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Publicado el: Lun, Ago 13th, 2012

“Centros regulados para el consumo”, alternativa contra el consumo de SPA en Colegios


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Fotografía tomada de drogadiccionencolegios.blogspot.com

Por Jaime Muñoz García

Los objetores a la propuesta del alcalde Petro,sobre Centros de atención a los consumidores de sustancias psicoactivas, en algunos de los sitios  en donde dicho consumo está asociado a factores críticos de incidencia sobre delitos, se han sumado a la “olla” de los escépticos que no creen mucho en las posibilidades de rehabilitación de los drogadictos, por la vía “blanda” de atenderlos con “su propia “medicina”.

Los partidarios de la represión al consumo de SPA, por otras vías distintas a la intervención terapéutica, prefieren que esta problemática siga siendo atendida como un asunto de índole policial, es decir, como un asunto de bolillo, pistola, patrulla, decomisos en algunos casos e incremento del consumo en otros, en donde las cocinas de la droga tienen licencia para funcionar. Pero es precisamente por el poder corruptor que este mecanismo de tratamiento policial del fenómeno del consumo de drogas lleva asociado que se hace necesario repensarlo y sopesar su real efectividad, como estrategia de estado y gobierno para la seguridad urbana.

Los objetores al tratamiento rehabilitador del drogadicto, por medio del consumo regulado, se han apoyado en la muy pregonada inconsistencia de la propuesta del alcalde Gustavo Petro y a la ausencia de estudios previos al lanzamiento de los llamados CAMAD.  Más que por la invalidez de la propuesta misma, las críticas que han alcanzado algún eco han tenido que aferrarse de las distintas debilidades que la argumentación sobre los Centros de atención a la drogadicción ha mostrado tener.

No es cierto que la principal debilidad del debate y de la propuesta (iniciado, el primero, a partir de la polémica abierta por la intervención del alcalde en medios de comunicación), resida en la falta de estudios de gran alcance sobre el fenómeno del consumo y su incidencia en los índices sobre frecuencia y concentración de actos delictivos en ciertas zonas de la ciudad.

Si bien es cierto que se requieren más estudios, y que la implementación integral de una estrategia de prevención del consumo de psicoactivos requiere con urgencia actualizar los existentes,  también es cierto que este tipo de estrategias se apoyan en diagnósticos que la realidad misma de los territorios ha vivenciado una y otra vez a través de sucesivos gobiernos.

No existe un solo taller de diagnóstico que reúna a las autoridades con las comunidades de los territorios más afectados por fenómenos de inseguridad urbana que no concluya en un dramático relato sobre el incremento del consumo de drogas en el espacio público y aun en su incidencia sobre el ámbito privado y la alteración de la convivencia familiar y vecinal.

La preocupación de quienes asisten a los cientos de encuentros de diagnóstico sobre la seguridad ciudadana, en casi la totalidad de los territorios de la capital en donde se han realizado, se centra casi siempre en el crecimiento del consumo de estupefacientes entre jóvenes. Y una parte sustancial del costo social de dicho incremento se deposita sobre el espacio social en el que conviven los jóvenes, el espacio escolarizado, aumentando así el conflicto intraescolar y el deterioro de los vínculos de la comunidad educativa en sus obligadas relaciones con el entorno barrial- local.

Es en este campo, precisamente, en el de la seguridad escolar, en el que la propuesta parece desatar más interrogantes que precisiones y no por la alegada ausencia de estudios en la materia, sino por los vacíos que todavía la propuesta contiene en relación con campos específicos de su aplicación y de manera diferencial de acuerdo a los contextos.

Sobre este tópico del consumo escolar de SPA existen recientes estudios y algunos de vieja data. Los existentes de vieja data sirven de referencia a los de mas reciente aparición, como el del IDEP, ya que están indicando que una posible ausencia de una estrategia integral en el tratamiento del consumo de estupefacientes entre jóvenes escolarizados, y no escolarizados, está provocando aumento de las conductas adictivas y en los indicadores de consumo interno y externo en los centros educativos, tanto privados como públicos.

Ya que fue citado, vale la pena referirse a uno de los estudios más recientes sobre esta problemática, realizado por el instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico – IDEP – y concluido en diciembre del año pasado con el apoyo técnico de la empresa W&M – Wireless & Mobile en la recolección de datos, sobre una muestra bastante significativa: 6.567 estudiantes de grados 10 y 11, de un total de 112. 031 que conforman la población total de dichos grados en el distrito.

El reciente estudio en mención reporta  cifras  tomadas de estudios anteriores sobre consumo de sustancias psicoactivas, en los ámbitos de escolaridad, tal como el que, según se  señala, se realizó en 1992: “estimándose el consumo de sustancias ilegales en 0,8% de la población general. En 1996, este mismo indicador llego a 1,6%; es decir, el doble de la estimación anterior”, lo cual muestra ya una tendencia que se ha mantenido en los posteriores, incluido el del IDEP, al crecimiento y diversificación del consumo de psicoactivos.

Las cifras del IDEP podrán ser discutibles pero reflejan una realidad inquietante no solo en los ámbitos de la administración educativa del distrito y del país, sino en las comunidades de albergue de los centros escolares y en los contornos y entornos de las instituciones. ¿Qué hacer con el mercado disparado por el consumo estudiantil?, ¿Qué estrategia utilizar para lograr la disminución contra las tasas de incremento?, ¿Qué dice al respecto la propuesta del alcalde de Bogotá? y ¿Qué se ha ensayado nacional e internacionalmente, ya que tanto se alude a experiencias externas que inspiran la propuesta de los Centros de atención a la drogadicción?.

