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Publicado el: Mar, Ago 21st, 2012

10.000 viviendas para Bogotá: entre lo urgente y lo importante


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Por: Johanna Garzón Zamora

El crecimiento de la ciudad de Bogotá tuvo niveles exponenciales y sostenidos durante seis décadas. La creciente demanda de vivienda hizo que las tierras que anteriormente fueran mayoritariamente lagos y humedales se convirtieran en soluciones de vivienda tanto legales como ilegales y, salvo contados ejemplos, con poco interés por la generación de espacio público abierto y de calidad para los ciudadanos.

Las decisiones de los constructores sobre el relleno del sistema hídrico de la ciudad llevaron a problemas como el evidente hundimiento de barrios como El Lago en Chapinero, Lagos de Kennedy en esta localidad, las inundaciones de sendas áreas de vivienda residencial en las localidades de Tunjuelito y Bosa, así como deslizamientos en todas las zonas que otrora fueran ríos y rondas hídricas.

Sólo hasta la expedición del Decreto Distrital 619 del año 2000, por el cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad, pudo contenerse este fenómeno al delimitar las zonas de expansión permitidas, lo que pretende establecer políticas de construcción respetuosos con el medio ambiente y mitigar riesgos ligados al mismo. Sin embargo, y a pesar de que el actual Plan de Desarrollo del Distrito tiene como línea estratégica el respeto al agua y su integración como parte fundamental de la vida de la Ciudad, situaciones como la que actualmente se vive en el predio Campo Verde traen consigo preguntas que deben ser puestas sobre la mesa al respecto de la prevalencia de derechos y la toma de decisiones gubernamentales en Bogotá.

El pasado mes de abril, el recién posesionado ministro de vivienda Germán Vargas Lleras anunciaba la entrega de 100.000 viviendas de interés prioritario en todo el país y específicamente 10.000 en Bogotá. Este programa está dirigido a personas de bajos recursos y, según el ministro Vargas Lleras, la primera población objetivo son aquellas personas que perdieron sus casas por la ola invernal. Desde entonces se informó que la Alcaldía Mayor de Bogotá había manifestado su intensión de acogerse al programa, pero no estaba clara la zona en que se construirían estas viviendas.

De acuerdo con la Secretaría de Habitat, se presentaron al Ministerio de Vivienda 8 lotes en diferentes ubicaciones, con capacidad para la construcción de 10.700 viviendas; no obstante, el predio Campo Verde en la localidad de Bosa fue el elegido en una primera etapa. Este predio se encuentra ubicado en una zona del Humedal Chiguasuque y se pretendía declarar como Parque Ecológico Distrital de Humedal en el año 2011, mediante el Proyecto de Acuerdo 226, como conclusión de los estudios realizados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB- sobre el terreno.

Por este motivo, el Gerente de la EAAB, Diego Bravo controvirtió la decisión de la Alcaldía Mayor, aduciendo la necesidad de la mitigación del riesgo de inundación en la zona, al tiempo que informó problemas de disponibilidad de agua potable para los potenciales habitantes de este proyecto. Este fue el punto inicial de un debate público entre el Ministro de Vivienda y el gabinete de Gustavo Petro, ya que para el primero existe el riesgo de pérdida de inversión, empleo y vivienda para la Ciudad por problemas interadministrativos, mientras que el segundo grupo no desea perder esta oportunidad, pero desea tomarla bajo criterios ambientales y de riesgo que hagan del proyecto algo sostenible y sustentable, ya que sería un contrasentido entregar estas viviendas a víctimas de la ola invernal en una zona con alto riesgo de inundación.

Este debate abre las puertas a un análisis mayor sobre el futuro crecimiento de la ciudad, pues ante el choque entre los derechos a la vivienda digna y al medio ambiente sano se abre una delgada línea que los tomadores de decisiones deben buscar no cruzar. ¿Debe acaso el derecho a la vivienda digna prevalecer sobre el medio ambiente, con el riesgo de perder en términos de desarrollo sostenible y ampliar los riesgos para la comunidad?, lo que lleva a preguntarse: ¿Es vivienda digna aquella que, por el ánimo de congraciarse con los ciudadanos, no les ofrece a largo plazo seguridad contra riesgos ambientales?

Que no sea esta una de esas ocasiones, tan repetitivas durante los sesenta años de expansión exponencial de Bogotá, en las que se ofrecen soluciones inmediatas sin una visión a largo plazo, sin servicios y espacios públicos adecuados, y con problemas estructurales que sólo se observarán al transcurrir los años y periodos de este Presidente y Alcalde. Es tiempo de ser fiel a lineamientos que, como el Plan de Ordenamiento Territorial, han sido benéficos para los ciudadanos por más de una década, dejando de lado el ánimo mediático y definiendo claramente la diferencia entre decisiones “políticas” y decisiones “de política”.

Actualmente, el Ministerio de Vivienda ha dado un plazo de un mes, con vencimiento el 16 de septiembre, para que la Alcaldía Mayor de Bogotá postule otro predio para esta primera fase del Programa de Vivienda Nacional. Por el bien de Bogotá, los administradores distritales deben tomar esta decisión dando prevalencia a lo importante, por encima de lo urgente, generando hábitat más que vivienda a sus beneficiarios, con elementos que superen lo físico y formen ciudadanía desde lo simbólico, lo social y la relación de ambos con el medio ambiente.

 

 

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