. Entre tanto, los abogados de Petro, recusaron la segunda y definitiva instancia, por su parcialidad ideológica y presentaron recurso de reposición contra la determinación disciplinaria refutando los cargos. La Procuraduría ya rechazó la recusación y se encuentra ad portas de ratificar la destitución e inhabilidad. Otro grupo de abogados había acudido en octubre de 2012 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en prevención solicitando la protección de los derechos del Alcalde.

Ratificación de una aberración

Ejecutoriado el acto de destitución podría producirse otra sorpresa en este intrincado proceso. La sentencia C 229/95 de la Corte Constitucional declaró inexequible el numeral 2 del artículo 104 de la Ley 136 del 94 (Régimen Municipal modificado por la Ley 1551 del 2013) que determinaba que el Presidente de la República en el caso del Distrito Capital  tenía la función de destituir al Alcalde Mayor a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, cuando incurriera en causal que implicara dicha sanción, de acuerdo con el régimen disciplinario previsto en la Ley. Inexequibilidad que también aplica para el Estatuto Orgánico de Bogotá.

La inconstitucionalidad se predica sobre la base de la separación de poderes, la independencia conferida al Ministerio Público por la carta, la autonomía municipal y las funciones asignadas en el artículo 277 numeral 6 constitucional de ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley, para el caso el Código Disciplinario Único.

El artículo 278 constitucional en su numeral primero especifica como función directa del Procurador  desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público acusado de infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley. La Corte precisa que los referidos artículos constitucionales que dan potestad al Presidente son aplicables cuando de manera excepcional así lo precisa la ley y no en forma genérica al régimen disciplinario, en el que el Ministerio Público, investiga, falla y ejecuta la sanción. La excepción establecida por la ley en la actualidad para la destitución por el Presidente es la precedencia de una sentencia judicial.

Así las cosas, de no mediar determinación previa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de una instancia judicial o de la Fiscalía General de la Nación, en lugar de solicitar al Presidente la destitución del Alcalde, supuesto que genera las expectativas sobre su posible intervención para postergar la aplicación de la medida mientras procede consulta al Consejo de Estado;  la Procuraduría, una vez ratificada la providencia, le comunicará el hecho “con el fin de ordenar la destitución y proceder conforme a lo dispuesto para la falta absoluta del alcalde”. A menos que ocurra un milagro: que el Procurador atienda razones fundadas y el clamor popular y proceda a la revocatoria directa de la providencia, tal como expone, apelando a la cordura, el jurista Rodrigo Uprimny[vi].

Por ahora, y hasta que se reforme, como lo han pedido personalidades democráticas, organismos internacionales, ong´s y lo han ofrecido el Gobierno, el Congreso, las cortes, el Fiscal  y hasta el propio Procurador, el organismo investiga, sanciona, resuelve los recursos contra su determinación y las recusaciones contra sus funcionarios y ejecuta la sanción, una anomalía jurídica violatoria de los derechos fundamentales, del bloque de constitucionalidad y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La conjura quedaría consumada con un nuevo desaire a la opinión e incluso a varios funcionarios que alegaron una posibilidad distinta ante el silencio táctico y pedante de los miembros de la Procuraduría. Petro convocó el 10 de enero a la gente indignada que rebosó la Plaza de Bolívar a estar a la expectativa, “¡pilas!”, cuando se comunique la decisión, para volver a defender la voluntad popular y la Bogotá Humana. Lo dijo en voz alta. La gente respondió, una y otra vez: ¡No pasarán!

 

Deja un comentario

XHTML: Puedes usar estos tags en HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>