Publicado el: Mar, Mar 25th, 2014

Bogotá: El trasfondo de la trama


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DSC04069Por Guillermo Segovia Mora/ 

Con Petro fuera, gobierno nacional  inicia desmonte de Bogotá Humana. Prohibido girar a la izquierda

Al ver tanto rostro entristecido al lado, el trance de la felicidad a la rabia colectiva, la desilusión de haber puesto demasiada confianza en una determinación que requería ser asumida por el gobierno colombiano, un observador de paso habría podido sospechar que aquél 19 de marzo iba a desembocar en una asonada callejera. Se habría equivocado. Si algo le deben reconocer a Petro y a su gente sus adversarios, es la manera tranquila como se sucedieron las masivas movilizaciones contra la sanción del Procurador: ni una pedrea, ni un grafiti, ningún enfrentamiento con la policía. Desde el balcón del Palacio Liévano, sede de la Alcaldía, y desde la Plaza de Bolívar se dijeron verdades escondidas y se gritaron razones que en otras circunstancias habrían podido encender la llama, pero primó la sensatez de expresar una posición histórica y asumir lo sucedido como una nueva lección en el rudo camino por una democracia leal.

Pedirle peras al olmo

Contrasta esa  madurez con la  ingenuidad de haber creído ciegamente que las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eran la garantía definitiva para echar atrás el cuestionado fallo de la Procuraduría puesto que serían acogidas por el gobierno. Que el presidente se hubiera comprometido coloquialmente a acatarlas permitía abrigar una ilusión, aunque su manejo de la oportunidad y actitudes recientes -reforma a la justicia, fallo de La Haya sobre San Andrés- llamaban a la cautela. Tal vez el peso de la instancia internacional emisora del mandato y la tan cacareada tradición de acatamiento distendieron dudas. Craso error. Santos aplicó el principio de Chespirito: así como digo una cosa digo la otra. Lo dijo por apaciguar porque sabía lo que iba a hacer.

Hubo exceso de confianza al asumir que el otro le da el mismo valor a la palabra empeñada, posición de principio (adiós a las armas ¡Palabra que sí!) Todo el mundo, los que la aplauden forzando argumentos jurídicos, y los que la cuestionan por contrariar el derecho internacional, sabe que fue una decisión de cálculo político, puro pragmatismo sin reatos al que la revista que dirige el sobrino del presidente llama arte de gobernar y su tío, en El Tiempo, autoritarismo. La decisión  por lo menos constituye un manotazo en la mesa de negociación de la Habana, donde el gobierno y las Farc  han superado el punto de participación política en las negociaciones y se contemplan algunas iniciativas de apertura que la aplicación del fallo de la Procuraduría deja en entredicho. ¿Quién determina hasta dónde se puede llegar siendo gobierno?

También hubo equivocación al valorar el talante de la democracia formal en una prolongada guerra interna. Colombia, que se vanagloria de tener una Constitución de derechos, ha sido un  país reacio a aceptarlos, los incorporó tardíamente frente a otros Estados, como probado país violador de los derechos humanos sucesivos gobiernos prefirieron deslegitimar a las organizaciones que criticaron su comportamiento  y a los organismos que lo han juzgado y condenado varias veces -CIDH- , sataniza a los defensores, acoge a la fuerza y con amaños las sanciones y aún se raja en la vigencia práctica de la mayoría de ellos. Será posible que un régimen así, se coloque a la vanguardia en la protección de los derechos de la ciudadanía, aceptando ampliar -con la aplicación de las cautelares a los de carácter político- el universo de derechos protegidos. Por el contrario, el argumento de la canciller Holguín es patético: no son derechos fundamentales.