Según el IDEP en su estudio dado a conocer a comienzos del presente año no solo hay un incremento innegable del consumo, si se compara su estudio con los realizados a comienzos de la anterior década, sino que este se ha diversificado, ingresando a las modalidades de consumo tradicional otro tipo de sustancias y  modalidades de acceso a las mismas, como es el caso del llamado “Dic o Leydis”, que se obtiene en las ferreterías y se usa para limpiar equipos de computo.

Veamos las cifras aportadas por IDEP: “Un 11.3% de los encuestados, de los grados 10º y 11º, dice haber usado cloruro de metileno (“Dic” o Leydis) alguna vez. En el último año el porcentaje es del 5,2%. El consumo entre hombres es mayor que el registrado entre mujeres”.

En la misma sección del estudio se afirma: “cinco estudiantes de cada cien serían probables usuarios del Dic…. Mártires, Suba , Tunjuelito y Fontibón tienen más acentuado el uso de dicha sustancia. Usme, C. Bolivar y Teusaquillo tienen menores cifras”.

Siendo este insumo químico, para el uso técnico, una sustancia de fácil adquisición por parte de los jóvenes, se deduce que el aumento en su uso, como estimulante, se debe a que existe un mercado legal. Sin embargo, la adicción o prueba experimental de un psicoactivo, en particular entre jóvenes, así sea este de expendio legal, conduce  a  la ansiedad por experimentar con otras sustancias ilegales. Así sucede de acuerdo con el estudio, con las llamadas drogas legales o consumos lícitos, como alcohol o la adicción a la nicotina.

Respecto de consumos tradicionales  como el de la marihuana el estudio no contiene sorpresas o novedades distintas a que después del cigarrillo es el es psicoactivo más utilizado entre educandos, y al respecto refuerza con la siguiente afirmación: “convencionalmente se entiende que la marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo en el mundo… . Mientras que el estudio por su parte arroja indicadores de consumo en Bogotá del orden del 14.2%, en general, y, de 9.4%, tomando como período de referencia el último año.

Las tres localidades donde según el estudio se concentra el mayor índice de consumo de marihuana en el último año, entre estudiantes de los grados de la media vocacional en la ciudad, serían paradójicamente, en contra de los estimativos comunes, las más centrales: Chapinero. Teusaquillo, La candelaria, (23.4%, 20.9% y 15.1%, respectivamente). Del territorio sur estaría Rafael Uribe Uribe y del norte estaría Suba con el 13.7 % y el 12.9%, respectivamente.

Les siguen en orden de porcentaje Santafé y C. Bolívar con el 11.7% y el 11%, mientras que Antonio Nariño, Kennedy y Barrios Unidos están muy cerca en el indicador de consumo de cannabis por los estudiantes de los grados 10 y 11, con porcentajes de 10.5%,10.4% y 9.9% respectivamente.

Todas las anteriores localidades tienen por denominador común estar por encima del consumo promedio de Bogotá, en su conjunto, que como se ha dicho es de 9.4% en el último año.

Al detenerse en este tipo de cifras sobre consumo de psicotrópicos en los grados superiores de los colegios capitalinos resulta relevante considerar que el consumo se incrementa al ritmo que el mercado de la respectiva sustancia psicoactiva también lo haga en los alrededores o al interior de las plantas físicas de los centros educativos. De ahí el gran reto de las autoridades civiles y policiales y de las plantas directivas de dichos centros. Todo ello hace más urgente la pregunta: ¿Cómo articular la estrategia de consumo regulado en sitios críticos de la ciudad con la de disminuir los consumos especiales o exclusivos, en ambientes escolares por ejemplo?.

Máxime cuando otros indicadores del consumo escolar  lo que revelan es que el consumo se diversifica y que entran a engrosarlo sustancias de mas difícil adquisición como la cocaína, con 7.6% de consumo entre los encuestados y 3.1% en el último año; estimulantes: con 3.8% de consumo entre jóvenes encuestados y 0.9% en el último año; tranquilizantes: con 3.7%  y 0,2 en el último año; pegantes combustibles: 3.4% de consumo y  1.7% en el último año; alucinógenos: 2.3%  de consumo y  0.4% en el último año; éxtasis: con 1.8% de consumo y un 0.3% en el último año; poppers: con 1.7% de consumo y un 0.4 en el último año; basuco: 1.0% y un 0.5% en el último año y heroína: 0.3% de consumo y un 0.1% en el último año.

Los indicadores de aumento y diversificación del consumo entre jóvenes de los grados superiores del sistema escolar en los colegios de la capital y en general en la media vocacional ponen en alerta a la comunidad escolar y a las autoridades y gobierno central y local.

Dicho incremento en las cifras hablan de una expansión de los mercados subrepticios e ilegales que han tomado por territorio de sus prácticas al entorno escolar y sus espacios internos de vida, intercambio educativo, interacción con pares y adultos y socialización juvenil.

La administración distrital debe enarbolar una estrategia integral de respuesta a fenómenos particulares, pero de amplio impacto, como éste, y debe articular las estrategias ya existentes de bajo impacto en los centros educativos a una estrategia general que de verdad contrarreste la expansión y diversificación de los mercados ilegales que involucran a la escuela y al mundo educativo en general, haciendo víctimas y victimarios, de la ampliación de dichos mercados y consumos, a los jóvenes.

Por eso la pregunta obligada, al respecto, es cómo involucramos a los agentes educativos en el marco de esta propuesta y como uno de los escenarios de respuesta integral al incremento de la oferta y demanda de Spa es la comunidad escolar por ser una de las más afectadas y la más vulnerable en el panorama actual del mercado ilegal de alucinógenos y sustancias psicoactivas.

 

 

 

 

 

 

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