Publicado el: Vie, Abr 24th, 2015

22 DE ABRIL: DIA DEL PLANETA TIERRA.


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dia_de_la_tierraEL INICIO DEL DEBILITAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL Y UN GOLPE DE ESTADO A LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA

El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia, reza que es deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su Desarrollo Sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Igualmente, refiere que deberá prevenir, controlar y mitigar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. La sociedad colombiana esperaba que con la creación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la institucionalidad ambiental recobrara su papel dentro del marco de desarrollo del país, logrando una capacidad mayor de control y vigilancia de los recursos naturales, que la que hasta ese momento se venía llevando a cabo.

Las locomotoras de desarrollo propuestas por el presidente Santos, requerían de un ente de especial relevancia para la adecuada evaluación y seguimiento de los impactos ambientales, que se derivan de los proyectos de gran envergadura que se planeaban en el país. En algún momento se pensó que por fin el Gobierno Nacional había encontrado la fórmula precisa para que las grandes empresas multinacionales, que tenían sus ojos puestos en Colombia, fueran eficazmente vigiladas y las condiciones ambientales se establecieran de manera clara y precisa. Los principios del Desarrollo Sostenible plantean la ejecución de proyectos productivos que generen un progreso y mejoramiento de la calidad de vida, limitados, entre otros, por el alcance y dimensión de los impactos ambientales. La Licencia Ambiental, creada con la Ley 99 de 1993, cuenta con la capacidad necesaria para evitar, mitigar, corregir o compensar los impactos generados por las actividades productivas, configurándose como el instrumento de control y seguimiento ambiental por excelencia.

La ANLA funcionó desde el año 2011, intentando aplicar los principios del Desarrollo Sostenible y logrando aplicar la Licencia Ambiental como el mecanismo idóneo para evitar el deterioro ambiental de un país en vía de desarrollo. El primer gobierno del presidente Santos invirtió una gran cantidad de recursos en el reforzamiento de una entidad que venía de ser un apéndice del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), ampliando la planta de personal y realizando la contratación de los mejores profesionales que para la época se encontraban disponibles en el mercado laboral colombiano. Los requisitos de ingreso en la ANLA eran sumamente estrictos, logrando combinar el nivel académico de los profesionales, con la experiencia alcanzada en cada unos de los sectores en los cuales se estructuró la entidad (minería, hidrocarburos, energía, infraestructura, agroquímicos, entre otros). En su momento se auguraba un promisorio futuro para la ANLA, como una entidad fresca, novedosa, práctica, eficaz, y sobre todo con una gran calidad profesional. La mayoría de profesionales superaba los 10 años de experiencia en la evaluación y seguimiento ambiental en diferentes autoridades ambientales del país y en la gestión ambiental del sector privado, sumado al enorme conocimiento que ya reposaba en los funcionarios que venían del Ministerio.

A pesar de la titánica labor lograda hasta el momento, incluso reconocida por algunas de las empresas multinacionales objeto de vigilancia por parte de esta autoridad ambiental y de instituciones y gobiernos extranjeros, la ANLA ha sido objeto de críticas por parte de los entes de control que consideran que no se han alcanzado los objetivos inicialmente prometidos por el presidente Santos. Sectores pseudo-ambientalistas también han atacado a la ANLA, apuntándole hacia una presunta flexibilidad con las empresas del sector extractivo, permitiendo de esta forma que estas realicen sus actividades indiscriminadamente y poniendo de por medio la sostenibilidad ambiental del país. Se llegó a hablar en algún momento de “licencias express”, que permitirían la ejecución de los proyectos de interés nacional, sin una mayor evaluación de la viabilidad ambiental y con un seguimiento casi nulo. Por otro lado, las regiones en las cuales se llevan a cabo los proyectos, reclaman una mayor presencia estatal para que de este modo se garantice el óptimo aprovechamiento de los recursos naturales, sin que haya desmedro de sus condiciones y calidad de vida.

Con el segundo gobierno del presidente Santos se renovaron las promesas de continuar con el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental, en respuesta a todas las críticas recibidas. El Decreto 2041 de 2014, se convertía en el renacimiento del rol jugado por la Licencia Ambiental y era la ANLA la llamada a ser su gran defensora y no sólo eso, sino la garante de que su ejecución se realizara guardando el espíritu en la que fue inspirada. Una entidad ambiental nacional moderna, requería entonces unos innovadores dirigentes, siendo así necesario el nombramiento del doctor Fernando Iregui Mejía, excontratista del Ministerio e incluso de la misma ANLA en sus inicios. El conocimiento profundo, incluso desde las entrañas mismas del Sistema Nacional Ambiental del doctor Iregui, garantizaba un éxito rotundo en el continuo mejoramiento de la autoridad ambiental con más alcance de competencias en el país.