De cualquier forma Petro se va

El gobierno ha salido al paso al responder por su posición, con argumentos formales bastante simples y desviacionistas, sin mayor exigencia de explicación por parte de los medios que, por lo contario, en representación de poderosos intereses económicos, hicieron cama franca para cerrar, con la  aplicación de la orden del Procurador de destitución, el capítulo Petro. Hablan de intervencionismo (la comisión hace parte de la institucionalidad asumida por el bloque de constitucionalidad y ¿No lo es la extradición y los TLC?), que la Corte Constitucional  restringe la protección al derecho a la vida (no es cierto y era una oportunidad para ampliar el marco de derechos tutelados), que el Alcalde contaba con instrumentos internos para garantizar la protección de sus derechos y los usó a sus anchas (lo que no es así porque al rechazar las tutelas revivieron la sanción producto de un proceso cuestionado), que tenía acciones adicionales como la  de nulidad y no la usó como le indicaron (para ello tendría que haber aceptado la destitución).

Van más lejos induciendo dudas o regando verdades a medias: que la resolución de la CIDH solo admitía una decisión favorable a Petro (claro, porque se trata de proteger sus derechos), que se produjo luego de emitirse el último fallo sobre tutelas (obvio, había que esperar que esa instancia los protegiera), que el Procurador  por disposición constitucional puede destituir funcionarios elegidos y Petro no es la excepción (si se acepta que cometió errores administrativos, por sus características, el proceso contra el Alcalde Mayor exigía garantías que no se dieron) y el más traído: que vendrían miles de demandas de electos sancionados, incluso los de la parapolítica, a sabiendas que la mayoría han sido juzgados penalmente como exige el art. 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por alianzas criminales y delitos graves, algunos los cuales la Procuraduría absolvió disciplinariamente.

La determinación política de no aceptar las cautelares -que el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Sierra, considera vinculantes- debe sumarse a otras actuaciones que ponen en evidencia que el gobierno nacional se mueve  con propósitos que van más allá del cliché de su “interés por la ciudad”. Solo el afán por sacar a Petro como sea de la Alcaldía explica que se hubieran omitido varios trámites para vestir con las formalidades de ley tal decisión. El caso de Petro es de Ripley: destituido e inhabilitado por actuar conforme a disposición administrativa legal y fuera de la Alcaldía por un decreto ilegal, pues el Tribunal que tuteló sus derechos y suspendió la sanción de la Procuraduría no fue comunicado del fallo de segunda instancia que rechaza la tutela y por ende activa la destitución. La decisión estaba tomada hace rato y se jugó a legitimarla permitiendo recursos que en las altas instancias serían fallidos.

Frente al proceso de la Procuraduría quedan muchos interrogantes: las determinaciones del alcalde por las cuales fue sancionado por ilegales se tomaron sobre la base de una norma declarada legal por la justicia administrativa y hoy vigente. Si bien las tutelas interpuestas por el alcalde y sus votantes, en defensa de sus derechos políticos, tenían como objetivo detener el daño irreparable que causa la destitución e inhabilitación por 15 años, de un lado, y la eficacia del voto, por el otro, el asunto mencionado, por no hacer parte de la materia jurídica en discusión en los recursos, mantiene una situación absurda y contradictoria: Petro fue destituido porque la Procuraduría, que no es la instancia pertinente para ello, desconoció la presunción de legalidad de los actos administrativos y sobre la base de esa irregularidad avanzó el proceso hasta culminar con la destitución. La juez administrativa que declaró la legalidad de la actuación de  Petro argumenta constitucionalmente el asunto para evidenciar el sesgo ideológico de la Procuraduría en favor del interés privado y la arbitrariedad del caso. Pero se le ha hecho conveniente silencio.

El decorado a la destitución de Petro fue un tiempo adicional otorgado por las tutelas que la suspendieron pero que en segunda instancia, en unas cortes clientelizadas a favor del Procurador, se sabía serían rechazadas avalando la sanción. El rumbo que iba a tomar el Presidente lo advirtió la firma del “Pacto por Bogotá” con los partidos de su coalición -en los que están  representados los poderosos de la contratación en la ciudad-, antes de las elecciones de congresistas, donde  mencionó el cambio de pareja para el baile. Ya  está bien del experimento Petro -fue muy lejos- y es hora de recuperar el gobierno de la ciudad con todo lo que esto significa, dijeron. Esa decisión se vende hábilmente ambientando con tergiversaciones, manipulaciones  y titulares escandalosos  la existencia de una crisis en la ciudad y la incapacidad del alcalde para gestionarla. Tras el cambio, dos o tres movidas efectistas bien publicitadas y se buscará convencer a la opinión pública que la “crisis” se ha superado.