Sin embargo, esta situación no se ha desarrollado tal como lo prometió el presidente Santos cuando aspiraba a su segundo mandato. El anuncio de la reestructuración de la ANLA, realizado en los medios de comunicación al final del año pasado, marcó el inicio del desmantelamiento de la capacidad estructural y funcional de la ANLA, al punto de llevarla a un colapso institucional. El nombramiento amañado de funcionarios en cargos directivos, requiriendo incluso la modificación del Manual de Funciones, se convirtió en la punta de lanza para la persecución de las mejores calidades profesionales que ostentaba la ANLA. Funcionarios y contratistas que exponían reparos de tipo técnico sobre determinado proyecto eran callados sistemáticamente, algunos forzados a retroceder en su concepto y otros incluso despedidos sin justificación alguna (caso sector Energía). Parece que el papel revitalizador de la Licencia Ambiental perdía su esencia en virtud del cumplimiento de metas absurdas que consideran que una entidad eficaz, es la que otorga más viabilidades ambientales, sin detenerse en la revisión de su calidad (más licencias ambientales no significa que sean mejores).

Recientemente con la modificación del modelo de contratación de personal, la dirección de la ANLA pretende otorgar un mayor número de Licencias Ambientales, sin ocuparse de la calidad de las mismas y del rigor técnico-científico que éstas merecen. De realizar una contratación directa de profesionales comprometidos con el fortalecimiento de la entidad, con todos sus derechos laborales respetados, se pasa ahora a una figura de “uniones temporales”, en la cual verán representados sus honorarios dependiendo del número de licencias ambientales emitidas o de seguimientos realizados. Es así como una “unión temporal”, constituida por tres profesionales técnicos, se verá abocada a la evaluación y

Seguimiento rápido y simple de los Estudios Ambientales presentados por las empresas, con el fin de poder obtener unos honorarios medianamente dignos para su propio sostenimiento y el de sus familias.

¿Serán estas reestructuraciones de la ANLA un verdadero golpe de Estado a la Licencia Ambiental en Colombia?, ¿Se harán realidad las “licencias express” que tanto desmintió el Gobierno Nacional?, ¿Lograrán unos profesionales de alta calidad, pero forzados a subsistir por medio de la elaboración veloz y apresurada de conceptos técnicos, controlar los impactos ambientales generados por las grandes potencias de la extracción de recursos naturales?. Esto sólo lo sabe el Gobierno Nacional, encabezado por el mismo presidente Santos y el director de la ANLA, quien deben hacerse responsables de la hecatombe ambiental que se avecina. Esta forma de contratación de profesionales en la ANLA conlleva a una menguada capacidad de evaluación, a una revisión superficial de los Estudios Ambientales que sí requirieron para su elaboración años enteros, por parte de completos equipos técnicos, y a un deterioro de las condiciones laborales de cientos de técnicos.

Este debilitamiento de la ANLA, que seguramente la lleva hacia su desaparición definitiva, beneficia a las empresas que sin más dios que el capital que de los recursos naturales colombianos desean obtener, engrasan sus mecanismos de destrucción del medio ambiente en paralelo al inicio de la agonía de la institucionalidad ambiental. Se beneficia igualmente el segundo gobierno del presidente Santos, que traicionando sus promesas del primer mandato cumple con los compromisos adquiridos en campaña, de retribuir a sus mayores aportantes económicos. Perdedores somos la mayoría de colombianos que confiamos inocentemente en el resurgir de la institucionalidad ambiental, perdedor es el medio ambiente de las futuras generaciones de compatriotas, y perdedoras, en un corto plazo, será la calidad de vida de los profesionales de la ANLA y sus familias, obligados a conformar “uniones temporales” que sólo traerán desilusión, desesperanza, incredulidad y decepción.

Nos preguntamos ahora ¿estarán al tanto de tales reestructuraciones organizacionales la Contraloría General, la Procuraduría General, e incluso el mismo Ministerio del Trabajo, por cuanto esto no solamente inmiscuye el estatus de una entidad ambiental administradora de los recursos naturales que el Estado tiene como deber constitucional proteger, sino también el trato laboral digno? ¿Será de conocimiento de los entes de control que la ANLA perderá beneficios tributarios al abandonar la contratación directa de sus profesionales, configurándose tal vez un detrimento patrimonial?. Es obligación de todos los ciudadanos comprometernos a la protección del medio ambiente y los recursos naturales, es deber del Estado colombiano garantizar el funcionamiento de las instituciones para el adecuado cumplimiento de sus deberes y además necesario comprometernos a defender lo público, para de esta forma entregar a las futuras generaciones escenarios justos de desarrollo y progreso.

Mientras esto ocurre en el nivel central y gubernamental las organizaciones criminales avanzan en la invasión y el apoderamiento de los territorios campesinos, afrocolombianos e indígenas con sus daños irremediables ambientales y hasta asesinatos.

Según informe de la ONG GLOBAL WITNESS: “EL RIESGO DE LOS DEFENSORES AMBIENTALES” publicado por el Espectador del 20 de abril bajo el título “DEFENDER EL MEDIO AMBIENTE, UN RIESGO EN COLOMBIA” de los 116 asesinatos en el mundo por defender la tierra y el medio ambiente, 25 son ocurridos en Colombia, ocupando el segundo lugar en el mundo y desafortunadamente los pueblos indígenas ahí llevando la peor suerte “15 asesinatos son miembros de las comunidades indígenas”.

Frb

Fcorojas91@gmail.com

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