Vindicación de Bogotá Humana

Petro se va por un plan de desarrollo con enfoque de derechos orientado a superar la segregación social con un esfuerzo fiscal redistributivo, una visión ecológica preventiva de los efectos del cambio climático y de ordenamiento territorial  en torno al agua y el ser humano  que riñe con el capitalismo depredador, y una concepción de lo público que al replantear la contratación afectó el esquema tradicional de expoliación de la ciudad vía dádivas y corrupción. Se va por el cambio de modelo en el servicio de recolección de basuras hacia la propiedad pública y la reorientación del Plan de Ordenamiento Territorial al urbanismo moderno. Se le señalan errores que como gobernante estaba buscando solucionar, sacó varias de sus iniciativas a pulso y en otras logró avances importantes, en particular las metas sociales del plan. Su gobierno fue  sistemáticamente escamoteado por una conjura de intereses (prejuicios ideológicos, cálculos politiqueros, egoísmo económico, ardides mafiosos), que mintió, tergiversó, saboteó e influyó hasta lograr el propósito de derrocarlo.

En buena hora, Petro y el progresismo han resuelto no apartarse del proceso electoral de la ciudad a pesar de las deformaciones de esta democracia. No participar  es regalar espacio y Bogotá Humana debe defender su proyecto. Lo previsto legalmente, por estar a más de  18 meses finales del mandato –aceptando el término que se estableció cuando los períodos eran de 3 y no de 4 años como  ahora, que los llevaría a 24 meses que ya se cumplieron y a un reemplazo progresista definitivo-, es que con el decreto de nombramiento de Alcalde encargado se convoque a elecciones atípicas a realizarse 55 días después, lo que no se hizo. Dicho funcionario es transitorio mientras el presidente designa un reemplazo de terna presentada por el grupo político al que pertenece el alcalde destituido (ahora allí debe convocarse a las atípicas), a quién le corresponderá entregar el cargo al alcalde electo y dar continuidad al Plan de Gobierno aprobado por el Concejo Distrital: Bogotá Humana 2012-2015.

La no presentación de terna podría dar pie a que el Presidente determine que el encargo de su funcionario va hasta elecciones. Pero hay rumores que indican que para rematar la retoma de Bogotá, podría ir más allá: un acuerdo de fuerzas políticas para suspender las elecciones atípicas alegando la gravedad de un caos, montado artificialmente a ese propósito. Los demócratas Benedetti y Mauricio Vargas alientan la idea. No sería extraño, en otra actuación ilegal pospusieron un mes la fecha de la revocatoria para dar  paso a los fallos adversos y evitar la incómoda situación de un alcalde destituido luego de ganar por segunda vez la elección como lo hacían prever las encuestas a pesar de la propaganda negra. Suspender las elecciones sería un acto arbitrario más contra la enclenque democracia, la soberanía popular, la autonomía territorial, la descentralización, las leyes y la Constitución. Pero con los antecedentes es posible.

Además, todo indica que en la transitoriedad se tomarán decisiones del gobierno nacional en temas por los que se resistió a concertar con la Administración Petro por divergencias claras de posición. El Ministerio de Vivienda (regentado por Vargas Lleras candidato vicepresidencial de Santos) está contra el Plan de Ordenamiento Territorial, objeto de intensa desfiguración mediática en los últimos días. El Ministerio de Educación exige continuidad en colegios por concesión al sector privado. En Movilidad, las principales obras, por gestión ardua de Petro,  cuentan con cupo de endeudamiento y están en proceso (Metro, cables, troncales, vías), faltaba el compromiso financiero de la nación, que ahora se dará para cobrar el crédito. En basuras…ya veremos.  Así es el baile.

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